La imposición de vincular celulares a la CURP
Entre la desconfianza de la gente y la tacañería de las grandes compañías telefónicas
Antón Rojo
En lo que parecía ser una vuelta de tuerca más para imponer sus criterios de vigilancia policiaca supuestamente para contener y combatir a la delincuencia, el gobierno de la 4T decidió imponerle a la ciudadanía la obligación de vincular su número de celular a su CURP, antes del ya próximo 30 de junio, so pena de quedar suspendida su línea telefónica.
A mediados del año pasado, el gobierno de la 4T aprobó una serie de leyes que, a decir de varios analistas de la vida política nacional, atropellan la privacidad de los ciudadanos y vulneran sus derechos humanos más elementales al someterlos a una estrecha y severa vigilancia acerca de todo lo que hacen: a dónde van, con quién se comunican o mensajean, cuántos son sus ingresos y de dónde provienen, qué compran y en dónde, etc.
Es por ello que dicha iniciativa ganó fama como la “Ley Espía” porque implica que se convierte en legal el espionaje sobre cualquier ciudadano sin que para ello se requiera autorización de algún juez, se legalizan las intervenciones telefónicas, se podrá acceder sin restricción y en una sola base de datos, a la información fiscal, a los datos biométricos de la persona, sus datos comerciales, vehiculares, médicos y bancarios de todos los mexicanos.
Pues bien, la última medida de obligar a vincular el número celular con la CURP sería profundizar en esa política.
Indudablemente, en vez de echar mano de todos los recursos legales y materiales de que ya disponen para combatir al crimen, las autoridades se han puesto a criminalizar a la población, mientras se hacen de la vista gorda y toleran las escandalosas y documentadas tropelías de los criminales.
Resultado de ello es que, muy a pesar de lo que se presume desde las esferas gubernamentales, los delitos, la violencia, las extorciones, los robos, los despojos, el cobro de piso y otros tantos más, no sólo no han disminuido, sino que se han incrementado, a pesar de todas esas disposiciones legales y burocráticas que le viene imponiendo el gobierno a la población.
Por otro lado, la amenaza de bloquear toda línea no vinculada, además de atentar contra la privacidad de la gente afectada, le traería consecuencias inmediatas ya no sólo de entorpecer su comunicación cotidiana, sino para el elemental gasto diario pues a estas alturas, como sabemos, a la gran mayoría de los trabajadores se les paga a través de tarjeta electrónica (la cual quedaría bloqueada al bloquearse la línea), misma con la que también efectúan compras y transferencias del uso cotidiano.
Sin embargo, el más reciente intento de imponer vigilancia (la vinculación de los celulares a la CURP), va encaminado a ser otro fracaso, ya anunciado hasta por las propias compañías telefónicas y por la propia instancia oficial encargada, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Al momento de escribir esto y faltando pocos días para que venza el plazo fatal impuesto por el gobierno morenista (y del que dicen, no tendrá prórroga) sólo el 40 por ciento de las líneas telefónicas han hecho la requerida vinculación: “[…] la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó de una cartera de 58 millones 380,541 números celulares asociados a la identidad de una persona o empresa. La autoridad promueve la cifra de 144 millones de accesos celulares como la base de líneas móviles, con lo que estarían asociado 40% del universo considerado” (Periódico El Economista, 15 de junio 2026).
Dimensionando la dificultad con la que se han topado, diversos personeros de las grandes empresas de telefonía calculan que para cumplir lo planeado “[…] deberían ser registradas diariamente más de un millón 750 mil líneas de aquí al 30 de junio del año en curso, esto es imposible, porque al ritmo que vemos que se están registrando, van a tardar al menos 2 años en completar…” (Periódico El Economista, 15 de junio 2026).
La razón de este limitado alcance, reconocen los analistas de estos asuntos, radica principalmente en la desconfianza de los usuarios: “La desconfianza explica el 70% de los casos de no registro y se consolida como el principal obstáculo para el cumplimiento”, dice Radamés Camargo, gerente de análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU): “Este resultado confirma que el principal desafío no radica principalmente en dar a conocer la existencia del ejercicio de vinculación de líneas, sino en convencer a los usuarios acerca de la seguridad, el propósito y el manejo adecuado de la información que ellos provean a los operadores móviles” (Periódico El Economista, 15 de junio 2026).
La preocupación no surge en el vacío, afirma el diario mencionado, pues durante las primeras horas de operación del padrón se reportó una filtración masiva de información vinculada con usuarios de Telcel, situación que incrementó las dudas sobre la capacidad de autoridades y empresas para resguardar bases de datos de gran escala.
Además de la extrema desconfianza (causa del 70% del no registro), que los usuarios dejan notar con toda evidencia, están presentes en el fracaso anunciado, los bajos ingresos de la gran mayoría de los usuarios, es decir, sus escasos recursos. De acuerdo con los reportes de los altos directivos a los accionistas de América Móvil, la empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim, y la más grande de las telefonías “El efecto (del insuficiente registro o vinculación, que ya dijimos ronda el 40%), se concentra en el segmento de prepago (que asciende al 80% del total), donde predominan consumidores de bajos ingresos y alta rotación. Ahí se ubica la mayoría de los usuarios móviles…” (El Financiero, 15 de junio 2026).
Desconfianza en el gobierno por el manejo de los datos personales, hecho que vendría a contradecir aquello que tanto se presume del “80% de simpatía y aprobación presidencial”, pues ha sido la propia presidenta quien ha promovido la medida de la vinculación y quien no ha dejado de soltar la amenaza (en sus mañaneras) de que quien no lo haga se le suspenderá su línea. Desconfianza pues y bajos ingresos de la gran mayoría de los usuarios (los llamados de “prepago”) que mantienen al día sus celulares con lo que les alcanza, con recargas modestas de 30, 50 o 100 pesos.
Desconfianza y pobreza, digámoslo así de claro, harán fracasar esta nueva intentona del gobierno morenista de darle una vuelta de tuerca más a sus planes de control y vigilancia sobre la ciudadanía en general, según ellos con la intención de “combatir el crimen”, mientras los verdaderos y grandes criminales andan tan campantes e impunes a la vista de todos y también coludidos desvergonzadamente con las altas esferas políticas oficiales y de gobierno a todos los niveles.
Y por el lado de los poderosísimos dueños de las telefonías, aquellos que han amasado enormes fortunas con los cientos y miles de millones de pesos que les llegan a cada segundo por los usuarios que se desangran para alimentar su celular con “prepagos” o “planes”, esos grandes empresarios que como Carlos Slim son ahora los consentidos del actual gobierno y destacados contratistas y beneficiarios de obras de trenes, de exploración y explotación petroleras, de generación y suministro de energía eléctrica, del manejo de pensiones con sus millonarias Afores y bancos, a esos ni les apura que la medida del gobierno de vincular los celulares a la CURP, vaya resultando un nuevo fracaso: “La industria móvil solicitó cancelar de inmediato el registro obligatorio de líneas porque costará más de cuatro mil millones de pesos a los operadores y el padrón sin datos biométricos será inútil para frenar delitos de seguridad digital tras el fracaso del cumplimiento de la meta oficial” (EL IMPARCIAL, 29 de mayo 2026).
A estos señores del dinero, ni les va ni les viene el supuesto interés del gobierno “por combatir al crimen”, saben que eso es solo propaganda hueca porque además la medida gubernamental “será inútil para frenar los delitos”. Lo de ellos son los negocios y evitar sangrías en la acumulación de capital.
Otro personero de las telefonías, más directo y franco, declaró: “Yo tiraría el registro a la basura. Tiene demasiados huecos para convertirse en un mecanismo eficiente y al mismo tiempo está afectando al ecosistema de telecomunicaciones móviles (o sea, sus ganancias)”, afirmó Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales y expresidente de la extinta Cofetel (citado por el diario, EL IMPARCIAL, 29 de mayo 2026).
Así es que la medida de vincular los celulares a la CURP resultará, como muchas otras de la 4T, costosa e inútil, algo que más vale “cancelar de inmediato y tirar a la basura”, según las cínicas expresiones de los dueños del dinero que son los que siguen mandando en el país, a pesar del gobierno “de primero los pobres”.
Más benevolente con sus aliados de la 4T, Carlos Slim, el hombre que en México ha acaparado más riqueza sacando provecho de la explotación del trabajo ajeno que hace crecer enormemente su capital y principal beneficiario de las “políticas públicas” morenistas, declaró sobre el plan gubernamental: “[…] deberían darle una ‘reestudiadita’ para que sea más eficaz, para conveniencia del cliente, de la autoridad y de las empresas”, consideró Slim.
Una “reestudiadita” es lo que “recomienda” Slim a los morenistas y eso es lo que terminaran haciendo los de la 4T.
