Patricia Ojeda Caballero
Terminó la jornada electoral y de principio se trató de una elección muy inequitativa donde con mucho tiempo de anticipación se percibía un claro sesgo a favor del oficialismo y de los candidatos emanados de éste, pues para todo mundo era evidente que la carrera por la presidencia de la república comenzó mucho tiempo atrás con un bombardeo de spots de manera ilegal a toda hora y en todo momento. Un claro ejemplo de la inequidad en el proceso fue el papel que jugó el presidente de la república que todos los días en su conferencia mañanera se dedicó a denostar a la oposición, pues jamás se comportó como jefe de Estado, no se asumió como el presidente de todos los mexicanos, incluidos quienes militan en otras expresiones políticas o quienes profesan un credo religioso diferente al titular del Ejecutivo o, más aún, quienes desde la sociedad civil no comulgan con la ideología partidista de Morena; no, el inquilino de Palacio Nacional, desde el inicio de su gobierno, adoptó una actitud sectaria, hablando siempre en favor de su movimiento político; con todo el poder mediático que tiene su investidura como jefe de la nación denostó a todo aquel que se atreviese a disentir de sus decisiones y políticas públicas porque entonces se le venía encima todo el aparato de propaganda oficial, medios de comunicación y redes sociales a su servicio.
Además, para golpetear a sus opositores, utilizó como garrote al sistema de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras dependencias. Y esto fue para todos sus adversarios políticos, desde organizaciones sociales hasta encumbrados empresarios; al respecto están los ataques y calumnias que, por ejemplo, lanzó permanentemente en contra de un movimiento social al que despectivamente llamaba la antorcha mundial, a quien calumnió de intermediario que se quedaba con los “moches” de las obras que gestiona en favor del pueblo pobre de México, sin embargo, después de seis años de ataques no pudo probar una sola de sus afirmaciones.
En este mismo sentido fueron atacados y calumniados los padres de familia de niños con cáncer que, desesperados y con justa razón, se movilizaron en numerosas ocasiones para exigirle al gobierno morenista que garantizara la compra, abasto, distribución y aplicación de los medicamentos adecuados para el tratamiento de sus hijos enfermos. Sin embargo, la creación del fallido Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la ineptitud del gobierno morenista provocaron la muerte de cientos de niños por falta de medicamento; en respuesta y sin rubor alguno, el gobierno morenista acusó a los padres de familia de “golpistas” que solo querían politizar el problema del desabasto de medicamentos para lesionar la imagen del Gobierno federal.
La consigna fue clara: si no estás con AMLO y Morena entonces eres conservador, fifí, aspiracionista, neoliberal y enemigo del pueblo. Agréguese a lo anterior la manipulación electorera en la asignación de los programas sociales y la gigantesca estructura de los propagandistas de Morena disfrazados de “siervos de la nación” amenazando a los beneficiarios de dichos programas con aquello de “si no votas por los candidatos del oficialismo no habrá más beneficios monetarios ni programas sociales”.
Mientras que enfrente se encontraba una oposición muy menguada, fragmentada, timorata; sin la energía, la valentía, la decisión, el coraje y el aplomo necesarios para hacerle frente al poder abusivo que venía desde Palacio Nacional. De esta manera, se propuso a una candidata de oposición sin proyecto claro de nación en cuanto al manejo de la economía nacional y la seguridad pública, sin una visión precisa del impulso que requiere la educación, la ciencia, la salud y, sobretodo, la creación de empleos. Una clara señal de ello fueron las escasas propuestas en estos rubros que la candidata de “Fuerza y corazón por México”, Xóchitl Gálvez, presentó en la realización de los debates presidenciales ante la opinión pública nacional, de donde se desprende que no existía una competencia real contra el oficialismo.
Todo ello y más fue lo que desencadenó el resultado electoral del 2 de junio ya por todos conocido, provocando la soberbia y arrogancia del grupo en el poder con el presidente de la república a la cabeza por haber ganado además de la presidencia, la mayoría de la gubernaturas en juego y la mayoría en las Cámaras de diputados y senadores que componen el Congreso de la Unión.
Esta situación los ha llevado a vociferar sobre la próxima aprobación de las reformas constitucionales que echarán a andar a partir del mes de septiembre cuando ya esté instalada la nueva legislatura federal, como lo declaró el senador electo por Puebla, Ignacio Mier Velasco para así cumplir los deseos del actual mandatario; destaca entre ellas la reforma al Poder Judicial de la Federación, lo que prácticamente acabará con la división de poderes, dejando en el desamparo al ciudadano común y corriente frente a los abusos del Poder Ejecutivo.
De aquí se desprende que todo el aparato judicial, como son los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estarán ahora sí a merced de la nueva titular del poder Ejecutivo federal, es decir, que ahora, por ejemplo, si la presidencia de la república decide atravesar una selva para la construcción de una carretera causando un ecocidio cuyo daño ambiental sea irreparable, no existirá poder alguno que detenga semejante atropello; si para la realización de una obra urbana pasan sobre su casa o domicilio particular, tampoco habrá dónde quejarse y, por ende, tampoco habrá quién lo defienda; si alguien quisiera disolver alguna agrupación sindical, una asociación civil o un partido político también no habrá quién lo defienda y así muchas cosas por el estilo, de donde se deduce que una reforma así al Poder Judicial de la Federación será de lo más perverso y solo responderá a la decisión presidencial.
Con un poder absoluto como se ve venir, qué destino les puede deparar a los que menos tienen que son la mayoría de este país o la clase trabajadora ya de por sí muy maltratada y muy mal pagada por la clase patronal. Pues ese es solo uno de los riesgos que se ven venir si el pueblo pobre de México no se organiza para la defensa de sus intereses, se vivirá como antaño, bajo el sometimiento de un presidencialismo priista autocrático. El exceso de poder que asumirá la nueva titular del poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegará a la silla presidencial el próximo mes de octubre del presente, en cuanto tome protesta ante el Congreso de la Unión, sin duda será peligroso y nocivo para la nación.
Solo una sociedad civil organizada apoyada por las capas más pobres del país, como colonos, campesinos y la clase trabajadora podrán resistir ante un poder abusivo que se ve venir. Ojalá y así sea.
