Los mineros mexicanos deben decir ¡basta!
Marat Martínez
El pasado 25 de marzo de 2026, el colapso de una presa de jales en la Mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, dejó un saldo de cuatro mineros atrapados a más de 300 metros de profundidad de la mina; dos obreros fueron rescatados con vida, uno más sin vida y el cuarto aún no ha sido hallado. Según especialistas, “este tipo de riesgos no son casuales sino resultado de procesos acumulativos, variables como microfracturas, desplazamientos del subsuelo o cambios en la presión interna que pueden funcionar como indicadores previos de fallas estructurales, el monitoreo estructural se posiciona como una herramienta clave para la prevención de accidentes. Estos sistemas permiten medir en tiempo real el comportamiento del subsuelo y de las estructuras, facilitando la detección de anomalías antes de que escalen a fallas mayores” (https://grupoenconcreto.com del 6 de abril de 2026).
Recordemos sólo algunos datos recopilados en la web de los últimos 26 años: 2001 – La Morita (Coahuila), 12 trabajadores fallecieron por una explosión en un pozo de carbón; 2002 – La Escuelita (Coahuila), 13 mineros murieron tras un derrumbe; 2006, Pasta de Conchos, Coahuila, explosión dejó 65 mineros fallecidos; 2011 – El Pocito (Coahuila), explosión causó la muerte de 14 mineros; 2011, mina Pata de Gallo, Jalisco, derrumbe ocasiona 3 obreros fallecidos; 2018, Mina Mulatos, Sonora, dos obreros fallecen tras un derrumbe; 2021 – Múzquiz (Coahuila), siete mineros murieron atrapados por inundación en un pozo; 2022 – El Pinabete (Coahuila), 10 trabajadores murieron tras la inundación de la mina, reavivando el debate sobre las condiciones de seguridad en los «pocitos».
En 2022, un informe de la Secretaría de Economía señalaba que entre 2012 y 2022 se registraron 276 accidentes en minas localizadas en estados como Coahuila, Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Durango y San Luis Potosí (el economista.com.mx). Las causas son más que archisabidas por la opinión pública: fallas estructurales debidas a la actividad minera intensa, acumulación de gases, inundaciones por filtraciones de minas contiguas, falta de protocolos de seguridad y sismicidad inducida, etc. La pregunta sería, ¿por qué sabiendo las causas y sus consecuencias, las minas en México siguen operando con los mismos riesgos de trabajo e inadecuados sistemas de seguridad?
La respuesta es muy sencilla, bajo la lógica del capitalismo, lo más importante es obtener la máxima ganancia. La mayor ganancia se obtiene en gran medida reduciendo costos de producción. Entre los costos de producción se encuentran las medidas de seguridad, la instalación de sistemas tecnológicos avanzados para la detección de riesgos, etc., en consecuencia, al capital no le interesa el mejoramiento de las condiciones laborales y la disminución de los riesgos de trabajo, ya que estos afectan su tasa de ganancia.
Pruebas. La Secretaría de Economía informaba en 2022 que “El sector minero-metalúrgico, en nuestro país representó el 8.6% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 2.5% del PIB Nacional de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021”. Tres años después… “La minería mexicana registró un crecimiento de 1.3 por ciento en 2024, consolidando su papel como motor económico estratégico, de acuerdo con el informe anual de la Cámara Minera de México (Camimex)” (camimex.org.mx, julio de 2025). Y en este año se dice: “El sector minero en México anticipa un año 2026 de notable crecimiento, impulsado por una sólida cotización de los precios internacionales del oro y la plata que ha permitido la reactivación de operaciones clave” (el economista, 12 de febrero de 2026).
Pues bien, mientras la riqueza minera crece en manos de unos cuantos y nos colocamos entre los primeros lugares de producción de plata en el mundo, los trabajadores mineros sufren las pésimas condiciones laborales y todas sus consecuencias: muertos, desaparecidos, viudas, huérfanos y la incertidumbre familiar de qué pasará ahora. En efecto, el tormento de las familias no termina solo con la pérdida del padre de familia, sino que viene el tortuoso camino de pedir la indemnización a los deudos (en muchas ocasiones nunca lo logran), las vueltas que tienen que dar al Seguro Social para buscar una pensión (en caso de tener IMSS), los desesperantes trámites burocráticos que muchas veces terminan en el olvido. Es decir, que a los trabajadores no sólo se les priva de la riqueza que ellos mismos producen sino también de la justicia de los tribunales que nunca llega.
Mientras tanto, las dependencias de gobierno encargadas de supervisar las condiciones laborales de las minas se hacen de la vista gorda. ¿Por qué será que en todos los gobiernos se deja a las empresas que hagan y deshagan como más les convenga a sus intereses? Porque en términos generales en un sistema capitalista, el gobierno del color que sea, no es más que la representación de la clase dominante; los partidos políticos que gobiernan sirven para mantener el estado de cosas incluyendo las condiciones laborales de explotación. Por eso, los funcionarios del trabajo se corrompen para no supervisar correctamente a las empresas y sancionarlas ante la falta de seguridad; tan es así que esto ocurría en la época del prianismo, pero sigue ocurriendo en pleno apogeo de la 4T, los accidentes son el pan de cada día.
Los trabajadores mexicanos no deben olvidar que la industria minera ha sido escenario de grandes acontecimientos que han marcado la historia de México. Ejemplo, la Huelga de Cananea, preludio de la Revolución Mexicana y fundamento de la Constitución de 1917 que perdura hasta nuestros días. Fueron las condiciones laborales las que orillaron a los mineros de aquella época a decidirse a luchar por un cambio. Sin embargo, posteriormente, muchos sindicatos mineros fueron formados y cooptados por el Gobierno, unos fueron fundados por los patrones convirtiéndose en propatronales y muchos sindicatos más que en sus inicios fueron sindicatos de lucha hoy en día, de manera oportunista, se acomodan al poder en turno. Por esta razón la herramienta jurídica de los obreros está secuestrada por el poder y el dinero y hay que liberarla, convirtiéndola en verdadero instrumento de lucha de la clase obrera, que es su naturaleza. La formación de sindicatos auténticos y el cambio de sindicatos charros y propatronales, son mecanismos para alcanzar este objetivo.
Los mineros mexicanos deben decir ¡basta! a las condiciones laborales que ponen en peligro su vida y el de su familia. Si alguno aún mantiene la esperanza de que el Gobierno o la clase patronal saldrán en su ayuda, hay que quitarle la venda de los ojos. Sólo queda uno y el más poderoso camino que en muchos casos aún se desconoce y que aún se le menosprecia: unirse, prepararse y pasar a la acción organizada y de lucha combativa. Como le decía el pueblo minero de Cananea a todos los obreros que aún no se decidían a organizarse y luchar en aquellos tiempos: “Levántate y anda. Aprende lo que parece que olvidaste. Congrégate y discute tus derechos. Exige el respeto que se te debe”. He aquí la vigente tarea de los mineros mexicanos.
