Manuel Gómez
En México, el reparto de utilidades es una traición al trabajador que se repite año con año. Millones de trabajadores esperan una justa recompensa por el esfuerzo realizado durante todo el año, y lo único que reciben son excusas, pretextos y un nulo respaldo de los sindicatos “charros” para defender está y otras prestaciones. Las utilidades son un derecho conquistado con décadas de lucha de los obreros y, sin embargo, muchos solo se quedan con la esperanza de que el patrón cumpla con su obligación laboral y rinda cuentas claras al momento del reparto, pero sucede todo lo contrario, los empresarios prefieren perfeccionar sus mañas para quedarse con todo y no darle ni un solo peso al trabajador.
La ley es clara, en el artículo 123 de la Constitución, fracción IX, se establece el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, mientras que los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo detallan su aplicación. Estos artículos también indican que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, ese porcentaje actualmente es del 10 por ciento repartido entre todos los trabajadores, es decir, los dueños de las empresas, que son un puñado, se quedan con el 90 por ciento de la utilidad, siendo que los obreros son quienes sudan día a día para generar la inmensa riqueza que se apropian los patrones.
Los datos son claros: solo el 30 por ciento de las empresas cumple con la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es decir, 7 de cada 10 patrones se niegan a entregar lo justo, según una investigación publicada por el Heraldoméxico.com.mx. En el 2024, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recibió 24 mil 982 quejas relacionadas con el incumplimiento en el reparto de utilidades, un aumento del 15 por ciento respecto al año anterior y se encontraron irregularidades en el 40 por ciento de las 30 mil inspecciones realizadas. Vemos pues que la inconformidad va creciendo, pero el número de quejas sigue siendo bajo si consideramos que muchos obreros no denuncian por temor a represalias, despidos o ambientes hostiles dentro de sus fuentes de empleo.
Cumplir con este derecho no es un acto de buena voluntad, es una obligación legal de los patrones con los trabajadores. Pero para evadir esa responsabilidad muchas empresas recurren a prácticas deshonestas que le permitan quedarse con el 10 por ciento que corresponde a sus empleados.
Veamos algunas de esas prácticas tramposas que utilizan:
- a) Cambian constantemente de razón social, incluso lo hacen cada año.
- b) Se declaran en ceros y con pérdidas.
- c) Utilizan el outsourcing para evadir responsabilidades.
- d) En lugar de utilidades dan un “bono de lealtad” para lavarse las manos.
- e) Se niegan a mostrar la carátula de la declaración que realizan ante Hacienda.
- f) Si algún trabajador levanta la voz para exigir respeto a sus derechos es despedido inmediatamente.
Estas argucias son mecanismos medidos y diseñados por los empresarios para acrecentar su riqueza, mientras los que producen toda la riqueza social siguen ganando lo mínimo indispensable, si es que ganan algo. El obrero llega antes que el patrón, trabaja jornadas extenuantes, no conoce el descanso y, aun así, tiene que guardar silencio mientras los directivos celebran un año más de grandes resultados y el patrón llega con su flamante camioneta nueva.
Mientras tanto, la desigualdad crece. En 2023, según datos del INEGI y el Coneval, el 10 por ciento más rico de la población concentró más del 60 por ciento de los ingresos del país. ¿Y el resto de la población? Apenas logró sobrevivir. El pago de utilidades, cuando se cumple, representa para muchas familias el único ingreso extra del año, dinero que generalmente usan los trabajadores para el pago de deudas o para medio vestir o calzar a sus familias, y ya no hablemos de las demás necesidades como la salud, la vivienda o la educación.
Los obreros mexicanos ya no pueden seguir en la ignorancia; es cierto que existe el miedo genuino a ser despedidos, a ser boletinados, a perder el poco sustento que llevan a casa, pero es necesario que se informen bien de sus derechos y los exijan enérgicamente. El país no puede seguir con un sistema que pasa por alto la evasión y castiga el esfuerzo. Necesitamos una justicia laboral en donde el reparto de utilidades no sea un favor condicionado ni una responsabilidad que incumple la mayoría de los patrones, sino un derecho automático, vigilado y ejecutado con firmeza. Las empresas que juegan con la ley deben ser exhibidas y sancionadas. Y los trabajadores deben ser protegidos, no solo en el papel, sino en la práctica, no pueden seguir relegados a tener únicamente como alternativa poner una queja en Profedet y a ver qué pasa.
El reparto de utilidades no es un problema menor, es la punta del iceberg de una batalla muy difícil por equidad, por justicia laboral y por un país donde el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los obreros sean realmente reconocidos. Mientras el patrón siga usando mañas para evadir sus obligaciones, el trabajador tiene el deber, la obligación y el derecho de alzar la voz.
Cabe mencionar que el derecho a reclamar las utilidades no se pierde en cuanto llegan las fechas límites que señala la ley para hacer el reparto: el 30 de mayo para empresas (personas morales) y el 29 de junio para personas físicas con trabajadores a su cargo. Debemos tener claro que se tiene un año a partir de estas fechas, para exigir el pago de utilidades.
Así que, compañeras y compañeros trabajadores, estamos llamados a dar la lucha, que nadie se quede atrás, es estrictamente necesario que nos organicemos y exijamos respeto a nuestros derechos laborales y que sigamos adelante en la conquista de nuevas prestaciones que mejoren la calidad de vida de la clase trabajadora.
