Sergio Cadena
El pasado mes de junio el gobierno morenista logró, por fin, conseguir el control político del único de los tres poderes que se le resistía: el Poder Judicial. No les importó que quedara evidenciado uno de los mayores fraudes electorales en la historia de México. Los famosos “acordeones”, conocidos a lo Eróstrato, se hicieron célebres al desnudar la falsedad que impregnó a toda la contienda electoral, en la cual, por cierto, se gastaron miles de millones de pesos.
Pero, ¿cuál es el objetivo que se esconde detrás de esta reforma ya consumada al Poder Judicial? Porque pecaríamos de ingenuos si creyéramos el mensaje populista y demagógico consistente en que “el objetivo de la reforma judicial es que los jueces y magistrados sean elegidos libremente por el pueblo”.
Desde mi humilde punto de vista, se trata de hacer “legal” lo que, sin la manipulación en contra del Poder Judicial, tendría que hacer el gobierno morenista de manera “ilegal”. Y es que, como buenos alumnos, aprendieron rápido la lección: cuando comenzaron a desaparecer los fideicomisos, el Poder Judicial los acusó de violar la Constitución; pero con la elaboración de reformas constitucionales, esquivaron la acusación. No obstante, batallaron mucho ante la resistencia de un Poder Judicial independiente para lograr sus “pequeños” objetivos. Ahora, se puede deducir, al apoderarse del Poder Judicial, que el objetivo que persiguen es de mucha mayor envergadura.
En efecto, ante la advertencia de varios de sus secretarios de Hacienda y Crédito Público, consistente en que los recursos para continuar con sus programas asistencialistas y de compra de votos están por agotarse en un breve plazo, ante el crédito restringido del Fondo Monetario Internacional y el casi nulo crecimiento de la economía, los morenistas han creído encontrar la solución a su inevitable caída y desaparición del mapa político de México, haciendo una profunda reforma a nuestra Carta Magna y, en concreto, al artículo 28, que en el sexto párrafo dice: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento…”
Así, harían “legal” semejante robo a las reservas del pueblo trabajador y dichos recursos les alcanzarían, sin lugar a dudas, para seguir encaramados al poder por varios sexenios.
Con el Poder Judicial bajo su control, el camino está ya despejado para llevar a la práctica tan inmenso atraco a la nación y así hacer realidad los sueños morenistas de perpetuarse en el poder. Sólo la organización y la lucha conscientes de la clase obrera mexicana a la cabeza del pueblo trabajador podrán impedir que el gran atraco se consuma.
