Registro de telefonía: ¿quién gana y a quién vigilan?
Carlos Sarabia
En los últimos años el Gobierno ha impulsado una cadena de reformas, en septiembre de 2024 la reforma al Poder Judicial para, a través del voto popular, elegir a jueces, magistrados y ministros; en diciembre de 2024 la reforma de Simplificación Orgánica, publicada el 20 de diciembre, que eliminó siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). De modo que el registro de telefonía con CURP es parte de ese paquete.
A partir del 9 de enero de 2026 el registro fue obligatorio. Toda línea nueva debe estar vinculada a tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Para las líneas telefónicas que ya existían, el plazo original era el 30 de junio de 2026, pero se amplió porque solo se habían vinculado 63 millones de 144 millones de líneas totales, menos de la mitad. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó en el Diario Oficial de la Federación un calendario escalonado según el último dígito de tu número: arranca el 15 de agosto para las líneas con terminación 0 y avanza de forma quincenal por terminación hasta cerrar el 31 de diciembre para las que terminan en 9. Pasada la fecha que te corresponde, a las 72 horas te suspenden la línea dejándola solo para emergencias, atención ciudadana y a tu compañía. Esto aplica para todo: chip físico (SIM), chip digital (eSIM), plan o recarga.
El fundamento está en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada el 16 de julio de 2025, en sus artículos 103 y 164. Porque esta ley no solo crea el padrón. Se monta sobre la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 que eliminó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que, aunque con limitaciones, era un órgano autónomo con comisionados ratificados por el Senado. En su lugar, la Ley del 16 de julio de 2025 crea a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una dependencia directa del Ejecutivo. La clave está en quién nombra: según la propia ley, los cinco comisionados de la CRT los propone la ATDT y los nombra directamente la Presidencia, sin ratificación del Senado y con facultad de removerlos. El regulador ya no es técnico ni independiente, es una oficina de Presidencia. Y con un regulador a modo, los ganadores ya están definidos.
Las primeras ganadoras son las cuatro redes que monopolizan la telefonía en el país: Telcel, AT&T, Movistar y Altan Redes, que es la que le renta la señal a la mayoría de Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Bait. Ellas recibirán, sin gastar un peso, una base de 144 millones de líneas con nombre y CURP validados por el Estado en el caso de personas físicas, y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el caso de personas morales. Es la base de identidad más grande del país regalada a privados.
Y mientras al trabajador le ponen candado, según los lineamientos de la CRT, con un tope de 10 líneas por CURP, y el mismo tope a extranjeros con pasaporte vigente o CURP temporal, a las empresas les abren la puerta sin límite: con un solo RFC y su constancia fiscal pueden registrar todas las que quieran. El privilegio es para el capital, la restricción para el que trabaja.
El segundo ganador es el propio Estado. La ley obliga a los concesionarios a hacer dos cosas que ya existían, pero ahora quedan blindadas: rastrear en tiempo real cualquier celular cuando lo pida el Ministerio Público, la Guardia Nacional o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y guardar por 24 meses los metadatos de todos: a quién le marcaste, cuánto duró la llamada, qué mensaje tradicional (SMS) mandaste y desde qué antena.
Nos dicen que es para frenar la extorsión. Pero la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en noviembre de 2025 que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento de las líneas reportadas por extorsión al 089, y que desde el arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han reportado 2,389 números de los que solo se ha logrado bloquear el 33 por ciento.
El ingreso y uso de aparatos de telecomunicación en penales ya está prohibido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, y aun así persiste. Fuera de penales el problema es el robo de identidad: el fraude de SIM swapping, donde clonan tu número para tomar tus códigos bancarios. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en abril de 2026 que las telefónicas tienen un deber reforzado de verificar identidad y deben indemnizar si entregan tu chip a un tercero. La reforma no corrige esa negligencia de las empresas, solo te obliga a ti, que usas tu línea de forma legal, a entregar tu CURP.
El artículo 109 de la propuesta de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permitía bajar plataformas digitales, lo quitaron en mayo de 2025 porque la gente se les fue encima en redes. Pero el rastreo del artículo 103 fracción VI y la retención de datos del 164 se quedaron intactos. En la iniciativa de abril ese rastreo se planteaba sin orden de juez. La versión final aprobada en julio sí exige mandamiento judicial, pero el sistema queda montado para que con esa orden la telefónica entregue la ubicación en tiempo real. Lo presentan como herramienta contra el secuestro, pero en los hechos convierte tu celular, que es con lo que consigues chamba, te pagan y te organizas, en una herramienta de rastreo permanente.
Y aunque el gobierno dice que no existe un padrón nacional centralizado y que cada empresa guarda sus datos, en los hechos concentra el mismo riesgo en esas cuatro redes que ya monopolizan el mercado y que están obligadas a entregar información. Cuando repartes 144 millones de CURP, ubicación en tiempo real y dos años de llamadas en esas cuatro bases privadas conectadas a fiscalías, es cuestión de tiempo para que se venda o se filtre. Ya pasó con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) que vendían en Tepito por 300 pesos en un disco, con el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) que circuló en Mercado Libre, y con el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2022.
Cuando una de esas bases se filtre, no van a ir tras el dueño de Telcel. Van a ir sobre nosotros: el repartidor, la de la tienda, el albañil, la enfermera, el chofer, etc. Esta ley, como todas las del paquete, no está hecha para mejorar nuestra vida, está hecha para que los de arriba acumulen más control. Si queremos leyes que sirvan al pueblo, tenemos que hacerlas nosotros desde abajo. Organizarnos como clase trabajadora y conquistar el poder político.
