Arturo Castillo
Artículo 123 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
Para vivir, todos necesitamos alimento, vestido, calzado, vivienda, etc., satisfactores que el obrero puede adquirir solo con el fruto de su trabajo, a través de un salario. Por tanto, prescindir del salario es como privarnos de la vida misma. Si las personas que sí tienen un empleo viven enormes dificultades debido a los miseros salarios que no alcanzan para atender las necesidades más elementales de la familia, imaginemos qué ocurre con las personas que no tienen trabajo y, por consiguiente, carecen de un salario, prácticamente están condenadas a morir de hambre. Pero en el régimen social en que vivimos, existe una minoría que, aún sin trabajar, goza de una gran vida de lujos y derroche, son los patrones, los dueños del gran capital.
¿Cuál es la causa por la que unos cuantos lo tengan todo y la inmensa mayoría de mexicanos carezcamos hasta de lo más elemental para vivir sin privaciones de ninguna especie?
En nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, la sociedad está organizada para garantizar y privilegiar la ganancia de los patrones dueños del dinero y de todos los medios necesarios para la producción, de tal manera que para reducir los costos de producción y con ello aumentar sus ganancias, lanzan a la calle a millones de trabajadores, y aquellos que logran conservar su empleo reciben una excesiva carga de trabajo a cambio de salarios bajos: son sobreexplotados.
El pasado 27 de junio del presente año, el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en la que destaca un aumento significativo en la tasa de desocupación y en la tasa de informalidad laboral: de 61.7 millones de mexicanos que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), 1.7 millones están desocupados (aumento anual de 83 mil personas) y 32.9 millones se encuentra en la informalidad (54.9 %) carentes de toda protección social, es decir, carentes de derechos laborales. Cuando los patrones invierten su capital y generan fuentes de empleo, no es con el fin de darle trabajo al obrero para que alimente a su familia, sino para que, el obrero, con su fuerza de trabajo produzca mayores ganancias y de este modo el patrón acumule mayores riquezas.
¿Qué hace el Estado, el aparato de Gobierno, para que los empresarios cumplan con su obligación económica y social de fomentar la creación de fuentes de trabajo y paguen salarios suficientes para que el obrero pueda cubrir las necesidades indispensables de familia? El Gobierno no está haciendo nada para que haya más empleos y mejore la economía de los asalariados. En cambio, cuando estos exigen respeto a las leyes, por ejemplo, cuando reclaman el pago de sus utilidades, el patrón simplemente se niega y con frecuencia despide a los trabajadores rebeldes que alzan la voz; y más aún, en ocasiones el Gobierno acude en respaldo de las empresas mediante la represión física contra los obreros a través de su aparato policíaco.
Como a la gran mayoría nos consta, el Gobierno mueve toda su maquinaria para elaborar leyes que solo refuerzan el sometimiento del pueblo trabajador a favor de los intereses de los señores del dinero; cuando la obligación de respetar los ordenamientos constitucionales es para todos los mexicanos, incluidos los patrones, y no solo para el pueblo trabajador.
Es evidente que dentro del régimen capitalista en el que vivimos, donde prevalecen los intereses de los dueños del capital, la posición del Gobierno será siempre en favor de los empresarios. No obstante, para modificar esta situación, la clase trabajadora se debe organizar y tomar conciencia de su papel como creadora de toda la riqueza social, de su capacidad y fuerza organizada para influir en las decisiones económicas y políticas de nuestro país para que, cuando menos, se cumpla con la ley y se genere trabajo para todos los mexicanos así como mejores salarios.
