Erick Alcántara
Mientras sigue siendo en el discurso oficial que promueve al IMSS Bienestar como la base para una salud universal, gratuita y digna para quienes no cuentan con seguridad social, en los pasillos de muchos hospitales y centros de salud el escenario es otro: trabajadores sin pago, sin contrato claro, con prestaciones incumplidas, en medio de un proceso de transición que parece contar más costos laborales que avances. Este artículo busca poner atención a esos trabajadores —médicos, enfermeras, personal administrativo y de apoyo, entre otros— que están sosteniendo parte del sistema de salud y que, a cambio, enfrentan la irregularidad salarial y la indefensión laboral.
Recordemos que el IMSS Bienestar forma parte de la estrategia federal para absorber, extender y consolidar la atención médica para la población sin seguridad social. Sin embargo, como lo señalan diversos medios, la transición ha sido “caótica” para trabajadores que fueron transferidos de servicios federales y estatales hacia este nuevo esquema. Y que a pesar de marchas y manifestaciones hay oídos sordos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además, datos de 2024 señalan que aproximadamente 160 mil empleados en 11 mil unidades médicas de 23 estados de la república se vieron afectados por esta federalización y el cambio de servicios hacia IMSS Bienestar.
El problema de los salarios y prestaciones que los trabajadores denuncian son por varios incumplimientos, por ejemplo: en la Ciudad de México, trabajadores con más de 10 años de antigüedad que fueron transferidos al IMSS Bienestar señalan que no reciben salario ni seguridad social desde el cambio ocurrido el 1 de marzo de 2024; en Tamaulipas, el secretario de Salud reconoció que había al menos 130 trabajadores a quienes se les debían sueldos, además de un bono anual; en Michoacán, se reportó que algunos adeudos estaban en proceso de dispersión, lo que indica que la solución sigue siendo lenta; en la capital, trabajadores denunciaron que a algunos “les adeudan todo desde mayo de 2024” y que tampoco les han firmado contratos nuevos tras la transición, entre otras irregularidades.
Como pueden leer en diversos medios de comunicación, pero sobre todo escuchar en las calles donde se manifiestan los trabajadores de la salud: reclamos sobre la reducción de salarios y prestaciones hasta en un 40 y 70 %, respectivamente, tras la incorporación al IMSS Bienestar. Estas cifras muestran que no se trata de un simple retraso de días, sino de una profunda irregularidad que afecta las condiciones básicas de trabajo.
Son diversas las causas que están ocasionando esta problemática, indudablemente la más profunda es que la política de la cuarta transformación no se basa en una estrategia que tenga como fondo el derecho que garantiza la salud. Las que se aprecian en la forma son: administrativas, relativas a la transferencia de plazas, nóminas y recursos administrativos de los servicios federales y estatales hacia el IMSS Bienestar ha generado confusión, registros duplicados o inexistentes y trámites que detienen pagos; la falta de claridad de contratos, es decir, que algunos trabajadores siguen sin contrato o con contratos vencidos, lo que deja sin certeza su relación laboral; la falta de reconocimiento de antigüedad, escalafón o base, los trabajadores denuncian que el nuevo esquema no reconoce promociones o niveles anteriores, lo que impacta al salario y las prestaciones; el financiamiento y federalización incompleta, lo que significa que la transición de servicios de salud estatales al esquema federal ha conllevado conflictos de fondos, plazas, registros y administración, en medicinas, instalaciones, instrumento médico, etc.
Como siempre, el impacto de esta “política de cuarta” recae sobre los trabajadores y el servicio de salud que se presta, ocasionando para los trabajadores menor certeza laboral, la imposibilidad de cubrir sus gastos básicos, plazas vacantes, agotamiento del personal que sí cobra, mayor rotación, unidades que tienen que operar con menos. La salud pública se ve afectada cuando quienes la prestan son precarizados. Y para la ciudadanía cuando el personal no es remunerado, el sistema se debilita ocasionando la falta de atención médica, sobre todos en la población con menor ingreso porque no pueden acudir a un servicio privado de salud.
Esto lo vemos con mucha claridad en dos ejemplos: la explosión de la pipa de gas en los límites de la CDMX con el Estado de México, donde a pesar de que las víctimas fueron atendidas en los hospitales, el Gobierno, la empresa o los poderosos económicos no prestaron ayuda, quien se sumó a la defensa y apoyo a la problemática fue la misma sociedad sobre todo la clase trabajadora; y, por otro lado, está el caso de las inundaciones que se registraron, principalmente, en diversos municipios de Veracruz, Hidalgo y Puebla, que para atender algunas enfermedades, el sistema de salud no estaba preparado para enfrentar este fenómeno.
Regresando al tema, la problemática por la que pasan los trabajadores de la salud del IMSS Bienestar de ser una prioridad por parte del Gobierno federal, el poder en turno debe mostrar los avances que se están realizando; deberían publicar listados de plazas, montos adeudados, cronograma de pago que les entregan a los trabajadores; deberían dar prioridad a los trabajadores que ya tienen antigüedad y que están en espera de salario y prestaciones, para que no queden en la indefinición; se debe respetar la antigüedad, el nivel profesional y la promoción del personal al cambiar de esquema, pero sobre todos que a los que estén exigiendo sus derechos laborales no derive en sanciones o despidos. La sociedad también debe conocer abiertamente que se está atendiendo la problemática porque somos todos los que ocupamos el servicio de salud pública mayoritariamente.
La promesa de un sistema de salud más sólido, ampliamente accesible y gratuito en México no puede construirse a costa del sacrificio de quienes lo operan día a día. Cuando los trabajadores no reciben sus salarios, cuando carecen de contrato o ven degradadas sus condiciones laborales, sin lugar a dudas se debilita el engranaje del propio sistema de salud de la nación. La problemática del IMSS Bienestar no solo es administrativa; es una cuestión de derechos laborales y de justicia social. Y en defensa de la clase trabajadora debemos exigir que la transición del sistema de salud garantice condiciones dignas tanto para el personal como para la población. Los trabajadores seguirán luchando en unidad, porque no se aprecia que el sindicato oficial del sector salud verdaderamente quiera exigirle al Gobierno federal que resuelva la problemática que afecta tanto a los trabajadores como a quienes ocupamos el servicio público de salud.
