Por: Jocsan Jaimes
En Nuevo León, el transporte público es un fiel reflejo de la precarización de la clase trabajadora: no solo es caro, ineficiente y mal planeado, sino que, además, opera bajo una lógica de negocio donde el usuario es un cliente cautivo, obligado a pagar tarifas abusivas por un servicio indigno. Mientras el gobierno estatal y los empresarios del transporte negocian entre ellos, el obrero paga con su tiempo, su dinero y su salud física y mental; el aumento en las tarifas del transporte público ha sido un golpe directo al bolsillo del trabajador.
En un estado donde el salario mínimo ronda los 278 pesos diarios, pagar entre 15 y 18 pesos por viaje es una carga insoportable. Si un obrero necesita dos camiones o el metro para ir a su empleo y regresar a casa, el gasto diario supera los 50 pesos. En un mes, esto representa más de 1,500 pesos; una cantidad que para muchos equivale a una buena parte de su salario.
Este encarecimiento del transporte no es casualidad; durante años, las administraciones estatales han permitido que el sistema quede en manos de empresas privadas cuyo único objetivo es maximizar sus ganancias. El gobierno, lejos de garantizar un servicio accesible y de calidad, ha optado por administrar subsidios insuficientes, que en la práctica solo benefician a los concesionarios. El problema no es solo el costo, sino la pésima calidad del servicio: camiones en mal estado, ocasional funcionamiento del aire acondicionado, rutas insuficientes y largos tiempos de espera que muchas veces exceden los 40 minutos es la norma en la movilidad urbana de Nuevo León. Cuando finalmente llega un autobús, va repleto, obligando a los pasajeros a viajar apretados, de pie y en condiciones inhumanas, arriesgando incluso su propia seguridad.
Hoy en día, el metro, (que en su momento representó la esperanza de una movilidad eficiente), se encuentra saturado y con infraestructura deficiente y en lugar de que las autoridades estatales implementen un plan certero para ampliarlo y modernizarlo, han optado por parches y promesas vacías. La inconformidad de los usuarios se ha hecho manifiesta luego de que el pasado mes de enero la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad aprobara el llamado tarifazo y llamaran a la población a pedir que este incremento fuera denominado como «deslizamiento mensual de 10 centavos» (que, según lo previsto, llegará al costo total en agosto de 2026).
Ante esto, distintos movimientos han expresado su inconformidad con manifestaciones y protestas como la realizada el pasado 7 de enero frente al Palacio de Gobierno, en donde cientos de ciudadanos exigieron que esta medida se detuviera, sin embargo, las autoridades, lejos de abrir una mesa de diálogo o al menos recibir la petición de los manifestantes, optaron por bloquear los accesos al Palacio de Gobierno (El Universal, 07 de enero de 2025).
Mientras el transporte público se vuelve cada vez más inviable, las carreteras se llenan de autos particulares, incentivados por un modelo urbano que empuja al ciudadano a endeudarse con un vehículo propio. El problema del transporte público en Nuevo León no es técnico, sino político; no se trata de una falta de recursos o de imposibilidades logísticas, sino de una decisión deliberada de priorizar el beneficio de unos pocos sobre las necesidades de la mayoría.
En otras ciudades del mundo, el transporte público es visto como un derecho, subsidiado y accesible para garantizar que todos puedan desplazarse sin que esto signifique un sacrificio económico, pero en Nuevo León la movilidad es un privilegio; la falta de inversión en infraestructura, la privatización de rutas y la indiferencia gubernamental han convertido el simple hecho de trasladarse en una odisea diaria para el trabajador. Como ejemplo tenemos a China en donde, si bien han admitido que aún hay mucho por hacer para mejorar el servicio de transporte público, también han comenzado a implementar proyectos para mejorar este rubro. Tal es el caso del convoy de metro CETROVO 1.0 Carbon Star Express, que ha sido el primer tren en el mundo fabricado con fibras de carbono, y es un 11 por ciento más ligero que los tradicionales; esto implica una disminución de 130 toneladas de CO2 por tren y año, mientras que el consumo de energía necesaria para su operación se reduce al 7 por ciento, además, el costo de su mantenimiento en un 22 por ciento menos. (RT Noticias, 27 de junio de 2024).
No hay soluciones mágicas, pero si en otras ciudades la organización popular ha logrado presionar para mejorar el transporte público, en Nuevo León también es posible. Las quejas en redes sociales no bastan, se necesita organización real: movilizaciones, exigencias colectivas y, si es necesario, paralizar la ciudad hasta que las autoridades entiendan que la movilidad no es un negocio, sino un derecho. El trabajador de Nuevo León no merece ser tratado como un cliente sin opciones, sino como un ciudadano con derecho a un transporte digno, accesible y eficiente. Pero ese derecho no se concederá por buena voluntad del gobierno: deberá ser arrebatado por la organización y la lucha colectiva.
