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Selene Aguiar
Instituciones gubernamentales
y no gubernamentales, así como estudiosos e investigadores del campo y
particularmente de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas,
coinciden en que estos son quienes padecen las peores condiciones de vida y de
trabajo. A lo largo de la historia sus demandas principales han sido salario
digno y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no obstante,
es un derecho y una obligación del patrón otorgarles ambas demandas, sin
embargo, para los obreros agrícolas la ley es letra muerta. Otros de sus reclamos
han sido el transporte a las zonas de trabajo, seguridad e higiene, estancias
infantiles y educación para sus hijos, que en la mayoría de los casos no se
cumplen.
Precisamente
los bajos salarios y la violación de sus derechos han permitido que la
agroindustria mexicana sea un sector competitivo en el extranjero,
particularmente en los Estados Unidos, lo que es del todo contradictorio, pues
quienes siembran, cosechan y recolectan los productos del campo, son quienes se
privan de ellos.
En
2019 el gobierno de la 4T eliminó el Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas (PAJA), que, si bien se conocía que no funcionaba cabalmente, al
menos aligeraba “un poco” su difícil situación. A esta adversa realidad se suma
la pandemia del coronavirus, pues agravó las condiciones de los jornaleros, ya
que sufrieron y sufren el contagio del Covid-19 y del abandono del Gobierno federal.
Pero
eso no es todo, en una nota de La Jornada del 13 de junio del 2021 se señala el consumo de la
metanfetamina, específicamente el cristal, que los contratistas venden a los
jornaleros para que no sientan el cansancio y “rindan más”, esto particularmente
en los estados de Sonora y Michoacán. De tal forma que se les explota más allá
de lo que un cuerpo sano en condiciones normales puede lograr, lo que
inevitablemente repercute en su salud física y mental.
Por lo
anterior, se vislumbra la magnitud del problema que arrastran los jornaleros
agrícolas y se confirma que sus condiciones laborales no solo son las peores
del país, sino que estas se agravan día con día y de todas las formas
imaginables. Al ser la mayoría migrantes dentro del territorio nacional, en el
traslado de sus lugares de origen hacia los destinos donde habrán de laborar y
viceversa, sufren todo tipo de crímenes y vejaciones, desde asesinatos hasta asaltos,
acoso y violación a las mujeres. Por ejemplo, el pasado 13 de marzo, Opinión
Sonora informó sobre la ejecución de dos jornaleros en el Valle de Empalme,
encontrados en las galeras del campo donde laboraban, uno de ellos un
adolescente de tan solo 14 años.
El 26 de marzo, el sitio web Alfredo
Alvares, que publica noticias sobre el noroeste, informó sobre el incendio,
que se presume fue intencional, de las galeras que funcionaban como dormitorios
en el mismo municipio de Empalme, “los 21 trabajadores del campo ‘Santa Inés’,
que habitaban dichas galeras, apenas alcanzaron a rescatar algunas de sus
pertenencias, ya que las llamas avanzaron muy rápido.”
Al siguiente día, marzo 27, El Universal informó que un autobús con
45 jornaleros quedó en medio de una balacera en Culiacán, uno de los jornaleros
que se trasladaban resultó herido, aunque no de gravedad. Y el 13 de marzo el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso cómo un autobús
que transportaba a jornaleros de la Montaña de Guerrero fue interceptado por
hombres armados, que agresivamente bajaron a quienes se transportaban, para
posteriormente balear el autobús. Mujeres, niños y hombres por igual, perdieron
pertenencias y además el dinero que pagaron por el pasaje, mismo que no quiso
ser reintegrado por la empresa contratista ni conseguir otro autobús para
transportarlos.
Lo anterior solo son algunos hechos
que revelan el panorama desolador de los obreros agrícolas, el Gobierno federal
no mete las manos, su política de “abrazos no balazos” deja a todos a merced del
crimen organizado; y la desaparición de programas como el PAJA, que menguaban,
aunque fuera de manera minúscula la situación de los jornaleros, ya no existe.
A las condiciones inhumanas de
sobreexplotación, hacinamiento en dormitorios, carencia de seguro social, falta
de educación a los hijos y otras más, se agrega el hostigamiento por parte del
crimen organizado.
¿Qué hacer ante tan desolador
panorama? La solución no puede ser ni fácil ni pronta, pero está en las manos
de los trabajadores. Solos y aislados no pueden enfrentar al monstruo que los
somete y aqueja, pero organizados y unidos pueden hacerlo, así lo han
demostrado diversas luchas. Por ejemplo, los jornaleros del Valle de San
Quintín, ante sus pésimas condiciones laborales, en 2015 se movilizaron y
lograron mayor visibilidad ante la opinión pública a nivel nacional e
internacional.
Si bien, debido al conflicto de
intereses entre las empresas y las autoridades, así como a la debilidad del
mercado laboral, en su esencia las demandas quedaron insatisfechas; no
obstante, sí fue un gran paso que demostró que la formación de sindicatos
auténticos es una instrumento de defensa colectiva que puede ejercer un
contrapeso contra el poder despótico del Estado y de las empresas, siempre y
cuando los líderes de dichos sindicatos no se vendan, sino que sean líderes que
realmente representen los intereses de los obreros del campo.
