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Ricardo
Torres
Con la
designación presidencial de la periodista Sanjuana Martínez Montemayor como
nueva directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), en
marzo de 2019, se endureció la política del Gobierno federal en contra de los
trabajadores: fueron despedidos más de 240 periodistas (80 por ciento de la plantilla
total) incluidos decenas de corresponsales en el extranjero; y el líder del
Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), Conrado García
Velasco, tuvo que retirarse de su cargo debido a sus malos manejos al frente
del sindicato.
Fue por
ello que en octubre de ese mismo año, en asamblea extraordinaria, el Sutnotimex
renovó su dirigencia sindical eligiendo a su nuevo Comité Ejecutivo encabezado
por Beatriz Adriana Urrea Torres, quien promovió ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA) un emplazamiento a huelga contra Notimex por
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), donde figuran como sus
principales demandas: respeto a sus prestaciones contractuales, incremento
salarial de 3.4 por ciento y la reinstalación de sus compañeros periodistas
injustamente despedidos. Sanjuana Martínez ignoró y menospreció los reclamos de
los trabajadores y la huelga estalló el 21 de febrero de 2020.
En
seguida, de manera injustificada, la directora de Notimex despidió a Adriana Urrea y a otros líderes de la nueva
directiva sindical y desconoció la huelga de los comunicadores. En febrero de
2020, tras un recuento de trabajadores se demostró que la mayoría de ellos
estaba en favor de la huelga y la JFCA tuvo que declararla legalmente existente.
Sin embargo, Sanjuana Martínez lejos de buscar el diálogo y encontrar una
solución equilibrada al conflicto, con el apoyo del Estado, hizo todo lo
posible por sacudirse y desaparecer al Sutnotimex para luego conformar un nuevo
sindicato en la Agencia y ponerlo al servicio incondicional del gobierno
morenista. Sin embargo, el plan de Andrés Manuel López Obrador y Sanjuana
Martínez de corporativizar el medio
periodístico oficial en favor de la 4T fracasó rotundamente.
Ante
la determinación de los trabajadores el Gobierno federal endureció todavía más su
política laboral para doblegar a los rebeldes del Sutnotimex, esperando, con el
paso del tiempo, la extinción de su justo movimiento de huelga: intimidándolos
a través de las instituciones que controla el Estado, sometiéndolos al
permanente desgaste que significa la carencia de ingresos económicos para
sostener a sus familias, exponiéndolos a una pandemia mortal que ha provocado
decenas de huelguistas contagiados y la muerte de varios de sus familiares,
entre muchas otras penurias. Pero a pesar de los embates del Gobierno federal,
los trabajadores de Notimex se mantienen en pie de lucha y su movimiento de
huelga cobra mayor fuerza.
Estas
son algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno federal en su contra. Para
generar un ambiente de miedo e incertidumbre, Sanjuana Martínez solicitó la
intervención de la Guardia Nacional y la Policía Federal acusando a los
trabajadores de secuestrar a personal de Notimex que se encontraba en la
instalaciones de la Agencia, razón por la cual el Gobierno implementó un
aparatoso operativo armado para intimidar a los huelguistas. La falsa acusación
de Sanjuana Martínez fue confirmada por los uniformados que debieron retirarse.
Jesús
Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de
la República, lanzó un ultimátum al Sindicato de Notimex: regresan todos a trabajar
bajo la dirección de Sanjuana Martínez (excepto la dirigente Adriana Urrea) o
se cierra la Agencia. No obstante, la asamblea del Sutnotimex se mantuvo
firme y resolvió rechazar las amenazas del vocero de AMLO. Desde ese momento se
asomaba ya el plan del Gobierno federal para dividir y descabezar el movimiento
dirigiendo sus ataques en contra de la Secretaria General del Sutnotimex.
Comenzó
entonces una prolongada y desgastante persecución judicial en contra de Adriana
Urrea: Notimex la denunció penalmente por el delito de ejercicio ilícito del servicio
público, argumentando que había sustraído ilegalmente información de Notimex; y
al mismo tiempo promovió otras dos demandas de carácter administrativo por
corrupción, argumentando un supuesto desvío de recursos que no suman más de 13 mil
pesos por viajes realizados en el ejercicio de su desempeño como reportera de
Notimex.
Durante
meses la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo latente la
amenaza de encarcelar a Adriana Urrea y, por otro lado, las investigaciones de
la Secretaría de la Función Pública (SFP) amenazaban con sancionarla. No
obstante, las acusaciones de Sanjuana Martínez no prosperaron porque, al ser
falsas, tampoco pudieron ser demostradas. La FGR no encontró pruebas para
vincular a proceso a Adriana Urrea y la SFP determinó que ésta no era
administrativamente responsable de daño patrimonial al Estado.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) que dirige Rosario Piedra Ibarra, en abierto apoyo a los
intereses del Gobierno federal, emitió una recomendación en donde planteaba la
reposición de las elecciones del Sutnotimex, victimizando así al sindicato
esquirol promovido por Sanjuana Martínez, con el objetivo de dejar sin efectos
la huelga estallada hace más de dos años. La recomendación de la CNDH tampoco
prosperó en virtud de ser una abierta intromisión en la vida sindical en
Notimex y una transgresión evidente a la Ley Federal del Trabajo.
A pesar de todo lo anterior, y de muchos otras
acusaciones y ataques, los trabajadores de Sutnotimex mantienen una combativa lucha
de resistencia, asumiendo un comportamiento apegado a nuestra Carta Magna y a
la ley laboral; y prueba de ello son los fallidos intentos del Gobierno federal
por criminalizar a la líder del Sutnotimex y doblegar al movimiento, así como
los 43 laudos de reinstalación que en su favor han obtenido los trabajadores,
incluida la propia Adriana Urrea.
Que la indiferencia y el menosprecio hacia los
profesionales de la comunicación es una política aplicada no solo por Sanjuana
Martínez en Notimex sino la política que el gobierno morenista aplica en el
resto del país, lo demuestran los más de 50 periodistas asesinados durante el
presente sexenio, la mayoría de ellos vinculados a servidores públicos y de los
cuales más del 90 por ciento quedan impunes. En este sentido, resulta
ilustrativo el caso del reciente asesinato en Tijuana de la periodista Lourdes
Maldonado quién, desde 2019, directamente al presidente de la república en una
de sus conferencias mañaneras, le solicitó la protección del Estado porque,
tras un conflicto laboral con el exgobernador de Baja California, advertía que
su vida corría peligro. Finalmente Maldonado fue asesinada a tiros en su
automóvil en 2022 y la justicia aún brilla por su ausencia.
Por otro lado, la investigación publicada por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad, en donde se revelaran las casas y la vida que lleva el hijo
de AMLO en Houston, Texas, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, en
un conflicto de interés que se oculta en los contratos multimillonarios de
PEMEX y la empresa Beker Huughes; hecho que hizo estallar en mil pedazos el
falso discurso anticorrupción de AMLO y eje fundamental de sus políticas
públicas; así como la torpe reacción de AMLO publicando los ingresos del
periodista Carlos Loret de Mola, acción que a todas luces violó la ley.
Situación que ha provocado una creciente polarización
entre el Gobierno y los medios de comunicación y los periodistas a quienes AMLO
califica como “prensa vendida”, “hampa del periodismo”, “prensa fifi”, “pasquín
inmundo”, “periodistas al servicio de la mafia del poder”, “corruptos”,
“tendenciosos”, “mercenarios”, “conservadores”, “chayoteros”, “maiceados”, “sin
ideales ni principios”, acusándolos de “morder la mano a quien les quitó el
bozal”, entre muchos otros agravios. Expresiones que solo contribuyen a exaltar
el rechazo y la violencia en contra de los periodistas insubordinados al
régimen de la 4T.
En este contexto de confrontación del Gobierno con
buena parte de los medios y periodistas, podemos entender entonces que los
abusos y arbitrariedades cometidas por Sanjuana Martínez en Notimex, sencillamente
obedecen a las órdenes dictadas por el presidente de la república, obedecen a
la obsesión de AMLO de tener el control absoluto del Estado, incluidos los
medios y profesionales de la comunicación, cuanto más si hablamos de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. La solución al conflicto en Notimex no está pues en
manos de Sanjuana Martinez, sino en Palacio Nacional.
De nueva cuenta el falso discurso de AMLO en favor
de la libertad, la democracia sindical y la defensa a los derechos de los
trabajadores, que en teoría dan sustento a la reforma laboral de 2019, se estrella
con la realidad; la legítima lucha de los trabajadores del Sutnotimex desnudan
la verdadera política laboral del gobierno morenista, injusta, represiva y
manipuladora, una política neoliberal que precariza las condiciones laborales
de los trabajadores.
Después de dos años de huelga, de batallar todos
los días sin descanso, los trabajadores del Sutnotimex han aprendido lo que
todos los trabajadores de México debemos aprender: que nuestras posibilidades
de triunfo frente a los patrones dependen fundamentalmente de nuestra unidad,
organización, combatividad, movilización y capacidad de lucha. Es por ello que
reiteramos nuestro llamado para que los
trabajadores de México nos mantengamos atentos y solidarios con la huelga que
libran los trabajadores de Notimex hasta que su movimiento y sus justos reclamos
sean resueltos cabalmente. ¡Ni un paso atrás!
