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Por: Ricardo
Torres
El pasado 29 de diciembre, el Director General del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, a
través de su secretario administrativo envió una circular a todos los
Directores de las Unidades Administrativas que dependen del INAH que incluye,
naturalmente, al Director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), Hilario Topete Lara; en dicho oficio se informa que: “…con excepción del
personal que ocupa puestos de estructura y que actualmente devenga sus
remuneraciones con cargo a la partida presupuestal 12201 (Remuneraciones al
personal eventual), a partir del primero de enero de 2022 NO DEBERÁ CONVOCARSE A LABORAR A NINGUNA PERSONA QUE HAYA ESTADO
CONTRATADA COMO PERSONAL EVENTUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, en tanto su
eventual contratación no haya sido autorizada por la Coordinación Nacional de
Recursos Humanos” (así, con mayúsculas y negrillas RT).
En respuesta, el director de la ENAH dirigió un oficio al titular del INAH, expresándole con argumentos fundamentados que,
de atender dicha instrucción, la escuela no podrá cumplir con los procesos que
le son encomendados ya que esto significa suprimir la contratación de más de
350 profesores lo que “afectará de manera significativa a la comunidad
estudiantil, académica y de trabajadores diversos de la ENAH”, razón por la
cual solicitó a los titulares del INAH y de la Secretaría de Cultura “la pronta
y total contratación de la plantilla del personal eventual de la ENAH”. Por
esta razón, en los primeros días de 2022, maestros y alumnos de la ENAH han
realizado una campaña de denuncia a través de los medios de comunicación y
redes sociales, así como movilizaciones y protestas frente al INAH y Palacio
Nacional, exigiendo no solo la recontratación de personal eventual sino la
asignación del presupuesto suficiente que permita estabilidad laboral al
personal que trabaja en la ENAH.
Cabe señalar que se trata de un
conflicto laboral que por falta de presupuesto enfrentan organismos que se
desempeñan en los ámbitos de la ciencia, la educación y la cultura de nuestro
país. Ambas instituciones creadas allá por la década de los 30: el INAH con el
objetivo de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico,
antropológico, histórico y paleontológico de la nación; y la ENAH con el objetivo
de formar a los profesionales especializados en dichos campos: antropología
física, antropología social, arqueología, etnohistoria, etnología y lingüística.
El problema presupuestal que enfrenta la ENAH se debe al
desinterés que el régimen y sus gobiernos muestran hacia la ciencia, la
educación y la cultura. Un problema que existe desde hace ya varias décadas:
cientos de docentes, investigadores, profesionistas, administrativos, técnicos
y manuales que laboran en la ENAH son clasificados como “eventuales”, situación
que los mantiene en una permanente incertidumbre laboral ya que son contratados
como trabajadores de “servicios personales” o “por honorarios”, muchos de ellos
con formación de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias antropológicas
e históricas, o carreras necesarias para las funciones administrativas. Los que
laboran en la modalidad de “servicios personales” cuentan con muy bajos
salarios, pocas prestaciones y contratos de seis meses de duración; mientras
que aquellos que son contratados “por honorarios” son recontratados cada tres
meses como prestadores de servicios profesionales, sin ninguna prestación
social.
Como vemos en muchas otras esferas de la vida económica y
social del país, los trabajadores sufren actualmente un régimen de precariedad
laboral creciente bajo condiciones generales de trabajo que incluso son
contrarias a la Ley Federal del Trabajo y, paradójicamente, son promovidas y aplicadas
por instituciones del propio Gobierno: con una disminución del ingreso real,
sin prestaciones de ley, con incremento en las cargas laborales, sin el apoyo
material suficiente que los obliga a destinar recursos económicos personales,
sin reconocimiento de su antigüedad, con permanentes recortes de personal que violan
sus derechos ya que muchos de ellos han laborado hasta por más de 5 o 10 años. En suma, lo que con
justicia exigen los trabajadores de la ENAH es certeza y estabilidad laboral.
Ahora bien, esto que hoy ocurre con los trabajadores de la
ENAH no aparece como rayo en cielo sereno, sino que es parte de una política
gubernamental perfectamente diseñada, es consecuencia inevitable de la política
de “austeridad republicana” impuesta por el Ejecutivo con el engañoso argumento
del combate a la corrupción: basta mencionar que el gobierno morenista
encabezado por AMLO redujo el presupuesto a la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) afectando severamente a importantes
organismos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) y el Sistema Nacional de
Investigadores (SIN); desapareció también los 109 fideicomisos públicos en
donde fueron eliminados de un plumazo 65 fondos para el CONACyT y 26 para
centros de investigación; además de su reciente injerencia y ataques en contra
de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Elementos
suficientes para afirmar que al presidente la cultura, la educación y la
ciencia, le importan un bledo; lo que intenta es centralizar el control de
dichos centros en favor de su política cutrotera.
Contrario
a sus promesas y compromisos de campaña siendo candidato a la presidencia de la
república, ya encaramado en el poder, al más viejo y rancio estilo del
presidencialismo priista autoritario, AMLO muestra ahora un abierto desprecio
por la ciencia, la educación y la cultura del país. Política que se ha visto
reflejada en la disminución de recursos económicos destinados a estos rubros gracias
a la complicidad incondicional de los diputados morenistas que, sin quitarle
una coma al proyecto presentado por el Ejecutivo, en noviembre aprobaron el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022.
Esta
política económica impuesta por AMLO y los morenistas, exhibe claramente el
carácter neoliberal y reaccionario de su gobierno.
Recordemos que, desde finales del siglo XX, el
neoliberalismo se impuso en el mundo a través de la globalización económica,
fortaleciendo al capital por la vía de la libre circulación de capitales,
mercancías y servicios, derribando los obstáculos nacionales que se lo impedían. Esta política
neoliberal implicaba, además, descargar al Estado de su responsabilidad de
ofrecer mejores condiciones de vida para los trabajadores y la población en
general, eliminando para los pueblos del mundo los beneficios sociales del
“estado de bienestar” instaurado poco después de la Segunda Guerra Mundial.
Así, los dueños del capital en contubernio con los Estados a su servicio se
abocaron a dilapidar la educación pública y gratuita, la seguridad social y las reivindicaciones
laborales de los trabajadores. Moría así el “estado de bienestar” y nacía el
neoliberalismo.
En el ámbito laboral, esta
política neoliberal modificó las relaciones de trabajo en el planeta: eliminó la estabilidad en el
trabajo, la contratación colectiva fue sustituida por contrataciones “eventuales”
e individuales, controló el monto miserable de los salarios, modificó a su
antojo las jornadas laborales, eludió el pago de pensiones desconociendo el
derecho de antigüedad y restringió al máximo el derecho de huelga, entre muchas
otras violaciones a los derechos de los trabajadores. A esta política laboral
aplicada por el neoliberalismo en favor del capital se le
conoce como “desregulación” o “flexibilidad laboral”.
De modo que a pesar de que en su
discurso AMLO hable de la eliminación del régimen neoliberal, en los hechos,
como ahora lo observamos en la ENAH, vemos que el difunto neoliberalismo goza
de cabal salud, y con el argumento de combatir la corrupción AMLO oculta su
verdadera política neoliberal de flexibilización y precarización laboral que
ordenan los encumbrados dueños del capital.
En consecuencia, la precariedad e
inestabilidad laboral que hoy sufren los trabajadores del INAH no será resuelta
en lo inmediato, para ello se requiere que los propios trabajadores de la
ciencia, la educación y la cultura, unan sus fuerzas, se organicen y luchen en
defensa de sus legítimos intereses. No hay otra salida.
