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Ricardo
Torres
Comencemos
por recordar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es el
organismo creado por el Gobierno federal, en 1970, para promover la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación nacional;
siendo una parte esencial de su misión la formación especializada y altamente
calificada de capital humano, es decir, de científicos e investigadores que se
ocupen de la búsqueda de soluciones a los enormes retos de modernización y
desarrollo que requiere nuestro país.
En
2014 se creó el programa Cátedras Conacyt con la finalidad de que los jóvenes
investigadores encuentren una adecuada inserción laboral que les permita dedicarse
exclusivamente a la actividad de generar conocimiento, especialmente para
incrementar la capacidad de las instituciones federales y estatales del sector
público. El mecanismo de asignación de dicho programa consiste en que el
CONACyT comisiona investigadores con grado de doctorado en instituciones de educación
superior, centros públicos de investigación e instituciones federales y
estatales para que realicen actividades de investigación científica, social o
de desarrollo tecnológico en el país, principalmente en los temas de
Conocimiento del Universo, Desarrollo Tecnológico, Energía, Desarrollo
Sustentable, Salud, Medio Ambiente y Sociedad.
Ahora
bien, resulta que el pasado 30 de septiembre, más de 300 científicos e
investigadores agrupados en el Sindicato Independiente de Trabajadoras y
Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (SIINTRACATEDRAS) se
manifestaron frente a las oficinas nacionales y regionales del CONACyT en
protesta contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)
que ordenó archivar su expediente como un asunto total y definitivamente
concluido, al tiempo que protestaron también contra la cerrazón de la directora
del CONACyT, María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien se ha negado en reiteradas
ocasiones a establecer un diálogo constructivo y directo que permita encontrar
solución a sus justas demandas. La manifestación de los investigadores se
realizó simultáneamente en Chihuahua, Sonora, Michoacán, Jalisco,
Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y en la Ciudad de México.
El SIINTRACATEDRAS se formó en septiembre de 2019 con el
claro propósito de defender los derechos laborales de los investigadores:
principalmente en defensa de la estabilidad en su trabajo, es decir, para que no
sean despedidos sin causa debidamente justificada o bien para ser reinstalados
o indemnizados conforme a la ley; de esta manera los investigadores pretenden
impedir que sigan siendo considerados y tratados como personal de confianza. Situación
que los mantiene en una permanente incertidumbre laboral. En su comunicado
público No. 7 el SIINTRACATEDRAS nos dice: “Según información proporcionada por
el mismo CONACyT a través del INAI, los despidos de catedráticas y catedráticos
han aumentado considerablemente durante la actual administración, alcanzando un
incremento de 633% entre 2018 y 2019. La mayoría de estos despidos se relaciona
con el uso punitivo de las evaluaciones, ya sea las realizadas por el propio
CONACyT o por el ingreso y permanencia al Sistema Nacional de Investigadores.”
Cabe señalar que de ninguna manera los jóvenes investigadores se oponen a las
evaluaciones, lo que reclaman es que éstas se realicen solo como una medida
punitiva para justificar su despido y no como un mecanismo regulador que sirva para
valorar, orientar y mejorar su desempeño científico.
El incremento de los despidos y la consecuente
inestabilidad laboral de los investigadores motivaron su interés por unirse y
sindicalizarse para obtener la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)
que les garantice certidumbre laboral. En mayo de 2021, ante la JFCA, los
investigadores emplazaron a huelga a CONACyT por la firma de su CCT. En junio iniciaron
las negociaciones con los representantes legales de CONACyT, y como muestra de
su disposición al diálogo para llegar a algún acuerdo previo con Álvarez-Buylla,
prorrogaron su estallamiento de huelga.
Sin embargo los directivos del CONACyT nunca presentaron una contrapropuesta a
la petición de los investigadores ni ofrecieron una solución definitiva al
conflicto, por el contrario, continuaron con los despidos injustificados, razón
por la cual los investigadores fijaron el día 30 de septiembre como fecha
definitiva para su estallamiento de huelga. Pero un día antes del estallamiento,
la JFCA determinó que no fueron procedentes ni la solicitud para la negociación
y firma del CCT ni el ejercicio de su derecho a huelga, en virtud de que, según
la Junta, los trabajadores de CONACyT ya cuentan con Condiciones Generales de
Trabajo y que el programa de Cátedras pertenece al apartado B del artículo 123
constitucional, razón por la cual no son sujetos de contratación colectiva ni
tienen derecho a huelga.
Durante las protestas del 30 de septiembre los
investigadores, a través de su Consejo Directivo Colegiado, declararon: “Lamentamos,
y nos consterna profundamente, que en el contexto de una reforma laboral -que
establece mayores garantías para la libertad sindical y la defensa de los
derechos laborales- y un gobierno cuyo discurso es el de una transformación
revolucionaria de la sociedad a través del Estado, se niegue a las y los
trabajadores de la ciencia las condiciones mínimas para realizar nuestro
trabajo y poder contribuir al bienestar social. Frente a la oportunidad
histórica de regularizar nuestras condiciones de contratación originales,
irregulares e ilegales, la respuesta de CONACyT ha sido emitir una nueva
normativa del Programa que en general recrudece la exigencia y las condiciones
estructurales de incertidumbre, burocratización del quehacer científico e
incluso agrega a nuestras obligaciones la búsqueda de un empleo en nuestras
instituciones receptoras u otras, en un contexto en el que el propio CONACyT no
ha podido generar las condiciones para una política de recambio generacional en
el sector científico del país.”
Los trabajadores
de México debemos saber que desde 1996, el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), denominada Jurisprudencia P./J. 1/96, establece que
el personal académico que labora en los Centros Públicos de Investigación (CPI)
del CONACyT deben regirse de conformidad con el apartado A del artículo 123 de
nuestra Constitución; así, con base también en el artículo 3° de nuestra Carta
Magna y la Ley de Ciencia y Tecnología que otorgan autonomía a este tipo de
organismos públicos descentralizados del Gobierno federal, el personal
académico no solo goza de sus derechos de libertad sindical, negociación
colectiva y huelga, sino también de libertad de investigación y cátedra.
No obstante,
en marzo de 2021, la Segunda Sala de la SCJN presentó una solicitud al Pleno de
la SCJN para modificar este régimen laboral y sustituir la Jurisprudencia P./J.
1/96 por un nuevo criterio jurídico donde ahora los trabajadores de los CPI del
CONACyT queden adscritos al apartado B del artículo 123 constitucional, lo que
implicaría que éstos se convertan en personal de confianza perdiendo con ello
sus derechos a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la
huelga.
Esta
ambigüedad en la aplicación de la ley explica el porqué, con la mano izquierda,
los investigadores pudieron formar su sindicato y obtener la constancia o toma
de nota que extiende la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como
corresponde a los trabajadores que se rigen por el apartado A, y, por otro
lado, con la mano derecha, la JFCA y el CONACyT les niegan su derecho a la
negociación colectiva y a la huelga porque los consideran personal adscrito al
apartado B. Se trata pues de una aparente contradicción que el gobierno
morenista conduce pérfida y deliberadamente en favor de sus intereses.
En estricto sentido, mientras la Jurisprudencia
P./J. 1/96 no sea sustituida por el nuevo criterio morenista que obligue a los
investigadores de CONACyT a regirse por el apartado B del artículo 123
constitucional, su derecho al CCT y a la huelga están vigentes, por
consiguiente, es muy probable que su amparo ante los tribunales federales
prospere en contra de la arbitraria y prematura resolución de la JFCA. Por lo
visto, con su maniobra política lo que el gobierno morenista pretende es ganar
tiempo pidiendo a los investigadores que se atengan a las Condiciones Generales
de Trabajo que establece unilateralmente el CONACyT al personal burocrático para
posteriormente ahogar legalmente la inconformidad de los investigadores
organizados en el SIINTRACATEDRAS.
Los
trabajadores debemos tener presente que la falsa política de austeridad
republicana que el gobierno morenista impuso en toda la administración pública está
provocando estas fatales consecuencias: por ejemplo, en la inversión pública
destinada a la ciencia vemos que, además de la drástica reducción al presupuesto
asignado al CONACyT, desapareció también 109 fideicomisos públicos de los
cuales 91 estaban destinados para el CONACyT y los CPI, lo que significó un
recorte presupuestal superior a los 25 mil 740 millones de pesos.
No es
casual entonces que desde el nacimiento del programa Cátedras Conacyt en 2014 a
la fecha, el 86 por ciento de los despidos se hayan ejecutado entre 2019 y 2020;
y mientras que en 2014 se contrataron 342 investigadores, en 2020 solo se realizaron
siete contrataciones, cifras que evidencian un “desmantelamiento paulatino del
programa”, como bien señalan los investigadores. Y si lo anterior no fuera
suficiente, basta con conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022
para entender que por tercer año consecutivo al gobierno morenista nos
demuestra que la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, le
importan un carajo.
Finalmente, a pesar
de los obstáculos y dificultades que el gobierno morenista les ha impuesto, más
preocupado en destinar recursos económicos a sus programas asistenciales con
fines electoreros que en favor de la ciencia, la tecnología y la innovación,
los investigadores del programa Cátedras
Conacyt y, en general, todo el personal científico que labora en los institutos
de educación superior y en los distintos CPI del país, deben unirse,
organizarse, apoyarse en la fuerza de comunidad científica, en otras
organizaciones sindicales y sociales, para seguir exigiendo y luchando por el
respeto a sus derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, así
como su libertad académica, de investigación y cátedra, conforme al mandato del
apartado A del artículo 123 de nuestra Constitución. Sin duda, la ruta por la
que hoy transitan será larga y sinuosa pero es la ruta correcta.
