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Ricardo
Torres
El pasado 6 de julio, con bombo y platillo, la Secretaría
de Economía anunció que, después de meses de negociación, la empresa canadiense
Triturados Mineros del Noroeste S.A. de C.V. y el Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana, acordaron la reapertura de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, en
donde laboran 324 mineros encargados de la extracción de zinc, plomo y plata.
Llama la atención que en dicho anuncio estuvieran presentes
las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Economía, Tatiana
Clouthier Carrillo; de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján;
el Director Ejecutivo de la empresa, Darren Blasutty; por el sindicato minero,
Napoleón Gómez Urrutia; y, al centro de todos ellos, Graeme Clark, embajador de
Canadá en México. Todo un acontecimiento. En el comunicado conjunto se destaca
que el Gobierno de México “facilitó diversas mesas de negociación, en las que, por
medio del diálogo abierto, las partes llegaron a un acuerdo que soluciona el
conflicto que había mantenido cerrada la mina […] Con estas acciones se cumple
con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrir la mina
sin dejar de observar el respeto a los derechos laborales, la inversión de la
empresa y el compromiso de la Cuarta Transformación de atender las causas
sociales con justicia y bajo la premisa de que, al margen de la ley, nada; por
encima de la ley, nadie. Reiteramos que México es un país que favorece el clima
de inversión y de trabajo, y seguirá promoviendo las inversiones extranjeras en
beneficio de la planta productiva y el desarrollo económico sostenido de la
nación.”
En
la superficie, pareciera que se trata de un acto de justicia laboral que,
gracias a la intervención del Gobierno de la Cuarta Transformación, en el marco
de un diálogo abierto, se logró que la empresa y los trabajadores acordaran la
reapertura de la mina San Rafael para bien de los mineros, los patrones y de la
economía del país. Sin embargo, sabedores de la proclividad del gobierno
morenista a mentir y ocultar sus verdaderos intereses, a los trabajadores de
México nos conviene conocer algunos aspectos que nos permitan comprender un
poco más sobre la naturaleza y desenlace de este conflicto. Veamos.
En
agosto de 2019, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero
Metalúrgica CTM, encabezado por Javier Villareal Gámez, conforme al
procedimiento establecido por la ley, obtuvo legítimamente la titularidad del
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la empresa Triturados
Mineros del Noroeste S.A. de C.V., filial de la empresa concesionada de capital
canadiense, Americas Gold and Silver,
que dirige Darren Blasutty. No obstante, cinco meses después, en enero de 2020,
a la usanza del más añejo estilo cetemista, el hoy senador Napoleón Gómez
Urrutia, recordando sus viejos tiempos, sin que mediara procedimiento o juicio
ante autoridad laboral competente, ordenó cerrar los accesos a la mina y orquestó
un paro de labores para forzar a la empresa, desplazar ilegalmente al sindicato
de la CTM y, bajo presión, obtener dicho CCT. Se desató así un nuevo episodio
de la lucha actual que protagonizan el viejo sindicalismo charro de la CTM y el
nuevo sindicalismo charro de Morena, en este caso, capitaneado por el senador
Napoleón Gómez Urrutia quien es, además, el flamante Presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. El encumbrado legislador
sindical, sin rubor alguno, pisoteando la ley.
Desde el inicio del conflicto, la empresa manifestó su
abierto rechazo a las acciones ilegales lideradas por Gómez Urrutia, sin
embargo, el gobierno morenista y las autoridades del trabajo guardaron un
encubridor silencio. El sindicato minero del senador morenista promovió entonces
una demanda por la titularidad del CCT ante la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA). Así, durante ocho meses de paro ilegal, con la anuencia del
Gobierno federal y las autoridades del trabajo, se fueron preparando las
condiciones para favorecer a Gómez Urrutia y, finalmente, en septiembre de 2020
la JFCA ordenó realizar el recuento de trabajadores donde, como era de
esperarse, su sindicato obtuvo la mayoría. De inmediato la JFCA emitió el laudo
mediante el cual se reconoce legalmente al sindicato minero del senador
morenista como titular del CCT. La maniobra estaba consumada: con la
intervención directa del gobierno morenista lo ilegal se convertía en legal. Por
su parte, la empresa se opuso al resultado del recuento, promovió amparos
contra dicha resolución, declaró terminadas las relaciones colectivas de
trabajo ante la imposibilidad de continuar operando y procedió a realizar los
trámites correspondientes. ¿Dónde quedó entonces la premisa de que, “al margen de
la ley, nada; por encima de la ley, nadie”? Solo palabrería.
No
obstante, aunque Gómez Urrutia tenía en sus manos la titularidad del CCT, la
empresa se negó a reiniciar sus actividades. El paro ilegal se prolongó por
seis meses más y el conflicto entre Gómez Urrutia y la empresa canadiense fue
escalando hasta el punto en que, finalmente, quedó exhibida la mano que mece la
cuna. En la conferencia mañanera del 17 de marzo, el presidente Andrés Manuel
López Obrador recibió, al respecto, la siguiente pregunta: “[…] La pregunta del pueblo de Cosalá, de los mineros de Sinaloa, de
los trabajadores, pues es: ¿qué va a pasar?, que si van a estar obligados a
seguir cerrando minas como un acto de presión. ¿Qué ha platicado usted, señor
presidente, con el embajador de Canadá en México, que ya estaba en conocimiento
de estas negociaciones? y ¿que si los empresarios canadienses van a seguir
violando sistemáticamente la ley en México y si quieren detener este proceso
del nuevo sindicalismo, del nuevo respeto a los trabajadores y que los
trabajadores, por primera vez, pues puedan elegir a sus dirigentes que ellos
quieren y que están amparados en la ley?” Como podemos ver, se trató de un
montaje interpretado por la prensa domesticada, una pregunta hecha a la medida, como confeccionada por el
mismísimo Gómez Urrutia.
El presidente contestó así: “[…] la mina de Cosalá en Sinaloa que -le
explico a los mexicanos- no aceptaba, no acepta la empresa al sindicato,
entonces se estaban peleando la titularidad del contrato, porque hay la mala
costumbre -así también era antes- que querían las empresas tener sindicatos a
modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían
a los trabajadores. Entonces, en este caso, como había dos sindicatos
peleándose la titularidad del contrato, se hizo un recuento y ganó, por
decisión de los trabajadores, un sindicato para que representara a los
trabajadores; pero como no es del agrado de la empresa no quieren iniciar
actividades, porque quieren tener su sindicato y no están cumpliendo con el
mandamiento de ley de la Secretaría del Trabajo. Entonces, aprovecho para pedirle
al secretario de Relaciones Exteriores que hable con el gobierno de Canadá y
que explique esta situación. Y que no se vaya a entender como amenaza, ni
siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el gobierno
puede revocar la concesión a la empresa, y no va a faltar otra empresa que
quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera.” Con
argumentos inexactos y verdades a medias, AMLO intencionalmente omitió decir
que el conflicto tuvo su origen 14 meses atrás con un paro ilegal ejecutado por
el senador morenista Gómez Urrutia y, en defensa de éste, amagó a la empresa
canadiense con “revocar la concesión” de la mina. Y no podía ser de otra manera
ya que, desde el inicio del conflicto, el senador morenista contó con el apoyo
del Gobierno federal. AMLO ordenó entonces la intervención de las distintas
secretarías de Estado para ocuparse del caso y resolver el conflicto.
Después
de un paro ilegal impuesto por más de año y medio como mecanismo de presión,
declarar en julio de 2021 que la solución al conflicto se alcanzó “por medio
del diálogo abierto”, y que la política económica del gobierno morenista “favorece
el clima de inversión”, resultan un verdadero despropósito. Por tanto, para
lavarse la cara, había que realizar este comunicado conjunto en presencia de
tan distinguidas personalidades y con la parafernalia correspondiente, que
sirvieran de marco para enviar señales al capital extranjero en el sentido de
que no se confundiesen ni se preocuparan ya que, “como era antes”, las empresas
seguirán teniendo “sindicatos a modo”, de protección, solo que ahora bajo la
dirigencia del nuevo sindicalismo charro de Morena.
El
conflicto de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, en un inicio, fue un
conflicto intersindical entre el viejo sindicalismo charro de la CTM y
el nuevo sindicalismo charro de Morena; después del recuento “a modo” y del
otorgamiento de la titularidad del CCT a Gómez Urrutia, se convirtió en un
conflicto entre la empresa y el senador morenista; y, finalmente, se transformó
en un conflicto que el Gobierno morenista tomó en sus manos para llevarlo al
plano internacional. Así las cosas, resulta evidente que el comunicado oficial oculta
la verdad cuando dice que “las partes llegaron a un acuerdo que soluciona el
conflicto que había mantenido cerrada la mina”. El problema no fue
resuelto por “las partes”, es decir, por la empresa y los trabajadores que
exigían respeto a sus derechos laborales, sino que fue resuelto por el Gobierno
canadiense en defensa de los intereses de la empresa Americas Gold and Silver y el Gobierno mexicano en defensa de su
nuevo sindicalismo charro que, en el ámbito de la minería, encabeza su delfín,
el senador Gómez Urrutia.
Lo ocurrido en la mina San Rafael nos confirma que
la ley laboral es un instrumento jurídico que sirve para regular las relaciones
obrero-patronales, pero que se aplica y ajusta no siempre en favor de los
trabajadores, sino con mucha frecuencia en favor del poder económico y
político.
En Cosalá
se vivió un conflicto que el gobierno morenista resolvió torciendo
la ley, un conflicto que, con el paso del tiempo, fue escalando al ámbito
político nacional e internacional, pero que, al mismo tiempo, se fue alejando
de los verdaderos intereses y necesidades de los mineros. El Gobierno federal,
la empresa y los sindicatos en pugna se enfrascaron en un conflicto defendiendo
sus respectivos y mezquinos intereses, olvidándose por completo de las legítimas
demandas de los mineros, como son: el incremento salarial, pago de utilidades,
regulación de la jornada de trabajo que se extiende hasta por 12 horas, despidos
injustificados, capacitación para el manejo de equipos, seguridad social ya que
muchos de los mineros no están inscritos al IMSS, seguro de gastos médicos
mayores y, de manera especial, la seguridad e higiene en la mina, la falta
ventilación, salidas de emergencia, uniformes, equipo y calzado, atención de
salud en las enfermedades profesionales recurrentes provocadas por la
acumulación de plomo en sangre, o en los accidentes de trabajo donde muchos de
ellos han sufrido mutilaciones, pérdidas orgánicas y padecimientos que los
imposibilitan para seguir laborando, entre muchas otras. ¿Cómo y en qué tiempo
serán atendidas estas justas demandas de los trabajadores?, ¿qué dicen al
respecto la empresa y el sindicato minero de Gómez Urrutia? Nada de esto
aparece en el comunicado conjunto emitido por el Gobierno federal.
Compañeros
trabajadores, lo ocurrido en la mina de San Rafael nos muestra que el interés
del gobierno morenista no es la vida, los derechos y el bienestar de los
trabajadores, sino el seguir aplicando una política clientelar que le garantice
mantenerse en el poder: su obstinada defensa en favor de Gómez Urrutia obedece
al beneficio electoral que el voto corporativo de miles de mineros agremiados
en su sindicato le puede garantizar a Morena, sin importarle que para ello se
actúe al margen y por encima de la ley.
Estemos
todos atentos a lo que ocurre en nuestros centros de trabajo, porque lo acontecido
a los mineros de Cosalá, es solo un botón de muestra de lo que, en alguna
medida, nos puede suceder a nosotros. Si no queremos ser manipulados por el
Gobierno, los patrones y los sindicatos charros de ayer y hoy, debemos organizarnos
bajo una genuina y probada dirección, participar activamente y luchar sin
tregua en defensa de nuestros derechos e intereses. No existe otra solución.
