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Por: Sergio Cadena
La crisis económica que desde el 2019 ya se venía
agudizando en México, agravada por la pandemia del Covid-19, amenaza con cerrar
en este 2020, con más de 12 millones de empleos perdidos y sus correspondientes
consecuencias. En efecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) estimó que la pobreza en México incrementará en 7.6 por ciento en este
año al pasar de 41.9 millones de personas en 2019 a 49.5 millones de personas
en 2020, mientras que la pobreza extrema crecerá 6.3 por ciento, al aumentar de
11.6 millones a 17.4 millones y esto va a estar relacionado, sin lugar a dudas,
con la pérdida del empleo, dijo Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL.
Por su parte el CONEVAL declaró que en México se incrementó la pobreza laboral
hasta llegar a un 54.9 por ciento.
Para contrarrestar los efectos negativos de esta crisis
económica y social que es la más grave desde hace más de un siglo, la CEPAL y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) propusieron a los gobiernos
impulsar cinco medidas para garantizar un ingreso básico que les permita a las
familias sobrevivir dignamente:
1.-143
dólares por seis meses para los más pobres,
2.-Bono
adicional contra el hambre para los que están en extrema pobreza de 67 dólares,
3.-Apoyo
de emergencia a las Mipymes,
4.-Políticas
fiscales progresivas, y
5.-Acceso
a financiamiento.
Bárcena
y Carissa Etienne, directora de la OPS coincidieron en que lo más importante es
reconocer el impacto de la crisis, cosa que en México el gobierno federal no da
muestras de que lo quiera admitir, ya que a través del Ejecutivo en sus
mañaneras ha insistido en múltiples ocasiones en decir que “ya vamos de salida”,
“que no se han perdido empleos”, “yo tengo otros datos”, etc., etc. También
declararon que esta crisis “exigirá nuevos pactos sociales y fiscales”. Sin
embargo, al no reconocer la gravedad de la crisis y minimizarla hasta el
extremo, tampoco se realizan acciones como las que propone la CEPAL y la OPS
con el fin de mitigar los efectos negativos de dicha crisis.
Lejos
de aumentar los programas u organismos de apoyo destinados a auxiliar a los
sectores de la sociedad más vulnerables, el Gobierno mexicano acaba de
desaparecer 109 fideicomisos, con lo cual se agudizará el rezago científico, la
promoción deportiva y la actividad cultural, pues se eliminan recursos
destinados a actividades muy importantes para el país, desde la investigación
hasta la atención de desastres naturales que afectan a los sectores más
empobrecidos del país, por lo que es una medida contraria a los intereses
nacionales y, por lo tanto, una medida antipatriótica.
No obstante, a mediados de el 2021 el pueblo trabajador
tendrá la oportunidad, en el proceso electoral que renovará la Cámara de
Diputados, para no elegir a diputados que se olvidan de representar a todo el
pueblo mexicano por apoyar al presidente de la República con medidas tan
antipopulares y antinacionales como éstas. Y ¿cuál ha sido la justificación?
¡Que había corrupción! Pero “no hay que
tirar al bebé con el agua sucia de la bañera”, es decir, se podía y debía
corregir el mecanismo de funcionamiento para evitar la corrupción y no optar
por la salida más fácil: desaparecer el problema mediante la desaparición del
organismo. Como si un médico matara a sus pacientes en lugar de curarlos.
Urge que la clase obrera mexicana eleve su nivel de
conciencia para que de manera firme e intransigente defienda sus derechos a la
salud, al trabajo, al alimento, etc. Todos ellos derechos constitucionales
ganados con ríos de sangre en la
Revolución Mexicana de 1910-1917. Para que no permita que ningún gobierno
insulso le arrebate con argumentos triviales su derecho a realizarse mediante
el trabajo.
