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Ricardo Torres
Después de los desastrosos gobiernos del PRI y el PAN, en 2018 Morena asumió el poder político de la nación presentándose como “La esperanza de México”. El gobierno morenista, disfrazado de “izquierda”, se autoproclamó como la cuarta transformación político-social que acabaría con la corrupción, la pobreza y la desigualdad, en suma, pondría fin al modelo económico neoliberal. Sin embargo, los hechos nos demuestran que el régimen económico capitalista neoliberal imperante en nuestro país está más vivo y vigoroso que nunca: los hombres más ricos del país se han hecho inmensamente más ricos mientras que los pobres ahora son mucho más pobres. Y no podía ser de otra manera, la prosperidad económica de unos cuantos magnates se explica, inevitablemente, por la miseria de millones de mexicanos. Esa es la esencia del capitalismo neoliberal.
En este marco, a unos meses de concluir el sexenio de AMLO y a días de la conmemoración del 1° de Mayo, podemos afirmar que la política laboral bajo el gobierno de la 4T también resultó ser un engaño, pura demagogia y manipulación. Para demostrar esta afirmación basta con repasar algunos aspectos que revelan el verdadero rostro de la política laboral de Morena.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019. Una reforma que sirvió para ejecutar y dar continuidad a la reforma constitucional (artículos 107 y 123) en materia de justicia laboral promovida por el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto en 2017. Esta reforma a la LFT en 2019 no obedeció al genuino interés por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, sino que respondió a dos propósitos distantes: cumplir con el mandato del gobierno norteamericano que condicionó la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a la realización en nuestro país de una reforma laboral acorde a los intereses del imperio; y, por otro lado, impulsar las pretensiones políticas del nuevo gobierno morenista que con dicha reforma aspira a sustituir al viejo charrismo priista por un nuevo charrismo morenista encabezado ahora por viejos expriistas como Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces Barba, y por nuevos simuladores de “izquierda” como Susana Prieto Terrazas o Pablo Franco Hernández, encargados de obtener el control del sindicalismo nacional con miras a imponer su hegemonía en el seno de la clase obrera mexicana.
Hablamos de una reforma laboral priista-morenista que dejó intactos los abusivos mecanismos de explotación de los patrones sobre los trabajadores, que protege la flexibilización laboral, esto es, la libertad del empresario para contratar, disponer y ejercer dominio absoluto sobre la fuerza de trabajo, eliminando todas las reglas de carácter laboral que impidan el libre funcionamiento del mercado y de sus estrategias empresariales. Una reforma que, atendiendo al capítulo 23 del T-MEC, permite mecanismos supranacionales de vigilancia y supervisión (como lo es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida / MLRR) para que el gobierno de Estados Unidos, junto con los charros gringos agrupados en la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), puedan intervenir en forma expedita en nuestros conflictos laborales internos cuando a sus intereses convenga, lo que significa una abierta intromisión del gobierno norteamericano en la vida laboral de nuestro país.
El incremento nominal al salario mínimo. De 2018 a 2024 el salario mínimo se incrementó de 88.36 a 248.93 pesos diarios. Sin duda, desde el punto de vista nominal, los incrementos al salario mínimo en el gobierno de Morena superan por mucho a los incrementos salariales realizados en los últimos sexenios del PAN y del PRI. Esto es completamente cierto. Y este razonamiento numérico ha sido timbre de orgullo para el gobierno morenista.
No obstante, si pasamos del análisis comparativo numérico al terreno de la realidad concreta que el trabajador enfrenta al momento de acudir al mercado con su salario real a adquirir los bienes y servicios que consume para satisfacer las necesidades más elementales para él y su familia, veremos que los “históricos” incrementos al salario mínimo celebrados por Morena se esfuman frente a la inflación, frente al galopante incremento de los precios de las mercancías, por tanto, al igual que los incrementos salariales del PAN y del PRI, los incrementos que ahora presume Morena siguen estando lejos, pero muy lejos, de satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, fracción VI, y la Ley Federal del Trabajo en su artículo 90 nos dicen que: “El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”. Luego entonces, los 248.93 pesos diarios que actualmente recibe un trabajador no le permiten adquirir ni siquiera la mitad de los productos alimenticios de la canasta básica, ¿cómo podrá entonces pagar, además, el gas, la luz, transporte, vestido, calzado, útiles escolares, uniformes, colegiaturas, salud, vivienda y demás requerimientos de “orden material, social y cultural”, para su familia? Resulta evidente entonces que la clase trabajadora, debido a su miserable ingreso salarial, se encuentra encadenada a vivir en la pobreza. La esposa y los hijos se ven obligados a sumarse al trabajo asalariado u otro tipo de actividad económica para poder sobrevivir y malcomer. Así las cosas, resulta que para el sostenimiento de una sola familia, el capital ahora explota no sólo al jefe de familia, sino a todos sus integrantes.
Engaño y represión en contra de los trabajadores. Recordemos como en octubre de 2021 se ordenó la artera represión de la fuerza pública en contra de los obreros que con justa razón reclamaban mejores condiciones de trabajo y respeto a sus derechos laborales en la refinería de PEMEX en Dos Bocas, en Tabasco; los 10 mineros que, en agosto de 2022, fallecieron atrapados en el pozo del Pinabete, en Sabinas, Coahuila, debido al incumplimiento del patrón con las normas de seguridad impuestas por la ley, pero también por el incumplimiento del gobierno morenista en su responsabilidad de hacer cumplir dichas normas y por su incapacidad operativa para garantizar una estricta vigilancia de los inspectores de trabajo, especialmente en las empresas mineras; los trabajadores de Mexicana de Aviación e Interjet que, en septiembre y diciembre de 2022, respectivamente, fueron desalojados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Marina; los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que fueron reprimidos en la Ciudad de México, en septiembre de 2023, por manifestarse en contra de la eliminación de los fideicomisos que significan un recorte presupuestal de 15 mil millones de pesos que impactará en sus prestaciones y pensiones; los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), quienes después de tres años y 10 meses de huelga, en diciembre de 2023 fueron obligados a recibir sus indemnizaciones porque finalmente el gobierno morenista resolvió reventar la huelga por la vía de desaparecer la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex); pasando por muchos otros atropellos en contra de los trabajadores que van desde la existencia encubierta de las empresas subcontratadas (outsourcing) para violar los derechos de los trabajadores, la reforma a la LFT que agrega la fracción VIII al artículo 127 para establecer un tope máximo de tres meses de salario al pago de utilidades, hasta los recientes y abusivos intentos del gobierno morenista de disponer de los ahorros de los trabajadores que, después de los 70 años de edad, no han retirado su dinero acumulado en sus cuentas de Afores.
Como vemos, el gobierno que se dice de “izquierda”, que llegó al poder enarbolando la bandera de “Primero los pobres”, resultó ser más neoliberal que los neoliberales del PRIAN. Pero la clase obrera no puede cruzarse de brazos, ni esperar resignada a que los gobiernos al servicio del capital les brinden mejores condiciones de vida. Que la conmemoración de este próximo 1° de Mayo sirva para reflexionar y sacudir sus conciencias y, consecuentemente, para que se decidan a participar activamente en sus distintos centros de trabajo, para informarse, prepararse, organizarse y luchar combativamente en defensa de sus legítimos intereses.
