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Ricardo Torres
Han transcurrido ocho largos meses del inicio de un infernal bombardeo contra el pueblo palestino, un criminal ataque israelí que ha demolido por completo la infraestructura urbana en la Franja de Gaza, con más de millón y medio de palestinos desplazados y un saldo de más de 36 mil civiles muertos, principalmente mujeres y niños, y más de 80 mil heridos de los cuales los más graves habrán de morir inevitablemente a causa del colapso del sistema sanitario palestino que ha quedado devastado, sin personal, equipos ni medicamentos. Además de la escasez de alimento y agua potable que el Gobierno de Israel impide que del exterior, como ayuda humanitaria, llegue a la población palestina. Un verdadero genocidio.
La catástrofe palestina (Nakba) no comenzó apenas el 8 de octubre de 2023 como desproporcionada respuesta al ataque de Hamás contra Israel, sino que inició desde 1948 tras emitirse la resolución 181 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que establece un plan de partición del territorio palestino para la creación y coexistencia de un Estado palestino y un Estado judío. Desde entonces han transcurrido más de siete décadas de opresión, crímenes, desplazamientos forzosos, colonización y un apartheid impuesto a sangre y fuego por el ejército israelí en contra del pueblo palestino con el objetivo de apoderarse de todo su territorio.
Hoy en día, tras el reciente genocidio que sufre Gaza, no cesan las diversas y significativas manifestaciones en solidaridad con Palestina, las multitudinarias movilizaciones en cientos de ciudades en el mundo entero exigiendo un alto al fuego en la Franja de Gaza; las continuas marchas de protesta que se han realizado no solo en las naciones árabes, sino en Estados Unidos, Reino Unido o Israel en contra del gobierno asesino de Benjamín Netanyahu; la consecuente decisión de Gobiernos como Jordania, Sudáfrica, Bolivia y Colombia que rompieron relaciones diplomáticas con Tel Aviv; se sumaron España, Noruega e Irlanda a los más de 140 países que desde 1988 reconocen al Estado Palestino; Turquía y Yemen han adoptado fuertes medidas para entorpecer el comercio hacia Israel y los tambores de guerra no dejan de anunciar un posible enfrentamiento regional árabe ante la impunidad criminal de Israel.
En este marco, el lunes 20 de mayo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, solicitó formalmente a los Jueces de la Corte que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamás, para ser juzgados por realizar ataques directos a civiles, homicidio intencional, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad de exterminio, causar inanición a la población civil, entre otros delitos cometidos en la Franja de Gaza al menos desde el 7 de octubre de 2023.
Por su parte, el 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también con sede en La Haya, ordenó a Israel detener su ofensiva en Rafah, ubicada al extremo sur de Gaza y frontera con Egipto. “Israel debe suspender inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial”. Además, la CIJ ordenó a Israel abrir el paso de Rafah para la llegada de ayuda humanitaria y permitir la entrada de inspectores para realizar una investigación sobre el terreno. La Corte ha considerado que la situación en Rafah, donde se centran ahora los recientes ataques de Israel, es “desastrosa”.
Sin duda, las resoluciones de la Fiscalía de la CPI y de la CIJ son medidas justicieras con una importante significación diplomática ante el exterminio y sufrimiento que vive el pueblo palestino. No obstante, el alcance real del derecho internacional se topa no solo con las limitaciones e inconsistencias propias de su confección, sino con los intereses económicos, políticos y militares del imperialismo norteamericano.
La CPI es un organismo autónomo que no forma parte de la ONU, se fundó en Italia y entró en vigor en 2002, se rige con base en el Estatuto de Roma y juzga a las personas acusadas de crímenes graves de trascendencia internacional. Sin embargo, la Corte no dispone de fuerzas policiales para hacer cumplir sus órdenes y, por tanto, depende de la buena voluntad de sus Estados miembros para ejecutar sus decisiones. Además, como Israel no reconoce a la CPI ni ha ratificado el Estatuto de Roma, en el supuesto de que la CPI emitiera las órdenes de detención solicitadas por su Fiscal contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel no estaría obligado a acatar dicho dictamen para que estos criminales sean juzgados. Si bien cualquiera de los 124 Estados adheridos al Estatuto de Roma podrían detenerlos si visitan su territorio, lo cierto es que difícilmente se atreverían a desafiar no solo a Israel sino a su verdadero protector: el imperialismo norteamericano.
La CIJ se fundó en 1945 y es el principal órgano judicial de la ONU, se desempeña con arreglo al derecho internacional para dirimir las controversias entre las naciones emitiendo dictámenes vinculantes para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, es un organismo internacional que tampoco dispone de mecanismos para hacer cumplir sus sentencias. Por ello, a pesar de su dictamen emitido en mayo para que se detenga la ofensiva israelí, el ejército de Netanyahu sigue bombardeando a su antojo los campamentos de refugiados palestinos en Rafah. Como vemos el derecho internacional solo es aplicado y coercitivo en la medida que obedezca a los intereses económicos, políticos y militares de los dueños del poder.
Para ocultar su verdadero interés por extinguir a la población palestina para apoderarse por completo de su territorio, el Gobierno de Israel utiliza el falso y desgastado argumento de su “legítimo derecho a la defensa nacional”, declarando que no acatará el dictamen de ningún tribunal internacional ni aceptará un alto al fuego en la Franja de Gaza hasta destruir la capacidad militar y de gobierno de Hamás para garantizar así que Gaza no represente una amenaza para Israel. Se indignan ante el ataque de Hamás pero se niegan a aceptar que éste fue solo la cosecha de décadas de crímenes y opresión que Israel ha sembrado en territorio palestino.
Durante estos ocho meses de genocidio en Gaza, ni la abrumadora mayoría de países que en la Asamblea General de la ONU aprobaron una resolución que exige una “tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida”; ni las propuestas de paz planteadas al seno del Consejo de Seguridad de la ONU en favor de un alto al fuego pero rechazadas por el “veto” de Estados Unidos; ni las resoluciones de la CPI y la CIJ han logrado frenar el criminal genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Por lo visto, a la luz de este conflicto, el respeto al imperio de la ley y a la sagrada democracia, dos de los principales pilares discursivos que han permitido que el salvaje régimen capitalista se imponga en el mundo, aparecen hoy al desnudo y en su justa dimensión, solo como categorías para la manipulación y control de los dueños del capital sobre los pueblos del mundo.
La impunidad con la que Israel viola el derecho internacional solo puede explicarse porque su ocupación y control sobre el territorio palestino es también parte de los objetivos económicos, políticos y militares del imperialismo norteamericano y sus aliados del bloque Occidental, en virtud de la posición geográfica que ocupa Palestina, en el extremo este del Mar Mediterráneo, puente natural para el intercambio económico y comercial entre Europa, Asia y África, y porque, además, cuenta con importantísimas reservas de gas natural. Por consiguiente, debemos comprender que este nuevo genocidio en Gaza es, en el fondo, parte integrante de una política imperialista diseñada por Estados Unidos y sus aliados para adueñarse del mundo y ganar posiciones geoestratégicas con miras a un posible enfrentamiento contra Rusia y China en la lucha por conservar un orden mundial unipolar decadente frente al inevitable surgimiento de un vigoroso orden mundial multipolar.
