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Ricardo Torres
Con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados, la Cámara de Senadores consumó la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo que el gobierno podrá disponer de 40 mil millones de pesos de ahorros para el retiro de trabajadores de más de 70 años que no los han reclamado. El gobierno dice que serán asignados para elevar el monto del retiro de los trabajadores que están por pensionarse. De esta manera, afirman, los trabajadores tendrán garantizada una pensión mensual de poco más de 16 mil pesos.
Este Fondo de Pensiones para el Bienestar, denominado también “fondo semilla”, además de los 40 mil millones de pesos acumulados en las Afores, estará constituido por los recursos que se obtengan por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, las utilidades del Tren Maya, Mexicana de Aviación y los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Que nadie se engañe. A unas semanas de las elecciones, el gobierno morenista busca a toda costa mantenerse en el poder político de la nación, y por ello instrumenta la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, al igual que lo hace con los programas sociales de asignación monetaria directa, para ganarse el voto de cientos de miles de trabajadores que en edad de pensionarse escuchan, junto con sus familias, que la 4T aprobó una reforma para elevar el monto de sus pensiones. Se escucha bien pero es solo un espejismo.
El financiamiento de las pensiones en nuestro país es un problema monstruosamente mayor y complejo que requiere de una reforma de pensiones integral y de mayor calado, si la comparamos con el espejito que hoy ofrece la 4T con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es como si la mortal pandemia de Covid-19 quisiera combatirse con escapularios e imágenes religiosas de “detente”: los más de 800 mil fallecidos en México revelan las fatales consecuencias de este tipo de políticas demagógicas y manipuladoras. Veamos.
Desde 1973 el sistema de pensiones en México era administrado por el IMSS o el ISSSTE, según el tipo de empleador, privado o público respectivamente, que tuviera cada trabajador; un modelo pensionario también conocido como de reparto solidario. Pero en 1997 el Gobierno federal, encabezado en aquel entonces por Ernesto Zedillo y obedeciendo a los intereses del capital, puso en marcha el sistema de capitalización individual, en donde ahora los trabajadores realizan sus aportaciones en entidades financieras privadas llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), entidades financieras dedicadas a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores, entidades que están sujetas a la vigilancia y regulación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Cabe señalar que las Afores no son bancos ni aseguradoras, sino instituciones financieras que se dedican exclusivamente a administrar los ahorros de los trabajadores, que por ello cobran comisiones y, al mismo tiempo, se encargan de invertir el monto total de los ahorros de los trabajadores para obtener intereses y rendimientos. No obstante, a 27 años de distancia, este sistema de capitalización individual ha sido incapaz de ofrecer pensiones dignas a los trabajadores pero sí jugosas ganancias para quienes “administran” dichos ahorros.
Ahora bien, el pasado 5 de febrero, a unos meses de concluir su sexenio, AMLO presentó 20 iniciativas de reforma; una de ellas fue la reforma al sistema de pensiones donde se plantea que todos los trabajadores que iniciaron a cotizar al IMSS después del 1° de julio de 1997 y los que estén bajo el régimen de cuentas individuales en el ISSSTE, podrán tener derecho a que su pensión de retiro por vejez corresponda al 100 por ciento de su último salario con tope al promedio del salario registrado en el IMSS. Sin duda una reforma que favorecería a los trabajadores ya que actualmente los pensionados reciben un ingreso inferior al 50 por ciento del monto de su último salario.
Sin embargo, aunque en lo inmediato la propuesta se escuche bien, se trata de una reforma inviable porque no existen los recursos económicos para garantizar su cumplimiento a mediano y largo plazo. Es algo parecido a los sueños húmedos de AMLO de tener en nuestro país un sistema de salud como en Dinamarca solo porque él así lo imagina y desea. Iniciativas fantasiosas sin sustento financiero alguno. Luego entonces, proyectar que los recursos económicos para instrumentar esta reforma se obtendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, las utilidades del Tren Maya, Mexicana de Aviación y Fonatur, es una vacilada, un engaño.
En el contexto de las próximas elecciones donde se elegirá al presidente de la república, diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, Morena sabe bien que no las lleva todas consigo porque su administración ha sido desastrosa, plagada de mentiras y manipulación. Por tanto, un anzuelo de última hora para obtener simpatías y votos para Morena es reactivar su reforma al sistema de pensiones por la vía de proponer la creación de un “fondo semilla” que ofrezca dinero contante y sonante para darle alguna credibilidad.
En este sentido, para valorar la dimensión económica del problema pensionario en nuestro país, basta con comprender lo que nos dice el especialista financiero, Marco A. Mares, en su artículo titulado “7 billones de pesos, costo oculto: fondo de pensiones”, (El Economista, 24 de abril de 2024): “Casi 7 billones de pesos costará la Reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este año de 2024, 40 mil millones de pesos beneficiarán solo a 18 mil trabajadores. Y en los próximos 6 o 7 años servirá para pagar pensiones a alrededor de 150 mil trabajadores […] Después de ese tiempo, nadie sabe de dónde se obtendrán los recursos que se requieran, porque las fuentes mencionadas hasta ahora, no los tienen. Los 40 mil millones de pesos que confiscará el gobierno representan el 0.5% del ‘costo hundido’ de la Reforma de Pensiones que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar”. Citando al economista Pedro Vázquez Colmenares, el artículo de Mares nos dice “El oficio de la Secretaría de Gobernación menciona que el costo de la reforma de pensiones será de casi 7 billones de pesos, calculo que hizo el propio gobierno […] que coincide con un estudio actuarial privado en el que se calcula que el costo de esta iniciativa de reforma de Ley de Pensiones será de 7 billones en los primeros 50 años y 10 billones de pesos a 75 años”. Un sueño guajiro en un país cuya economía no logra despegar.
Ahora bien, el hecho de que trabajadores de más de 70 años no hayan reclamado sus ahorros en las Afores se explica porque éstos desconocen que dichas cuentas existen. Por consiguiente, disponer de dichos ahorros para el Fondo de Pensiones resulta un abusivo despropósito. Si la reforma al sistema de pensiones propuesta por AMLO requiere de cuantiosos recursos económicos, que el gobierno reforme el sistema tributario y establezca un incremento progresivo de impuestos a los multimillonarios que diariamente aumentan sus riquezas a costa del trabajo de millones de obreros mexicanos. Que estos recursos obtenidos se etiqueten en los Presupuestos de Egresos de la Federación, año con año, y que en verdad se asignen para el pago de pensiones de los trabajadores.
Si no fuera solo un espejismo y en verdad el gobierno de la 4T estuviera preocupado por el bienestar de los trabajadores debería, además, garantizar que estos ahorros acumulados en las Afores no reclamados, sí lleguen a manos de los titulares de las cuentas o bien a manos de sus beneficiarios. Que para ello la Consar y las Afores desplieguen un amplio y prolongado programa de acción conjunta en favor de los trabajadores que no han retirado sus ahorros. Solo entonces, después de agotar el procedimiento respectivo, los ahorros que hayan sido declarados definitivamente sin destinatario se asignen, ahora sí, al Fondo de Pensiones.
Como vemos, dejar intacto el inoperante sistema de pensiones por capitalización individual a través de las Afores, negarse a impulsar una reforma al sistema tributario para que gradualmente paguen más impuestos aquellos que tengan mayores ingresos y disponer de los ahorros no reclamados por los trabajadores para acrecentar el Fondo de Pensiones, revela, una vez más, la política neoliberal del gobierno morenista.
