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Raúl
R. Pérez
In memoriam
a Oliveria Cordero Escalona
mujer humilde víctima del Covid-19
El gobierno de la república
reiteradamente declara la intención de reducir los gastos del Estado. El
presidente repite, siempre que puede, que “no debe haber gobierno rico con
pueblo pobre”, y por eso considera como una virtud incuestionable de su
gobierno predicar la “austeridad republicana”. Creo que nadie discutiría tal
afirmación si la austeridad que se predica consistiera en evitar el despilfarro
del presupuesto, la construcción de obras suntuosas e innecesarias, el gasto en
lujos excesivos, el desvío de recursos, etc.
Pero
tampoco podemos aplaudir como una virtud política un Estado pobre, incapaz de
atender las necesidades elementales del pueblo. Carente de recursos para
proporcionar los servicios básicos que permitan elevar el nivel de vida de la
población: seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo digno y bien
remunerado, luz eléctrica, agua potable entubada, drenaje, caminos, etc., que
demanda la vida moderna. Ninguna austeridad justifica que el gobierno
deje de cumplir sus obligaciones; por lo que debe proveerse de los
recursos necesarios para ello.
Hoy me
limitaré a examinar algunos aspectos de la atención de la salud. Empecemos con
algunos datos de la pandemia. El gobierno dice que, “a pesar de todo, vamos
bien”. Pero estamos colocados en el cuarto lugar mundial en el número de
muertos, con 284 mil 381 (al 17 de octubre), sólo debajo de Estados
Unidos, Brasil e India; países con mucha mayor población que el nuestro. Comparémonos
con el país más poblado del mundo, donde empezó la pandemia: China, con 1,350
millones de habitantes y con 4 mil 636 muertos. Incluso, comparemos nuestros
datos con los datos de la pequeña isla de Cuba; país con mucho menos recursos
que el nuestro y que sufre el bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno
de Estados Unidos, tiene menos de 8 mil fallecimientos por Covid-19; en sus
institutos de investigación ha creado tres vacunas (Abdala, Soberana 02 y
Soberana plus); actualmente lleva el 86.1 por ciento de su población con cuando
menos una dosis de la vacuna y se propone llegar al 90 por ciento en el mes de
noviembre. Y es el primer país del mundo que ha empezado a vacunar a sus niños
a partir de los dos años.
No nos
engañemos, la situación provocada por la pandemia en nuestro país es muy grave.
El Gobierno trata de esconder la dimensión de la tragedia. Incluso, es opinión
generalizada que el número real de fallecidos debe obtenerse multiplicando el número
que da el Gobierno por 2 o 2.5, ya que muchas víctimas de Covid-19 son
reportados como neumonía atípica, y muchos otros han fallecido por otras
enfermedades que no pudieron atenderse porque los hospitales se dedicaban a
atender exclusivamente a enfermos de Covid-19. Si esto es así, rebasamos a la
India, y, tal vez, incluso a Brasil.
Al
principio, el Gobierno no quiso gastar en las medidas de prevención necesarias para
reducir la expansión de los contagios. No hubo las pruebas de detección
necesarias para detectar a tiempo los casos positivos y poder aislarlos (en
China se hicieron millones, aquí no se quiso gastar en ellas). A la gente se le
recomendaba quedarse en casa y no ir a los hospitales sino hasta que estuviera
muy mal; es decir, se le negaba la atención temprana, cuando tenía mayores
posibilidades de encontrar su curación, y sólo se le atendía cuando el mal
estaba muy avanzado y eran más reducidas las posibilidades de curación.
Se le
dio la espalda a la ciencia. Cómo olvidar que el propio presidente de la
república al comienzo de la pandemia dijo que se defendía con el escudo
protector que era el “detente”, y mostró amuletos y estampitas con imágenes
religiosas; y que la secretaria de Gobernación hacía lo propio con unas gotas
de nanopartículas cítricas. Tales disparates solo pueden tener comparación por
lo dicho por sus pares de Brasil y Estados Unidos que decían que esa enfermedad
era como una “gripita” que se iba a quitar con el tiempo; se negaban a usar el
cubrebocas. Trump llegó a decir que había que inyectar desinfectante a los
pacientes. Por algo, Estados Unidos y Brasil son los países con mayor número de
muertos en el mundo.
Sobre
la cantidad de personas contagiadas durante toda la pandemia, y que según el Gobierno
asciende a 3 millones 757 mil 056; no se puede sacar conclusión alguna. Si no
se hacen las pruebas de detección suficientes, tampoco se sabrá realmente cuántos
se han contagiado. El manejo de este parámetro es tan sólo para dar la
apariencia de seriedad y cientificidad que mucho ha faltado al gobierno
morenista.
Sobre las
cifras correspondientes a la ocupación nacional hospitalaria en camas generales
y de terapia intensiva que, según el Gobierno, actualmente anda en el 25 y 21
por ciento, respectivamente, existe una gran manipulación. Se pretende hacernos
creer que la infraestructura hospitalaria puede cubrir todas las necesidades de
la población y más. Pero de qué sirve que haya camas disponibles si la gente se
muere en su casa, en la calle o en cualquier otro lugar, porque en los
hospitales solo se reciben a los enfermos graves. Tampoco debemos olvidar
que en algunos periodos de la pandemia la ocupación de camas alcanzó el 80 por
ciento y en algunas zonas hasta el 100 por ciento. La propia Ciudad de México
tuvo muchos hospitales saturados.
Veamos
la suerte de los trabajadores de la salud durante la pandemia. “México es
actualmente considerado el país con mayor número de muertes de personal de
salud de las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de
la salud (OPS)”. (AFP 10 de mayo de 2021). Reproducido en el periódico “EL
ECONOMISTA” 10 de mayo 2021. Énfasis añadido.
“Durante
los 18 meses que ha durado la emergencia sanitaria por la pandemia del
Covid-19, en México han perdido la vida al menos 4 mil 57 trabajadores y
trabajadoras de la salud, entre especialistas en medicina, enfermería,
odontología, laboratoristas y empleados de unidades médicas.
“La
cifra de trabajadores de la salud fallecidos con Covid-19
en México supera en 140% al número de casos registrado en Estados Unidos,
el país más afectado por la pandemia a nivel mundial, en donde han fallecido 1,
698 especialistas, según los registros de los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC), del gobierno estadounidense”. (publicado el 21-07-2021,
por: corrientealterna.unam.mx).
Ni la
gran cantidad de muertos entre la población general ni entre los trabajadores
de la salud fue obra de la casualidad, sino el resultado natural de las medidas
adoptadas; o, mejor dicho, de la falta de medias de protección adecuadas para
la contención de la pandemia, como lo demuestra el contraste con lo que sucede
en China, país con una población diez veces mayor que la nuestra, y donde
primero se presentó la pandemia por lo que no tuvo tiempo para tomar medidas
preventivas ni aprender del desarrollo de la enfermedad en otras latitudes; sin
embargo, tiene un número de muertos que es 61 veces menor que el de nuestro
país. La política responsable de su Gobierno marcó la diferencia.
Baste
recordar que los profesionales de la salud en nuestro país se quejaron muchas
veces y en diversos lugares de que no se les proporcionaba los equipos de
protección necesarios para su labor; en ocasiones no contaban ni con cubrebocas
adecuados. En estas condiciones los funestos resultados no deben sorprendernos.
Veamos
ahora el capital humano del sector salud. El propio secretario del ramo, Dr.
Jorge Alcocer Varela, ha reconocido el déficit de más de 200 mil médicos y 300
mil enfermeras para cubrir las necesidades de la población. Nos preguntamos ¿y
con estas carencias podemos esperar que nuestro sistema de salud alcance los
niveles de Noruega o de Canadá, como lo prometió el presidente López Obrador?
Pero
aún hay más. En medio de la pandemia se despidió a 2 mil 125 trabajadores de la
salud en uno de los estados más pobres de nuestro país: Oaxaca. Es un grupo de
profesionales especialistas, cirujanos, químicos, nutriólogos, psicólogos,
enfermeras, laboratoristas, camilleros, así como personal administrativo, de
mantenimiento, cocina y limpieza que tenían trabajando de dos a doce años en
los distintos Hospitales de Especialidades, Generales y Comunitarios, Unidades
y Clínicas de Especialidades Médicas y Centros de Salud. Afectando incluso a
hospitales emblemáticos como el Civil Aurelio Valdivieso, el de la Niñez
Oaxaqueña, el único hospital público que atiende a pacientes con cáncer y el de
Especialidades de Salina Cruz.
Se les
despidió con el argumento de que se les acabó su contrato y ya no había
presupuesto para mantenerlos en el servicio. Tanto el gobernador del estado de
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, como el presidente Andrés Manuel López
Obrador, ante quienes se ha planteado el problema, han mostrado una falta total
de sensibilidad para resolver la petición de este importante núcleo de
trabajadores, sin importarles la suerte de más de 2 mil familias humildes, que
de esta manera pierden su único sustento en medio de la pandemia y de la crisis
económica que padecemos; sin importarles tampoco que se deja sin atención
médica y hospitalaria a miles de familias oaxaqueñas de los municipios más
pobres de nuestra patria. Se ignoran los derechos laborales de los
trabajadores, pues si subsiste la materia de trabajo, debe subsistir la
relación de trabajo. La lucha de los trabajadores de la salud de Oaxaca merece
toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo.
Sobre
la falta de presupuesto que se adujo para justificar el despido, cabe
preguntarse, ¿por qué no se otorgaron más recursos para fortalecer el sistema
de salud de Oaxaca?, ¿y los miles de millones de pesos que, según el discurso
oficial, se han recuperado por el combate a la corrupción, dónde están?, ¿por
qué no se invierten en la salud de los más pobres de Oaxaca y de México entero?,
¿dónde están los frutos de la economía sana que presume el presidente, como resultado
de las políticas aplicadas por su gobierno? Ahora es cuando puede demostrarlo,
evitando que se crea que su discurso es palabrería hueca para engañar
inocentes.
Desgraciadamente,
el caso Oaxaca no es único; ni sólo el sector salud padece carencias que
deterioran los servicios públicos que se prestan a la población. A título de
ejemplo, señalamos el caso de Chihuahua que desde hace tres años viene
aplicando recortes a su personal.
“El
gobierno de Chihuahua anunció la liquidación de 2 mil 800 burócratas,
equivalente a 20 por ciento de la plantilla laboral fija, de casi 14 mil
empleados, informó Eduardo Fernández Herrera, subsecretario de Egresos de la Secretaría
de Hacienda del Estado.
“De
entrada, a partir de esta quincena, el Instituto Chihuahuense de la Salud
(Ichisal) no renovó contrato a 300 empleados distribuidos en 10 nosocomios del
estado, entre ellos los hospitales Central, el Infantil, el de Salud Mental en
Chihuahua y el General de Ciudad Juárez”. Periódico “La Jornada” 17 de octubre
de 2018.p.31.
Como
podemos ver, la falta de recursos para atender los servicios públicos es un
problema generalizado que viene de tiempo atrás. El gobierno de la 4T continúa
con esa política, acentuando la “austeridad” hasta límites que no se habían
atrevido a llegar los gobiernos neoliberales de derecha.
No nos
engañemos, el gobierno actual se niega totalmente a realizar una reforma fiscal
que afecte a las grandes fortunas de este país, y castiga a los más pobres
entre los pobres.
