CONACYT: corrupción y retroceso de la justicia penal con la 4T

 

Humberto Castro

Sostienen diferentes juristas que cuando
existió el sistema penal mixto en nuestro país imperó la privación de la
libertad de los inculpados, que se les seguía proceso y únicamente hasta la
sentencia, si probaban su inocencia, salían en libertad; que ante tal abuso del
Estado como impartidor de justicia, a partir de 2008, se vio necesario cambiar
el antiguo sistema por el nuevo sistema procesal penal acusatorio, el cual contendría
como uno de sus ejes la presunción de inocencia la cual, en unión con el debido
proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, sería
parte del garantismo procesal penal. Se llegó a decir que la presunción de
inocencia es un derecho humano garantizado por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales y constituye un
principio de protección y tutela de los derechos de todo ciudadano.

La presunción de inocencia es el derecho que
tiene todo ciudadano a que se le considere inocente hasta que se demuestre lo
contrario cuando sea acusado de un delito (CPEUM, artículo 20, apartado B,
fracción I). El debido proceso es el conjunto de formalidades que deben
observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar los derechos de toda
persona acusada de cometer un delito.

Tales conceptos legales, vienen al caso a raíz
de que fue noticia nacional, el pasado 22 de septiembre, la persecución de 31
científicos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo del
abogado Alejandro Gertz Manero; los científicos están adscritos al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y al Foro Consultivo de Ciencia y
Tecnología (FCCyT). El diario El Universal tituló en su primera plana “Fiscalía
va por nueva orden de aprehensión contra científicos” (22 de septiembre de
2021).

La persecución a los hombres y mujeres de
ciencia consistió en que a toda costa la Fiscalía quiere encarcelarlos y
llevarlos al penal de Almoloya de Juárez, un penal de máxima seguridad ubicado
en el estado de México, donde se tiene privados de la libertad a los peores
asesinos y narcotraficantes del país. A los científicos la FGR los acusa de
delitos muy graves tales como peculado, lavado de dinero, uso ilícito de
atribuciones y facultades, corrupción y delincuencia organizada, es decir, de
delitos que ameritan cárcel por casi cien años y los cuales son sujetos también
de prisión preventiva inmediata. La persecución con saña de la FGR no sólo se
demuestra con la imputación deliberada de los delitos con las peores sanciones
del Código Penal, sino con el hecho de que por segunda vez el juez ante
el cual se interpuso la denuncia rechazó otorgar la orden de aprehensión contra
los acusados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conoció de
los delitos que les señala la FGR y “no hay delito que perseguir porque la
Corte se pronunció al respecto”. A pesar de tal respuesta, la FGR se pronunció
por insistir una tercera vez y cuantas veces sea necesario para lograr
la detención de los inculpados.

La pregunta para los ciudadanos comunes, como
el que esto escribe, y seguramente para la mayoría de trabajadores es ¿por qué
arremeten con tal vehemencia la directora del CONACyT y el fiscal general
contra los estudiosos de la ciencia?, ¿por qué tanta saña y sevicia contra
mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo científico de México?, ¿por
qué continúa el gobierno de la 4T con el despliegue de todos sus recursos para
privar de la libertad a personas que se dedican a cumplir con su trabajo?

Algunos de los analistas que han hablado del
tema sostienen que es una venganza del fiscal general Hertz Manero, porque
sintiéndose hombre de ciencia, durante más de diez años quiso ingresar al
Sistema Nacional de Investigadores (SIN) pero diferentes comisiones de
científicos del CONACyT no lo aceptaron “porque no tenía los méritos para
entrar”, para ello demostraron además, Guillermo Sheridan, entre otros (dice
Aziz Nacif), que varios de los libros que firma como de su autoría contenían
pasajes que revelan plagio por parte de Gertz, es decir, que copió partes
enteras de otros libros y otros autores sin otorgarles el respectivo crédito.
Agregan, por otra parte, que se inconformaron varios científicos (algunos de
los cuales son de los denunciados por la FGR) porque a partir de que fue
nombrada la actual directora María Elena Álvarez Buylla por Andrés Manuel López
Obrador, ésta formó una comisión con tres investigadores (y no de 14 como es el
reglamento interno) para otorgarle a Gertz el “nivel tres” (el más alto) dentro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

No dudo que la persecución emprendida por la
FGR tenga ese ingrediente de venganza de Gertz contra los 31 científicos
acusados, del que hablan varios comentaristas, sin embargo, creo más bien que
la saña y la sevicia de que son objeto hoy los investigadores obedecen a una política
de Estado, obedecen a la estrategia que el “gobierno del cambio”, “el
gobierno de la esperanza” ha fabricado para aplastar a todos aquellos que no se
sometan a su política, a sus intereses, y que tengan la osadía de criticar sus
errores, su falta de cumplimiento a las promesas de campaña y todo lo fallido
de este mal gobierno.

Para que no quede sólo como una afirmación sin
sustento, veamos algunas de las razones que fortalecen mi opinión.

Primera, Gertz no tiene ya necesidad personal
de irse tan a fondo contra los investigadores porque gracias a sus “cuates” ya
obtuvo lo que quería; logró no sólo ser parte del SNI, sino que obtuvo el “nivel
tres” y eso significa una mejor posición y un pago mucho más elevado, cuando lo
reciba, aunque pesen sobre él las acusaciones de copiador de libros de otros
autores y la obtención fraudulenta del máximo grado del sistema de
investigadores.

Segunda, el aparente respaldo que de inmediato
recibió Gertz a sus acciones para perseguir a los científicos, por parte del
presidente López Obrador, quien desde la mañanera no sólo respaldó sino fustigó
a la FGR a seguir con las acciones emprendidas. Con su manera de plantear las
cosas el presidente dejó evidente que no sólo estaba enterado del asunto, sino
que la orden de la persecución salió de allí, del propio Palacio Nacional. Por
eso digo que el respaldo fue aparente, porque fue un respaldo a la acción que
previamente le había ordenado López Obrador al fiscal, aunque se diga que la
Fiscalía es autónoma y que ésta solo busca aplicar la ley. 

Tercera, es conocido que diferentes
investigadores han cuestionado y se han inconformado con la política del actual
Gobierno federal, especialmente los recortes a la ya de por sí maltrecha
partida económica destinada por los gobiernos a la investigación científica en
México. En 2020, AMLO eliminó 91 fideicomisos de investigación científica, eliminó
becas y proyectos de investigación; hay una reducción sistemática del
presupuesto destinado a ciencia y tecnología que ya había iniciado en los últimos
años del gobierno anterior; prohibió a los científicos asistir a congresos en
el exterior, etc. Ante ese desastre, diferentes investigadores subrayaron la
violación de la Ley de Ciencia y Tecnología por parte del actual gobierno, la
cual establece que por lo menos debe destinarse a la ciencia y la investigación
el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cuando actualmente se destina
tan solo el 0.38 por ciento. Agregaron también que el 42 por ciento de lo que
se aprueba se va a la Secretaría de Educación Pública para promover la ciencia
en educación básica y no en proyectos de investigación. Asimismo, denunciaron
que los países de la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) destinan en promedio el 2.4 por ciento de su PIB para ciencia y
tecnología, y que si México no destina más recursos a estos rubros seguiremos
en el atraso y la dependencia de los países más avanzados. En todo esto, a los
científicos les asiste la razón.

Y aquí estalló el hígado del “Mesías”.
Encolerizado, de inmediato dio la orden para frenar a los corruptos, a los
delincuentes “que se van al extranjero para enseñarse a robar”. Aquí está el
verdadero trasfondo de la persecución a los científicos. El gobierno autócrata de
López Obrador hubiera deseado que todos esos seres pensantes y prestigiados por
su trayectoria dentro de la ciencia mexicana se prosternaran ante sus decisiones
y sólo repitieran amén, amén, amén.

Pero al no realizarse sus deseos, de inmediato AMLO
echó mano de dos de sus estrategias: la primera, en un claro abuso de poder,
denostar, calumniar, acusar y sentenciar desde su mañanera a los científicos,
tal como lo ha hecho contra comunicadores, maestros, médicos, campesinos,
enfermos de cáncer, feministas, estudiantes y organizaciones de ciudadanos en
general que reclaman atención para sus demandas. La segunda, amenazar con la
cárcel y la pérdida de sus bienes a todo tipo de ciudadanos que se le opongan.

Recordemos que en cuanto llegó al Gobierno de
inmediato se propuso “sentar las bases de la cuarta transformación”, y con
motivo de su tercer informe de gobierno dijo que ya las había sentado, que ya
podía “irse a su rancho sin preocupaciones”. ¿A qué se refería? Con toda
seguridad al acatamiento a su mandato de la mayoría de diputados y senadores de
su partido en el Congreso de la Unión, que aprobaron la Ley de Extinción de
Dominio (2 de julio de 2019) y después la ampliación del catálogo de delitos
graves para ser sujeto de prisión preventiva oficiosa (18 de febrero de 2021),
dos garrotes contra aquellos ciudadanos que se atrevan a desafiar, censurar o
reprobar sus decisiones.

Con esas modificaciones a la ley, basta que a
alguien se le acuse de delincuencia organizada, corrupción o lavado de dinero para
que se le ubique en un régimen penal de excepción con la reducción o
eliminación de sus derechos, mayor discrecionalidad para las autoridades y el
incremento de penas para el sujeto acusado. Este puede perder su libertad y su
patrimonio de inmediato por una denuncia que no necesita estar acreditada ante
el Ministerio Público. La Ley de Extinción de Dominio permite al gobierno
asegurar y vender los bienes incautados aun antes de que se dicte sentencia en
el juicio.

Cuando se aprobó dicha ley se dijo que su
objetivo era “para debilitar al crimen organizado” y muchos tenían en mente que
era para aplicársela a ladrones de altos vuelos, asesinos, narcotraficantes,
extorsionadores, miembros de cárteles, tratantes de blancas, pederastas, etc.
Pero una vez que el gobierno actual dijo que para estos criminales lo que hay
son “abrazos y no balazos”, quedó claro que estas modificaciones a la ley van
dirigidas contra el resto de la sociedad, especialmente contra aquellos que se
opongan a las decisiones de autócrata de Palacio Nacional.

La ambigüedad de delitos como delincuencia
organizada, corrupción y lavado de dinero permite encarcelar a quien sea y
quitarle sus bienes sin necesidad de justificar el proceder de la autoridad, ante
lo cual, todo ciudadano esta inerme frente al poder del Estado. Otra vez
regresamos a la privación de la libertad por capricho del Estado o sus
miembros. Otra vez es pisoteada la presunción de inocencia que referimos al
principio de este escrito; con las reformas de la 4T y el destino que sigue en
su aplicación, vamos camino a un régimen autocrático y al sometimiento de toda
la sociedad, con lo que echa por tierra uno de los objetivos más importantes
del sistema penal acusatorio, por eso el título de este escrito.

Esa estrategia es la que ahora les están
aplicando a los 31 científicos para atemorizarlos y someterlos. Declaró con
este motivo José de Jesús Orozco Hernández, expresidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que la reiterada pretensión de la FGR de
imputar delitos de la mayor gravedad, como delincuencia organizada a eminentes
miembros de la comunidad científica, es contraria a los estándares
internacionales de Derechos Humanos “al reflejar un uso desproporcionado,
excesivo e intimidatorio del derecho penal” y agregó que “según esos estándares
internacionales, en toda sociedad democrática se debe respetar el principio de
presunción de inocencia y la naturaleza excepcional de la aplicación de la
prisión preventiva” lo cual, evidentemente, no sucede en México.