Ir al contenido 
Carlos Flores
El 1º de septiembre inició el periodo de sesiones el nuevo Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La conformación de ambas cámaras generó una intensa lucha política. Veamos.
La función principal de los diputados y senadores es legislar para toda la República, incluyendo, mediante procedimientos especiales, la posibilidad de reformar la Constitución. El partido o coalición que, por sí solo, pueda modificar la ley suprema adquiere un poder inmenso para decidir el destino del país. El conflicto se planteó así: ¿cuántos diputados federales y senadores deben asignarse a cada partido político, según los resultados de la elección del 2 de junio?
Comencemos con la Cámara de Diputados. Este órgano está compuesto por 500 diputados federales, de los cuales 300 son de mayoría relativa, es decir, aquellos que ganaron en cada uno de los 300 distritos en que se divide el país. Esta parte de la Cámara no presenta mayores problemas. El verdadero conflicto surge con la asignación de los 200 escaños restantes, conocidos como de representación proporcional o plurinominales. Cada partido puede registrar listas por circunscripción (las regiones en que, para este efecto, se divide el país) y se le asignarán diputados en proporción a la votación obtenida.
En este contexto, se han difundido muchas falsedades para justificar una asignación de diputados que benefició al partido de Morena. Por ello, es necesario transcribir algunas fracciones del artículo constitucional que establecen el procedimiento.
«Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
- Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en al menos doscientos distritos uninominales.
- Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida…»
El mandato es claro: para que un partido obtenga diputados plurinominales, debe acreditar candidatos en al menos 200 distritos electorales. Sin embargo, en la pasada elección, ni Morena, ni el Partido Verde, ni el PT, considerados por separado, cumplieron con esta condición; tampoco lo hicieron el PRI, el PAN o el PRD. Solo Movimiento Ciudadano, que no formó coalición, cumplió con este requisito. Para solventar esta exigencia, se argumentó que «partido político» debe entenderse en un sentido amplio, incluyendo a las coaliciones (unión de partidos para impulsar una candidatura común, sin transferencia de votos). Así entendido, tanto la coalición formada por Morena y sus aliados como la Coalición de Oposición cumplieron con el requisito al postular más de 200 candidatos uninominales.
Sin embargo, al momento de asignar las diputaciones plurinominales, Morena y sus aliados cambiaron de criterio: exigieron y lograron que, al aplicar las fracciones IV y V del artículo 54 constitucional, se les considerara como partidos separados y no como coalición. Esto constituye una burla, una violación a las reglas más elementales de la lógica. Interpretan la Constitución según su conveniencia: actúan como coalición para la fracción I, pero exigen ser tratados como partidos separados para las fracciones IV y V. Esto es un fraude a la ley, específicamente un fraude a la Constitución: se aparenta cumplir con la norma, pero en realidad se traiciona su verdadero sentido.
El fondo del asunto radica en que, si se considera a Morena y sus aliados como Coalición, los votos obtenidos en las urnas les permiten alcanzar la mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero no la mayoría calificada. En cambio, si se les considera como partidos separados, alcanzarían la mayoría calificada, pero habría que ignorar la fracción I del artículo 54, como si dicha condición no existiera, lo que sería un verdadero despropósito.
Por mayoría simple se entiende el 50% + 1 de los diputados presentes en la sesión. Esta mayoría es suficiente para aprobar el presupuesto anual que envíe el Ejecutivo y las leyes federales; pero no para aprobar reformas al texto constitucional, que requieren el voto de —al menos— las dos terceras partes de los presentes, es decir, una mayoría calificada.
La Constitución busca que en la Cámara de Diputados estén representadas todas las fuerzas políticas en la misma proporción de los votos obtenidos en las urnas; por ejemplo: si un partido o coalición obtuvo un 30% de los votos, debería corresponderle el 30% de la Cámara de Diputados. Sin embargo, expresamente acepta que puede haber un máximo de sobrerrepresentación de hasta el 8%. Esto es, siguiendo nuestro ejemplo, una fuerza política que obtuvo un 30% de los votos podría llegar a tener válidamente hasta el 38% de la Cámara, no más.
Pero sucede que a la coalición de Morena y aliados, que obtuvo el 54.6% de los votos, se le asignó el 74% de la Cámara de Diputados: esto es un abuso, dicho coloquialmente «un agandalle» del partido gobernante. La Constitución solo permite una sobrerrepresentación del 8% y a la coalición de Morena se le otorgó una sobrerrepresentación del 20%. Si a un partido se le concede una sobrerrepresentación, a otro partido —necesariamente— se le castigará con una subrepresentación. Esto fue exactamente lo que sucedió: a la coalición de Morena se le otorgaron más diputaciones a costa de los partidos opositores, que en conjunto obtuvieron el 46% de los votos y solo se les otorgó el 26% de curules en la Cámara de Diputados.
Se afirma que la «supermayoría» de Morena en la Cámara de Diputados se la dio el pueblo de México en las urnas, y eso no es cierto. Obtuvieron mayoría simple, la mayoría calificada se la «robaron» sometiendo a los órganos electorales: al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El asunto es grave, no solo porque a Morena se le hayan asignado indebidamente algunas docenas de diputaciones, sino porque con la «supermayoría» artificiosamente conseguida podrán modificar la Constitución a su gusto, podrán reformarla según sus particulares deseos, podrán aprobar el plan «C» sin cambiarle una coma, como es su costumbre. Podrán modificar la Constitución en la medida de sus intereses, podrán modificar la Constitución a su antojo. No es una exageración, es una triste realidad.
Ahora veamos brevemente la situación en el Senado de la República. Con las mismas argucias legales se le asignaron a Morena y sus aliados 83 senadores (se requieren 86 para alcanzar la mayoría calificada). Sin embargo, esto no constituye mayor problema para el partido gobernante. Ya aparecieron los dos primeros «chapulines» de la temporada: los senadores electos del PRD por Michoacán y Tabasco, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, respectivamente, quienes se pasaron al grupo de Morena antes de tomar posesión. Para mayor burla, cabe decir que, hace apenas dos meses, estos señores pronunciaban discursos contra quienes cambiaban de partido, criticaban al gobierno y hacían campaña con la plataforma de la oposición. Ya aparecerán otros que vendrán a «vender caro su voto”: por poder y dinero.
¿Y qué decir del partido Morena, que se ha convertido en zona donde abundan los «chapulines políticos» procedentes del PRI, PAN, PRD, MC, PT y del Partido Verde? Si alguien lo pusiera en duda, bastaría recordar a priistas y panistas destacados que se pasaron a Morena y obtuvieron importantes cargos públicos, como Manuel Bartlett, Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Omar Fayad, Manuel Espino, Javier Corral, Gabriela Cuevas, Napoleón Gómez Urrutia, entre muchos otros.
Incluso, el partido que dice estar haciendo historia, no tiene escrúpulo alguno en aliarse con el Partido Verde Ecologista de México: un partido que no trabaja por la ecología ni por mejorar el medio ambiente, pero que ha mostrado gran oportunismo, lo que le ha permitido siempre aliarse con quien tiene el poder. Se aliaron con el PRI cuando este tenía el gobierno, se aliaron con el PAN cuando ganó la Presidencia de la República y ahora están aliados con Morena en la Coalición «Juntos Haremos Historia». Bonita historia están haciendo. Los principios no les interesan, están con quienes les ofrecen mayores dividendos políticos. Así está la clase política en la cual los trabajadores no podemos confiar.
Aprovecho este espacio para expresar mi solidaridad con los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se encuentran en paro, y con los miles de estudiantes universitarios que los apoyan y luchan contra la Reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente de la República, que busca concentrar el poder en el partido gobernante y atropella a su paso los derechos laborales de los servidores públicos del Poder Judicial (oficiales, actuarios y secretarios) y remover a jueces, magistrados y ministros.
El movimiento de los trabajadores está siendo víctima de una campaña de desprestigio encabezada por el presidente López Obrador, quien ha calificado a los manifestantes como «manipulados» y «traidores al pueblo», entre otros insultos. No obstante lo que declare el presidente y sus aplaudidores, este movimiento es legítimo y merece todo nuestro apoyo.
Morena parece decidida a utilizar la «supermayoría» espuria que posee en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma al Poder Judicial, ignorando las opiniones expresadas en los foros organizados específicamente para este propósito. De hecho, han endurecido la propuesta. Bajo el pretexto de proteger a los jueces del crimen organizado, han incluido la figura de los «jueces sin rostro», es decir, juzgadores que mantendrán su identidad oculta. Conociendo la arbitrariedad del grupo gobernante, esto representa una verdadera amenaza para la seguridad ciudadana. Además, esta figura ya se ha implementado en otros países, como en Italia para combatir a la mafia siciliana (la «Cosa Nostra»), en Colombia contra el «Cártel de Medellín», en Perú contra «Sendero Luminoso» y, en todos los casos, resultó un fracaso. Para aquellos que consideren esta propuesta como novedosa, cabe recordar que hace muchos años fue planteada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y fue rechazada. Es evidente que los extremos se tocan.
En lo inmediato, Morena se ha impuesto y se ha apoderado del Congreso de la Unión; sin embargo, paradójicamente, con ello se le van agotando los recursos para seguir engañando al pueblo. La presidente Claudia Sheinbaum ya no podrá culpar a los gobiernos del pasado por los males del país sin incluir a su mentor político, Andrés Manuel López Obrador. Tampoco podrá culpar al Poder Judicial, pues habrá tomado control de él. Del Congreso, ni hablar, estará a su servicio. Las promesas ya no tendrán el mismo efecto, pues hasta el hartazgo fueron desgastadas por su antecesor.
El nuevo gobierno enfrenta una encrucijada: o resuelve los problemas de los trabajadores mexicanos, o quedará demostrado el fracaso de la mal llamada Cuarta Transformación. Cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Es hora de sacudirnos las falsas ilusiones morenistas. El pueblo tiene la palabra.
