El conflicto entre la CNTE y Sheinbaum
12 años en lucha contra la Reforma Educativa
Rodolfo Bautista García / Colaborador invitado.
El pasado 15 de mayo de 2025, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convocó a un paro nacional con la exigencia de la abrogación a la Ley del ISSSTE 2007, abrogación de la reforma educativa de 2019, aumento salarial del 100% al sueldo base, justicia social y democracia sindical.
Después de 23 días de iniciado su paro nacional, la CNTE levantó el plantón que había instalado en el Zócalo capitalino haciendo una declaratoria formal de repliegue táctico de su jornada de lucha, porque la propuesta de cinco ejes presentada por el Gobierno federal no responde a la exigencia central de abrogación, y porque sólo beneficiaría a un porcentaje menor de maestros en servicio que lograron mantenerse en el artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE, mientras más de 80 por ciento deberán trabajar hasta los 65 años, y completar su pensión de miseria con el Fondo de Pensiones del Bienestar, y eso no ofrece una solución para una verdadera pensión digna.
Durante su plantón en el Zócalo la CNTE desplegó múltiples movilizaciones en la Ciudad de México y otros estados de la república como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Yucatán y Guerrero. Dichas movilizaciones se enfocaron en liberar el paso en casetas de diversas carreteras, además tomaron y bloquearon edificios gubernamentales, así como bloqueos de carreteras.
Estas acciones levantaron múltiples críticas en la población mexicana mientras el aparato propagandístico de la llamada 4ta transformación cargó de manera articulada contra la CNTE, llamándolos radicales, que le hacen el juego a la derecha, basta escuchar a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela (https://acortar.link/mWNv8X), Vicente Serrano (https://acortar.link/xK9MXN ) o Manuel Pedrero, por citar algunos ejemplos, de quienes de manera sistemática acusaron al magisterio de provocadores sin enfatizar las promesas de campaña de la 4T y su incumplimiento.
Pero para entender este conflicto resulta necesario recordar una serie de situaciones que han marcado el conflicto entre el magisterio disidente y el Estado mexicano el cual ya tiene más de una década.
El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se caracterizó por la aprobación de múltiples reformas constitucionales, una de ellas fue la reforma educativa, aprobada en 2013, que modificó los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del magisterio, así como las formas de evaluación de la actividad docente, estas modificaciones provocaron múltiples reacciones y manifestaciones de los profesores a nivel nacional abriendo un conflicto que se mantiene hasta 2025.
La reforma educativa aprobada por el gobierno de Peña Nieto tenía varios problemas, porque centraba su mirada en las formas de evaluación, más que en los problemas de enseñanza-aprendizaje en la educación, además estaba construida sin atender las demandas ni las opiniones de los maestros y, en su lugar, atendía las exigencias de los empresarios y las recomendaciones internacionales.
Esta situación no solo revelaba una forma autoritaria de legislar, sino que evidenciaba el desgaste de la clase política y el Estado mexicano para poder construir consensos y propuestas legislativas que consideren las necesidades e inquietudes de todos los actores de la educación.
La oposición a la reforma educativa surgió desde el momento en que se presentó la reforma en el Congreso. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hasta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestaron inconformidad sobre su contenido, desplegando múltiples protestas y movilizaciones con el objetivo de derogar la normativa, y colocando la educación como tema de debate nacional.
Esta situación, mostró cómo las políticas neoliberales habían abierto un paulatino proceso de transformación del Estado mexicano, pues con la aprobación de las reformas energética, laboral y de telecomunicaciones, se allanó el camino a todo tipo de inversión privada y se entregó el patrimonio territorial a los capitales privados, con el objetivo sustancial de reconfigurar el territorio a partir de las necesidades del capital transnacional y a través de espacios nacionales y/o locales.
Dando como resultado que los bienes públicos bajo el resguardo del Estado (agua, petróleo, minas, telecomunicaciones, transporte, sistema de provisión social, etcétera) se perdieran y/o se devaluaran como consecuencia de las “desregulaciones” (privatizaciones).
Sí la Constitución de 1917 fue el ente que permitió la existencia auténtica y organizada del Estado mexicano; estableciendo la autonomía de éste, en relación con las clases sociales que gobiernan y estableciendo los límites entre las clases fundamentales en conflicto: ricos y pobres.
Los procesos de privatización y las paulatinas modificaciones al texto constitucional del país han transgredido los derechos sociales, plasmados en la Constitución de 1917, que aspiraban a resolver los conflictos sociales, y que para ser realizados fueron creados sistemas e instituciones que pudieran garantizar el cumplimiento de estos derechos.
La educación y la salud son los últimos bastiones de los derechos sociales, hoy se ven amenazados en aras de lograr los postulados neoliberales de reducción al gasto público, ampliación de la base tributaria y la entrega de tareas del Estado a las empresas privadas, los cuales solo profundizan la desigualdad y el despojo. Por ello, la reforma educativa, era un paso que las clases dominantes deseaban consolidar con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de estos postulados.
Al mismo tiempo que se aprobó la reforma educativa de EPN, en los medios de comunicación se desplegó una campaña de descredito a la lucha magisterial, enfatizando las supuestas bondades de la reforma y responsabilizando al magisterio, particularmente al agrupado en la CNTE, como los principales culpables de los problemas educativos, ejemplo de esta campaña será el documental “De Panzazo”, que obvia los problemas presupuestales y de infraestructura educativa, aduciendo que el principal problema de la educación son los profesores.
Aunado a ello, el gobierno de EPN se negó a atender las demandas del magisterio asumiendo que la reforma educativa se impondría a toda costa, y que esta no era negociable, sino que debía cumplirse. Evidenciando que la percepción de las normas (la dominación legal-racional) era percibida como injusta, lo que evidencia una crisis de legitimidad del Estado mexicano.
En 2016, el conflicto por la reforma educativa alcanza uno de sus puntos más altos del conflicto entre el magisterio y el Estado mexicano. La CNTE mantuvo un paro magisterial durante cuatro meses, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán fueron el centro de la protesta; mientras exigían el dialogo con el Gobierno federal, este respondía apresando a dirigentes magisteriales acusándolos de presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con estas acciones el gobierno de EPN apelaba a la razón de Estado para imponer la ley y la fuerza ante un actor político como la CNTE que caracterizaba como su enemigo.
Para muestra de ello, basta recuperar las declaraciones del secretario de Educación Pública de ese momento, Aurelio Nuño (que hoy lo han vuelto a poner en los medios de comunicación cargando contra la CNTE), que en mayo de 2016 declaró que la reforma educativa no tenía marcha atrás, ni estaba a discusión y que solo el diálogo estaba abierto para discutir cómo se implementaría.
Durante el desarrollo del movimiento magisterial se presentaron diversos episodios de enfrentamiento y represión siendo uno de los más graves el ocurrido en junio de 2016, en Nochixtlán, Oaxaca, que derivó en ocho personas fallecidas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos (de las cuales 35 eran menores de edad), y algunos otros por diversas afectaciones en sus propiedades (CNDH, 2016).
El gobierno de EPN apeló al uso legítimo de la violencia por parte del Estado mexicano para justificar la represión en Nochixtlán, sin embargo, la cerrazón al diálogo, el uso desmedido de la fuerza y la crisis institucional generalizada por el acumulado de problemas en el país, terminó por desgastar aún más la legitimidad del grupo gobernante.
El episodio en Nochixtlán fue uno de los factores que impidieron la implementación de la reforma educativa de EPN y se conjugó con el ascenso de una fuerza política que contendió por la presidencia en el proceso electoral de 2018 en México, el cual generó muchas expectativas en la sociedad en un momento donde el Gobierno federal estaba profundamente cuestionado al igual que las instituciones estatales de impartición de justicia.
Esta situación reveló la profundidad de la crisis de representación política que se abrió a lo largo de 30 años de neoliberalismo en México, porque los partidos políticos habían perdido su capacidad de representación de la ciudadanía para articular demandas que en el mediano plazo pudieran convertirse en políticas públicas.
En su lugar los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales cuyo único fin es el ganar elecciones y no representar los intereses y las demandas sociales. Al tiempo que ocupan los recursos partidarios para mantener las lealtades construyendo clientelas políticas y comprando lealtades. Mientras su élites y dirigencias políticas actúan profundamente desconectadas de los problemas de la gente.
Esta fractura entre sistema político y sociedad se manifiesta en la desconfianza generalizada de la gente hacia los partidos políticos, al percibirlos como corruptos e ineficaces, lo que abre la posibilidad de que nuevas alternativas emerjan buscando hacerse del poder político, saltándose a los partidos tradicionales, articulando el acumulado de demandas y el sedimento de luchas que se mantienen latentes o poco visibles. Es en este contexto, la que se ha hecho llamar como la cuarta transformación (4T) emerge como una fuerza articuladora y como un elemento de promesa y esperanza de cambio.
En el caso del conflicto magisterial, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue el único candidato que se comprometió a cancelar la reforma educativa de EPN, prometió que en caso de ganar la presidencia abrogaría la reforma educativa y revaloraría la profesión del docente, esto le generó simpatías entre el magisterio e incluso el apoyo tácito de los profesores, permitiéndole alzarse con el triunfo del proceso electoral de 2018.
El nuevo gobierno de AMLO, tras ganar la presidencia con el 53% de los votos de la elección (INE 2018), aprobó una nueva reforma educativa que, según aseguraba el presidente, cancelaba la reforma educativa anterior. Sin embargo, la reforma aprobada no satisfizo al magisterio agrupado en la CNTE que consideró que la reforma retomaba sus demandas en el discurso, pero no en el hecho, por lo que un nuevo proceso de movilización se inició contra la nueva reforma educativa, en un nuevo escenario de lucha, donde el nuevo gobierno tiene un fuerte apoyo en la sociedad mexicana y en el desarrollo del conflicto asume una narrativa de apertura al diálogo y de atención a las demandas de los profesores.
El gobierno de AMLO cambió la configuración del conflicto contra la reforma educativa, al cambiar de un gobierno con características represivas a uno que tenía alta legitimidad social, una base social de apoyo importante y fuertes expectativas en sus acciones gubernamentales.
La llegada de AMLO al gobierno se puede ubicar como parte de los procesos producto de oposiciones que en sus orígenes no tendrán una agenda política concreta, sino expresiones reactivas a problemáticas económicas, políticas y sociales, que principalmente buscaban oponerse al consenso de Washington, pero que las condiciones económico-políticas críticas, posibilitaron el tránsito de alternativas antineoliberales hacia alternativas contra-neoliberales, es decir, proyectos políticos con dirección que buscan en un primer momento la desinstitucionalización de las políticas neoliberales vigentes y, después, la destitución de los referentes que encarnan ese proyecto político.
El programa político de AMLO tenía rasgos parecidos a los programas políticos de carácter electoral y gubernamental en Latinoamérica que decantaron en programas de políticas en el sentido de desmercantilización y posteriormente en proyectos políticos contra-neoliberales, que se plantearon entre los años 90 y principios del 2000, como consecuencia de los fracasos neoliberales, en lo que se llamó el primer ciclo de gobiernos progresistas en el continente: Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, entre otros; que impulsaron políticas redistributivas y fortalecieron el papel del Estado, es decir, un gobierno progresista.
Los gobiernos progresistas se definen como un espacio intermedio entre el neoliberalismo conservador y proyectos radicales o revolucionarios de transformación social.
Entre las principales características de los gobiernos progresistas podemos destacar; un rechazo abierto al neoliberalismo y la revalorización del Estado en las decisiones económicas y políticas, políticas públicas orientadas a redistribuir la riqueza, reducir la pobreza y aminorar las desigualdades.
Además de recuperar el control de recursos estratégicos para el bien nacional y en ocasiones la nacionalización o la renacionalización de estos. Al tiempo que generaron alianzas con movimientos sociales en la construcción de las agendas políticas, el gobierno de AMLO en un primer momento planteaba algo similar.
Sin embargo, en el gobierno de la 4T observamos una tensión entre posiciones o perspectivas que ponen en primer plano la lucha económica (ya sea en términos de redistribución, consumo o más a largo plazo de la producción) y la lucha ideológica cultural.
Botón de muestra de esta tensión es la reforma educativa planteada y aprobada, pues a pesar de que recupera discursivamente los planteamientos de la disidencia magisterial, la reforma conservó el 80% de la reforma planteada por el gobierno de EPN.
Esta situación, no solo causó descontento en el magisterio, sino que les provocó un sentimiento de engaño y traición por parte del gobierno. La llegada de la 4T trastocó los equilibrios político-ideológicos y abrió importantes debates en el campo intelectual sobre el rumbo del país y las posibilidades de cambio, siendo el anti-neoliberalismo impulsado por los movimientos sociales un punto de articulación y consenso, en contraste, el gobierno de la 4T será punto de desarticulación y disenso que sigue generando polémica y contradicciones.
Durante el gobierno de AMLO, la CNTE mantuvo más de 20 mesas de negociación donde no lograron resolver parte del pliego petitorio que mantienen desde la reforma educativa de EPN, ni se construyeron rutas políticas para caminar a su solución.
Por lo que la CNTE volvió a movilizarse al finalizar el sexenio de Obrador, quien prometió que sería con la nueva presidenta que se tendría una alternativa de solución. Sin embargo, con la actual presidenta las formas de negociación se han visto mucho más cerradas y erráticas al nuevamente no tener ni soluciones, ni rutas de solución.
Mientras el gobierno de la 4T mantiene una cordial relación con el charro del SNTE, que le ha garantizado clientelas y votos, a la CNTE la mantienen estigmatizada y con el objetivo de destruirle.
Así, entender la lucha de la CNTE contra la reforma educativa no puede comprenderse sin tener una perspectiva histórica de la evolución del conflicto