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Por: Humberto Castro
Muchos
trabajadores deslumbrados por la propaganda de las campañas políticas de 2018 para
la elección de la presidencia de la república, confiaron en las promesas de la
“cuarta transformación” (4T) con la esperanza de mejorar su suerte y sus
ingresos y así elevar su nivel de vida y de sus familias y le dieron el voto a
los que “juntos harían historia”, con lo
que encumbraron en el poder no sólo al licenciado Andrés Manuel López Obrador,
sino también a una serie de diputados y senadores arribistas, se les entregó pues,
el poder Ejecutivo y el poder Legislativo. El candidato de esta 4T prometió que
al llegar él a la presidencia, los trabajadores y sus familias tendrían más
ingresos, habría más generación de empleos, mejores pensiones, habría mejor
salud, mejor educación, más vivienda, en fin, una vida muy superior para “los
de abajo”.
Se han cumplido
dos años de gobierno y la suerte de los trabajadores ha cambiado pero para
empeorar. El Gobierno presume que han aumentado como nunca los salarios
mínimos, pero en los hechos lo que obtienen como ingreso los trabajadores sirve
para comprar menos productos cada vez. La generación de empleos se ha caído
porque no hay crecimiento de la economía y aquí no valen los enredos del
presidente que si lo que vale es el desarrollo y no el crecimiento ni otras
zarandajas por el estilo. No hay crecimiento económico y, por tanto, no hay generación de empleos.
Un factor que
poco se maneja por quienes analizan con frecuencia estos temas, es el que hoy
utilizaremos para demostrar que el desempleo se ha acentuado desde la llegada
del gobierno “transformador” y es el
dinero prestado que solicitan los trabajadores de sus ahorros depositados en
las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Debemos aclarar que
casi desde la aprobación del nuevo sistema de ahorro para el retiro hay
trabajadores que han solicitado préstamos de sus ahorros, pero tanto en 2019
como en 2020, se ha incrementado escandalosamente el número de trabajadores que
se han visto obligados a pedir préstamos a las Afores.
La absoluta mayoría de asalariados están
conscientes de que a partir de la reforma al sistema de pensiones en 1997, ya
no contarán con una pensión garantizada por el Estado, que sólo podrán contar
con lo que buenamente puedan ahorrar durante sus años de trabajo, por tanto,
saben que deben cuidar como lo más preciado esos ahorros porque son los que les
permitirán tener un magro recurso para vivir durante su vejez. Saben pues que
no pueden dilapidar esos recursos, ni siquiera tocarlos, sobre todo con los
negros augurios de quienes se han puesto a hacer los cálculos y les dicen, con
razón, que con este sistema pensionario obtendrán menos de la tercera parte de
su último salario. Si se atreven a pedir préstamos de lo que tienen ahorrado es
sólo porque no tienen otros medios para sobrevivir, porque han perdido su
empleo y ante la difícil situación económica por la que atraviesan sus familias
no les ha quedado más remedio que echar mano de lo que la ley de las Afores les
permite. Veamos pues las cifras que nos presenta la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
En el año de
2019, les fueron autorizados préstamos a un
millón 401,053 trabajadores y el pasado 15 de octubre de 2020 la CONSAR informó
que de enero a septiembre de este año 2020 los retiros por desempleo sumaron un millón 349 mil 621 trabajadores. Esto
es, que sólo en los primeros 9 meses del año actual casi se alcanzó la cifra
del año pasado y, si continua el mismo ritmo de despidos, llegaremos al final
del año a un millón setecientos noventa
y nueve mil trabajadores despedidos que irán por su préstamo ante su Afore.
Ahora bien, si
sumamos los despedidos de empleos formales durante los dos primeros años del
gobierno obradorista, nos arroja una cantidad de 3 millones 200 mil 547
trabajadores. Y podemos tomar esta cifra como real, porque las leyes que
regulan las Afores sólo permiten a los trabajadores solicitar un préstamo cada
cinco años, es decir, que quienes pidieron un préstamo el año pasado ya no pueden
repetir este año, hasta que pasen cinco años. Esta cantidad de despidos, nunca
vista en muchas décadas en nuestro país es una gran desgracia para los
trabajadores mexicanos. Es cierto que en 2020 se agregó el asunto del
confinamiento por la pandemia del Covid-19, sin embargo, la causa principal de
la pérdida de empleos es el mal manejo de la economía del país por el actual
gobierno. A raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco por caprichos
personales, la cancelación de la Cervecera en Mexicali, la cancelación de la
construcción de empresas de generación eléctrica renovable y, en general, la
guerra de la actual administración contra la mayor parte de los inversionistas,
ahuyentó lo que los economistas llaman la Inversión Extranjera Directa (IED) y
buena parte de las inversiones nacionales. Si a eso le sumamos que en los tres
Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) anuales aprobados por este
gobierno (porque aprobó también el de 2019 y acaba de aprobar el de 2021), se
ha eliminado la mayor parte de inversiones en obra pública para destinarlo al
Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el reparto
directo de dinero con fines electorales, se completa el cuadro y se explica
porqué en lugar de generar nuevos empleos se están perdiendo aceleradamente. No
debemos olvidar que todos los gobiernos emplean el gasto público, sobre todo en
la realización de obras de beneficio social, como detonante para desarrollar
las inversiones y para generar empleos. Pero este gobierno eliminó el ramo 23 a
donde se canalizaba una suma millonaria del erario para la realización de obras
en estados y municipios, y todavía acaba de recortar más a estos niveles de
gobierno el presupuesto de 2021, unos 180 mil millones de pesos, informaron
algunos diputados.
Pero volviendo
al tema de las Afores, por si no bastara la pérdida de dinero de sus ahorros, los
trabajadores tendrán que enfrentar otro problema, esto es, la disminución del
número de semanas cotizadas. Ya el problema era grave para los asalariados
porque muchos en toda su vida productiva no iban a alcanzar la cifra total de
semanas cotizadas que exige la ley para poder otorgarles una pensión y, si con
cada préstamo les descuentan semanas, menos podrán cumplir con este requisito.
Ahora nos quiere presumir el gobierno que intenta disminuir el
requisito de las semanas cotizadas y que sólo se necesitará tener cubiertas 750
semanas al IMSS para poder pensionarse, pero con tanta pérdida de empleo ni las
750 semanas cotizadas podrán cumplir la mayoría de trabajadores.
Por último, hay
otra consideración que debemos tener presente y es el hecho de que, fuera de
las estadísticas adormecedoras, en nuestro país el 57 por ciento de la población
en edad de trabajar laboraba en la informalidad (unos 33 millones de personas),
pero con el fenómeno de la pandemia alrededor de 11 millones se quedaron sin
empleo. Esto significa que si sumamos la pérdida de empleos formales (los que pidieron prestado dinero de su Afore
por desempleo) y los 11 millones de informales, en diciembre de este año, al
cumplirse dos años del gobierno “transformador” de la 4T, se tendrá una pérdida
de más de 14 millones de empleos.
Con tales
resultados, no nos queda a los trabajadores más remedio que enfrentar la
realidad y darnos cuenta que nos equivocamos con este gobierno. Que confiamos
en un espejismo y que hoy nuestra situación económica está peor, que, por tanto, no debemos volver a confiar
en las falsas promesas demagógicas de que un solo individuo, por muy iluminado
que se sienta, puede transformar nuestra realidad. La transformación de esta
sociedad requiere la participación del pueblo organizado y dentro de él la
clase trabajadora.
Por el momento y
ante la situación tan grave de pérdida de trabajos en México, desde hace varios
años en esta publicación venimos insistiendo en que el Gobierno federal debe
aprobar el seguro de desempleo para
todos los trabajadores, para que puedan tener un ingreso aunque pierdan su
trabajo, pero para que el gobierno haga caso hace falta que esta demanda
legítima sea abrazada por todos los asalariados, sin importar el sindicato o
partido político al que pertenezcan, todos unidos por un solo objetivo: que las
familias de trabajadores tengan un ingreso más estable.
