El espejismo del aumento salarial
Humberto Castro
El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo establece que “El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” Sin embargo, esto es un espejismo ya que, en un régimen capitalista como el nuestro, es más importante cuidar las ganancias de los patrones que el salario que garantice una vida digna para el trabajador y su familia. Aunque la ley así lo ordena, todos sabemos que el salario mínimo es un ingreso que no le alcanza al trabajador ni para pagar la canasta básica, mucho menos para atender necesidades sociales, educativas o culturales para él y sus hijos. No obstante, el Gobierno pretende echar humo en nuestros ojos para ocultar la realidad. Veamos.
El pasado 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el incremento al salario mínimo para el 2026: en la zona libre de la frontera norte el aumento diario será de 20 pesos con 99 centavos, al pasar de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalente a un incremento del 5 por ciento; y, en el resto del país, el aumento diario será de 36 pesos con 24 centavos, al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalente a un incremento del 13 por ciento. Magros incrementos que entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2026.
No obstante, Claudia Sheinbaum aprovechó el anuncio para destacar el “gran trabajo” y “los cambios profundos” que ha realizado la Cuarta Transformación en cuanto a “la justicia en el mundo del trabajo”, afirmando que, de 2018 a la fecha, “el salario mínimo se ha incrementado en 154%”, que “no ha habido inflación” y que “todos los acuerdos se han tomado por consenso” con los empresarios.
A pesar de dichas declaraciones, según datos del INEGI y el Banco de México, en estos siete años de administración morenista, la inflación acumulada alcanzó el 76.83 por ciento, de tal manera que, si al incremento acumulado del salario mínimo que, según Sheinbaum, es de 154 por ciento, le restamos el 76.83 por ciento de la inflación, el resultado que nos arroja es que el incremento del salario en estos siete años no es de 154 por ciento, sino tan solo de 77 por ciento, es decir, únicamente la mitad de lo que presume la mandataria.
En relación a que todos los acuerdos se han tomado por “consenso” con los empresarios, habría que preguntarse ¿por qué los patrones, siempre reacios a cualquier incremento salarial que disminuya sus ganancias, ahora están tan colaboradores? Seguramente existirán varios factores, pero el principal, a mi juicio, consiste en que los empresarios tienen fuertes intereses en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, por tanto, respaldados por el gobierno morenista, buscan a toda costa que el Tratado se ratifique en el año 2027.
Una traba muy importante que han puesto tanto el gobierno norteamericano como el gobierno canadiense para aprobar dicho Tratado, ha sido el nivel tan bajo de los salarios en México. Los empresarios norteamericanos y su Gobierno se quejan de que no se compite en un plano de igualdad, que México lleva ventaja en el comercio porque los bajos salarios disminuyen sus costos de producción y, por tanto, se genera una competencia desleal por parte de los empresarios mexicanos contra los empresarios norteamericanos.
Desde antes de que llegara la 4T al poder, varios organismos internacionales, entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), venían exigiendo al Gobierno mexicano que incrementara los salarios, y para acatar ese lineamiento, desde febrero de 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto desindexó el salario mínimo para dejar de utilizarlo como unidad de referencia y reemplazarlo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, que el Estado mexicano, que antes estaba en manos del PRI, ya se preparaba para incrementar de forma sustancial el salario mínimo general, y el partido Morena, ahora en el poder, simplemente le da continuidad a una política económica neoliberal ya diseñada de antemano por quien controla los hilos del Estado mexicano.
Los incrementos “logrados por consenso” son entonces una necesidad para los empresarios mexicanos y su Gobierno, y, en las actuales circunstancias, una necesidad urgente porque de otra manera no se ratificará el T-MEC. Como siempre, los empresarios andan tras la ganancia y si consideran que el Tratado les dejará más utilidades, no les importa aumentar un poco el salario mínimo sabiendo que pronto lo recuperarán con creces. Al gobierno morenista, por su parte, también le conviene el incremento porque le sirve para engañar a los trabajadores haciéndoles creer que eso se debe a que es un “gobierno del pueblo” y que está gobernando en interés de los trabajadores.
Por otro lado, a todos los trabajadores que tienen o tenían salarios por arriba del mínimo mediante un contrato colectivo de trabajo, el Gobierno no les aplica el mismo porcentaje de incremento, al contrario, les limita sus peticiones de mejoramiento real del salario a través de las autoridades laborales, induciendo y hasta presionando a algunos sindicatos para que se sujeten al porcentaje de la inflación o, cuando mucho, un punto o dos por arriba de la misma. La consecuencia está a la vista: los salarios contractuales van disminuyendo y cada vez se acercan más en su monto a los salarios mínimos.
Pero vayamos al fondo del asunto. Esos incrementos al salario mínimo, ese 154 por ciento de aumento, según el gobierno, o 77 por ciento, restándole la inflación acumulada, ¿resuelven el problema de una existencia decorosa para los trabajadores mexicanos? Claro que no.
Esta afirmación la sostengo con base en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien se encarga del manejo de esos datos. Esta institución dice que en las zonas urbanas el costo de la canasta básica y de bienes y servicios es de 4 mil 759.91 pesos por persona al mes, si esta cifra la multiplicamos por 4 integrantes de la familia, que es el promedio que maneja el propio instituto, nos arroja una canasta alimentaria y de bienes y servicios de 19 mil 036 pesos mensuales para las zonas urbanas. Ahora bien, si en 2026 el salario para las zonas urbanas va a ser de 9 mil 582.47 pesos, esa cantidad es apenas el 50 por ciento de lo que necesita una familia para tener lo más indispensable para una vida digna.
Así que los trabajadores no tienen nada que festejar, ni pueden estar contentos con el Gobierno, porque el salario que ganarán en 2026, aun con los aumentos, no les alcanzará ni para llevarle lo más indispensable a su familia y eso lo sabe el Gobierno, pero con las cifras que da y las que oculta pretende engañar una vez más al pueblo en general y a los trabajadores en particular. Además, ese incremento una vez más será devorado por la inflación, por los comerciantes insaciables; de modo que, si el Gobierno no pone freno a los abusos y si no controla los precios de los productos básicos, los trabajadores quedarán en la misma situación que antes o peor.
Durante toda la existencia del sistema capitalista los trabajadores han luchado por un salario justo, pero esta lucha se asemeja a la leyenda de Sísifo, personaje de la mitología griega que por querer engañar a los dioses fue castigado por ellos y lo obligaron a permanecer en el inframundo y empujar una roca cuesta arriba, sólo para que esta rodara hacia abajo justo antes de llegar a la cima, repitiendo la tarea por siempre.
Ante este panorama, que se repite una y otra vez, a los trabajadores no les queda otro camino más que organizarse y luchar, luchar para que este sistema capitalista les resuelva el problema de su ingreso, que sea un ingreso decoroso a cambio de la fuerza de trabajo que entregan a los patrones por las enormes riquezas que le producen; pero si este sistema económico ya no es capaz de resolverles, será necesario buscar una opción nueva, una sociedad organizada de un modo diferente, donde la riqueza producida no sea acaparada por unos cuentos, donde los trabajadores y sus familias sí puedan vivir dignamente y con decoro.
