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Rufino
Córdova Torres
Los resultados de la
Fiscalía General de la República (FGR) ayudan a juzgar la eficacia en el combate
al más importante problema de México -según el Presidente y MORENA- pues,
dicen, la corrupción es el lastre que impide todo avance. Es pues el estudio de
las acciones y los logros, un modo de revelar el estado en que se encuentra la
anhelada justicia social y el progreso de México.
Al
respecto, se debe recordar que el Congreso de la Unión aprobó una reforma
constitucional en 2014 para transformar la Procuraduría General de la República
(PGR), cuya crisis era evidente, en una institución autónoma en sus funciones y
patrimonio respecto del Poder Ejecutivo. En aquel tiempo, no hubo avance
alguno.
En
diciembre del 2018, la PGR es convertida en FGR. Pero en la Ley Orgánica los
legisladores no establecen las reglas específicas para la investigación de los
delitos y queda pendiente el Consejo Ciudadano como sistema de participación
así como los mecanismos de auditoría.
El
abogado Alejandro Gertz Manero fue elegido Fiscal General el 18 de enero del
2019 por el senado de la república y hasta hoy, a pesar de las múltiples
críticas, es sostenido políticamente por el Presidente para un periodo de 9
años.
En los
programas Aristegui Noticias, La Octava y Sin Censura Media,
Anabel Hernández revela que Gertz Manero, en 2019, designa directamente a
Felipe De Jesús Gallo Gutiérrez como Coordinador de Métodos de Investigación quien,
a su vez, nombra otros dos altos funcionarios. Y así la periodista de
investigación, con fecha 3 y 4 de agosto del 2020, exhibe a siete policías
corruptos quienes debieran investigar a Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo
Pequeño García pero son todos miembros de la cofradía mafiosa estructurada, en
relación con el Cartel de Sinaloa, por Genaro García Luna.
Así,
en Excélsior TV, con fecha 2 de diciembre, se muestra que en 2019 tan
solo se detienen a 46 evasores fiscales; 10 personas con ficha roja del
Interpol y, en tiempo récord, la aprensión de Emilio Lozoya por el caso
ODEBRECH; al abogado Juan Collado Mocelo por lavado de dinero y a Rosario
Robles Berlanga por la llamada Estafa Maestra. Todos estos por delitos con montos
millonarios.
A
partir de enero del año 2020, son evidentes la desconexión y graves conflictos entre
los titulares de la FGR y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda. Y lo mismo, respecto a las orientaciones del Presidente
y los vínculos con las Fiscalías o Procuradurías de los Estados. Así, la UIF
congela discretamente las cuentas bancarias -según Anabel Hernández- de todas
las empresas señaladas en el libro El Traidor pero la FGR no avanza en
las averiguaciones correspondientes.
Sin
embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declara finalizada la
corrupción un 3 de marzo del 2021 mientras las más de 55 mil carpetas de
investigación siguen pendientes y, de este conjunto, 2 mil 800 casos son
tipificados como delincuencia organizada.
Por su
parte, con fecha 23 de abril del 2021, los diputados de MORENA aprueban una
Nueva Ley Orgánica para la FGR. Ley propuesta por Alejandro Gertz Manero y
promovida por el senador morenista Ricardo Monreal en la cual sobresalen los
siguientes retrocesos:
· Quita
la obligación de la defensa de las mujeres ante la violencia de género y constituye
la Fiscalía Especializada en violencia hacia las mujeres.
· Exceptúa
la función de búsqueda de las 85 mil personas desaparecidas asociadas a 4 mil
fosas clandestinas identificadas en 15 años de supuesta guerra contra la
delincuencia. Y así, nuevamente se aplaza la justicia.
· Descarta
el apoyo a las víctimas de algún tipo de delito.
· Elimina
la obligación de protección a los defensores de los derechos humanos y, en
especial, a los periodistas.
· Sustrae
a la FGR de la obligación de participar y coordinar tanto el sistema nacional
de búsqueda como el de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
· Regresa
el monopolio de la acción penal al Ministerio Público. Y así, impide la
coadyuvancia de las victimas tanto en la investigación de los hechos como en el
proceso penal.
· Retira
la coadyuvancia de expertos técnicos u otras instancias nacionales o internacionales
en casos complejos o relevantes.
· Vulnera
la separación de poderes pues introduce la posibilidad de emitir opiniones
técnicas, proponer e intervenir en el proceso legislativo.
En
consecuencia, la FGR sin cumplir las 34 obligaciones asignadas en 2019 ahora
con los cambios enumerados, retrocede y se asemeja a la PGR de la década de los
70 del Siglo XX para funcionar en forma voluntarista, personal y facciosa pero
ahora contra quien desentona, critica o es oposición política de la 4T. O será
que ¿no existe ningún indicio de corrupción entre los miembros del actual
gobierno?
Veamos
un ejemplo. El Fiscal General, en tan solo dos semanas del 2021, exoneró y
liberó al General Salvador Cienfuegos, detenido y acusado de narcotráfico con
base en documentación y pruebas sólidas por la justicia estadounidense pero
extraditado para ser juzgado en México.
Por
otro lado, iniciado el proceso desde 2019 y concedidos beneficios a Emilio
Lozoya, exdirector de PEMEX, no se ha logrado ninguna información relevante en
torno al caso ODEBRECH y solo recientemente ha sido conducido a la cárcel mientras
que Rosario Robles no ha sido beneficiaria de acuerdo alguno. Tampoco se han
utilizado los datos obtenidos por la UIF de la Secretaria de Hacienda para uno
u otro caso.
En
síntesis, durante el periodo 2019 a 2021, a pesar de contar con autonomía formal
y capacidad para iniciar investigaciones por oficio, la FGR no tiene resultados
reales. Al contrario, persisten las inercias negativas del pasado (burocratismo,
descoordinación, opacidad y lejanía en la atención a las víctimas de delitos)
en un marco de regresión institucional que la asemeja a la PGR de la década de
los 70 del siglo XX.
Por
todo lo anterior, se afirma que no será en dialogo con los funcionarios del
gobierno de la 4T que se logre avanzar en la justicia y servir a los pobres de México.
Para
lograr mejorar nuestra situación incluido el combate contra todo delito o
injusticia es indispensable que los trabajadores nos organicemos, pugnemos y
hagamos los cambios necesarios. De otro modo, seguirá utilizándose a las instituciones
de justicia como instrumentos para someternos, mantener a políticos ambiciosos
y proteger a los dueños de fábricas, bancos y quienes se enriquecen mediante
actos ilícitos.
