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Humberto Castro
Las elecciones del 2 de junio las ganó el partido Morena: ganó la presidencia de la república, ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y seis gubernaturas. Pero no fue como dicen muchos informadores y comentaristas que la presidencia la ganó con la mayoría de mexicanos, en realidad ganó con el 35 o 36% de los mexicanos con derecho a votar (que somos casi cien millones de electores), sin embargo, eso le alcanzó para obtener la mayoría de posiciones que se sometieron a elección.
La felicidad del inquilino del palacio no podía ser más grande. Sus aspiraciones de un control absoluto del poder a través de la presidencia se verían realizadas. Al fin podría ver aprobadas todas aquellas reformas que propuso el 5 de febrero de 2024 que la oposición le detuvo y que él bautizó como el plan C de Morena.
Inmediatamente que se conocieron los resultados de la elección, AMLO manifestó a través del coordinador de la Cámara de Diputados y más adelante lo reafirmó él mismo, que echaría a andar el plan C y aprobaría todas las reformas en el mes de septiembre, último mes de su sexenio. Poco importó que ante la amenaza de desmembrar el Poder Judicial se retiraran capitales de la bolsa de valores y se produjera la devaluación del peso frente al dólar.
Por todos los medios de difusión al alcance de la presidencia, que son casi todos, una y otra vez repitió, después del 5 de febrero, que esas reformas tienen como finalidad el beneficio de los mexicanos más desamparados, que son para tener una sociedad más democrática, que son para acabar con los privilegios de una minoría rapaz, que el Poder Judicial está podrido, que son reformas para reducir los costos del Gobierno y aplicar la austeridad republicana, en fin, que son reformas para acabar con las políticas neoliberales que han dañado al país.
Muchos de los mexicanos no conocen a ciencia cierta el verdadero significado y las intenciones de fondo de las reformas, primero porque no están obligados y segundo porque para conocer su verdadera trascendencia se necesita de especialistas que conozcan todas las tretas y artimañas que se esconden detrás de las leyes y sus reglamentos. Como siempre, del desconocimiento de la población y del manejo de puras generalidades se valen los políticos del sistema para engañar a los ciudadanos en general y sacar adelante sus aviesos propósitos.
Por eso protestó el presidente en su mañanera del día 18 de junio y se fue encima contra el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cuestionando “¿qué se tienen que meter?” y con el consabido ataque de “conservadores”. Hablamos de especialistas de la UNAM que siempre han participado y opinado en los grandes problemas de la nación, esencialmente en los temas jurídicos, y a quienes no se puede engañar ni con generalidades ni con simples afirmaciones. Los atacó porque se atrevieron a publicar un voluminoso estudio titulado: Análisis de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024) en el cual desenmascaran la intención de fondo, la más oculta, la que no dice en su perorata López Obrador cuando habla de sus reformas, es decir, la intención de tener el control absoluto de todo, tener una presidencia con un poder más autoritario que como lo tuvo el PRI, sin oposición, sin contrapesos, sin nada que se le oponga a sus decisiones y agregando ahora el poder militar invadiendo las áreas que corresponden a la sociedad civil, incluida la aplicación de justicia al estilo militar sin control del ministerio público.
Para explicarnos más claramente el furibundo ataque contra la máxima casa de estudios y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, basta ver la introducción del estudio mencionado que contiene lo que más bien parecen las conclusiones del documento:
Un primer planteamiento que pareciera abarcar los demás dice lo siguiente: “las iniciativas del presidente implican una modificación profunda de las reglas de acceso y ejercicio del poder, una reformulación significativa a la división de poderes, una refundación de todos los poderes judiciales del país, y generan una nueva relación con las fuerzas armadas”.
Al entrar al detalle, a un grupo de reformas lo titularon “Reformas que modifican el sistema representativo para favorecer al partido que gobierna” en el cual señalan que con el argumento de la austeridad propone eliminar 200 diputados y 64 senadores para que la Cámara de diputados quede con 300 miembros y la Cámara de senadores con 64. Afirman los investigadores: con esa reforma se busca desaparecer la representación proporcional y con ella la pluralidad en el Congreso de la Unión con la cual se evita que las minorías también tengan voz. Y más adelante agregan: “López Obrador busca que el partido mayoritario (Morena) tenga una mayoría absoluta en el Congreso prácticamente sin sombra de la oposición. Y así, el presidente controlaría el Congreso, garantizaría la aprobación de sus reformas y neutralizaría a las oposiciones”.
La elección popular de consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “van dirigidas también a afianzar la hegemonía del partido mayoritario en el gobierno en lugar de que sean los principios de constitucionalidad y legalidad los que rijan la organización y resolución de los conflictos electorales […] este cambio implicaría que jueces y magistrados estarían sujetos a un procedimiento de selección, que necesariamente los pondría en manos de los partidos, pues para ser electos tienen que estar apoyados por un partido político. En otras palabras, la justicia queda capturada por la política”, por el crimen organizado o por quien financie sus campañas en busca del voto, agregamos nosotros.
Con la desaparición de los organismos autónomos (COFECE, IFETEL, INAI, CONEVAL, COMISIONES REGULADORA DE ENERGÍA Y DE HIDROCARBUROS), afirma el estudio del Instituto que: “Tras la retórica de la austeridad se oculta un propósito claro: regresar al Ejecutivo facultades que podrá ejercer discrecionalmente y sin contrapesos”, porque las funciones que realizan esos organismos regresarían a concentrarse en las secretarías de Estado.
En cuanto a las reformas en materia de seguridad pública y prisión preventiva oficiosa el estudio mencionado concluye que: “Con la reforma las policías y la Guardia nacional podrán investigar sin estar subordinadas al ministerio público […] los militares podrán realizar lícitamente y por sí mismos actividades de investigación del delito, con lo cual se modifica radicalmente todo el proceso penal y la relación entre el poder civil y el poder militar que ya no estará subordinado al primero […] Además se mantiene viva y se refuerza la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que ya fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las fuerzas armadas en sus funciones de seguridad pública no tendrán que vencer la presunción de inocencia propia del proceso penal acusatorio. Basta con la adecuada tipificación de la conducta para que se desencadene una larga prisión preventiva. Con ello, se desatienden sentencias vinculatorias de la Corte Interamericana y se viola de manera frontal el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 21 de la propia Constitución”.
En general, agrega el estudio que “Las iniciativas de reforma, de ser aprobadas implicarían una modificación sustantiva de las condiciones de legalidad y legitimidad del sistema jurídico y requieren de mucha atención porque son portadoras de un futuro distinto, incierto pero no más democrático”.
Para terminar, esos señalamientos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirman que en materia de agenda social “ninguna de las iniciativas establece la fuente de financiamiento ni las proyecciones de gasto, por lo que se puede afirmar que solo son promesas con fines electorales”.
El estudio de la UNAM, a mi juicio, no en todo tiene razón, principalmente cuando se refiere al populismo y otros aspectos políticos, pero con las conclusiones y aseveraciones subrayadas hasta aquí, todas ellas fundamentadas en el amplio estudio realizado por especialistas, derrumba todo el castillo de mentiras que maneja López Obrador para justificar sus reformas y esconder ante la población sus ansias de un poder absoluto desde la presidencia para tener en un puño todas las instancias de gobierno y de paso coartar más libertades a la sociedad entera.
Por si el análisis de los investigadores de la UNAM no bastara para exhibir la concentración del poder que busca el presidente hay que agregar la reciente entrada en vigor, el sábado 15 de junio, de las reformas a las leyes de amnistía y de amparo. Con la primera, el presidente se adjudica el derecho de liberar de prisión a cualquier delincuente, así haya cometido los peores delitos, bajo el argumento de que pueda ser testigo protegido para inculpar a la o las personas que considere necesario la presidencia “que ayuden a resolver casos relevantes para el Estado mexicano”. Con la segunda, se elimina para los ciudadanos el derecho actual de que las resoluciones que aprueben la inconstitucionalidad de normas generales tengan efectos generales, en lo sucesivo las resoluciones servirían sólo para quien solicitó el amparo, lo cual significa que solo podrán defenderse de esas normas quien tenga para pagar un abogado.
No se sabe aún si las reformas serán aprobadas tal cual fueron presentadas, pero en caso de que lo sean, en síntesis, las principales reformas están encaminadas a centralizar más el poder en la presidencia y restarle protección a la sociedad entera, cada vez más indefensa ante el Estado y bajo una línea política y económica que no es la más favorable para la mayoría de los mexicanos. Con esas reformas vamos encaminados hacia una presidencia y un Estado capitalista más policiaco-militar y, si nos descuidamos, hasta una posible dictadura.
Sin embargo, habrá que advertir a esos políticos aprendices de brujo que mientras más grilletes intenten poner a las libertades de la sociedad, más pronto se crearán las condiciones para que ésta haga estallar todo el sistema político-económico que nos domina y rompa con determinación las cadenas que la oprimen.
