Erick Alcántara
En el 2025 se registraron 5 millones 119 mil 951 personas sindicalizadas (INEGI). Esto representa el 20 por ciento de los 25 millones 464 mil trabajadores asalariados en nuestro país. En 2019 eran 4 millones 413 mil 412 trabajadores sindicalizados, de modo que fueron pocos los trabajadores que se sindicalizaron, a pesar de la tan cantada reforma morenista de 2019 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo.
La clase trabajadora ya sea en las fábricas, en las calles o en cualquier otro espacio, señalan que las reformas no produjeron el efecto esperado, los trabajadores perciben que siguen operando los sindicatos charros a la luz de las reformas, siempre aliados a los patrones.
Hay empresas que limitan la libertad sindical. Hasta la fecha, se han legitimado más de 30 mil 500 contratos colectivos de trabajo (CCT) en México, con la participación de más de 6 millones de trabajadores. Se dieron por terminados 663 CCT que no fueron respaldados por los trabajadores. En 2023 venció el plazo para las validaciones de los CCT, lo que proporciona un panorama sindical nacional claro y transparente: de los 139 mil CCT registrados en 2019, se legitimó solo el 21 por ciento.
Los Tribunales Laborales están rezagados por falta de recursos, de modo que terminan arrojando al obrero a la negociación forzada para aceptar las migajas económicas de sus irrenunciables derechos laborales. La reforma laboral establece que los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, que implementará Tribunales especializados que deberán ceñirse al sistema oral para impartir justicia. Sin embargo, los nuevos Tribunales Laborales enfrentan un creciente retraso en la resolución de casos.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un filtro gubernamental dónde se determina qué trámite avanza y cuál se queda archivado, según la preferencia partidista o los intereses de las empresas poderosas.
Las reformas al Infonavit y al sistema de Afore, no devolvieron los recursos a los trabajadores; por el contrario, se apropiaron de sus ahorros. La disminución de horas de la jornada laboral no se concretó. Ante el aumento de la inflación del 4.0 al 4.2%, de nada sirvió el aumento salarial ya que sigue quedando muy por debajo del monto siquiera para adquirir la canasta básica alimenticia. Los impuestos del ISR sobre su salario terminan absorbiendo los modestos aumentos salariales obtenidos, anulando su efecto real sobre su poder adquisitivo.
El desabasto de los medicamentos y la mala atención en los hospitales, arrojan a los trabajadores a buscar atención en el sector de la salud privada, más elevada en sus costos y fuera de sus gastos planificados, pero siguen los descuentos a su salario por este derecho. El desabasto de medicamentos en México podría empeorar en los próximos meses tras la anulación de la licitación para la compra de fármacos de 2025 y 2026, según advierten organizaciones civiles que apoyan a pacientes con cáncer, diabetes, trasplantes y salud mental. No existe evidencia de la entrega de medicamentos en hospitales, a pesar de los anuncios gubernamentales sobre abastecimiento desde octubre de 2024.
El despido sigue siendo el arma de defensa que ocupa el patrón para reprimir a aquellos obreros que desean mejorar las condiciones laborales de su fuente de empleo. México registró una pérdida de 47 mil 442 empleos formales en abril de 2025, según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La única ley aprobada fue la “Ley Silla” registrada en la LFT, y la Explotación laboral quedó registrada en la Ley de Trata de Personas, ajena a la LFT. Las banderas de lucha de la 4T para defender a los obreros no se concretaron, fueron solo para recabar votos. El gobierno Morenista, ya no se manifiesta en esos temas.
A cinco años de la reforma laboral promovida por la autodenominada Cuarta Transformación, el saldo para la clase trabajadora está lejos de ser alentador. Las cifras muestran avances limitados, mientras que la percepción general en las fábricas, oficinas y calles es de decepción. El sindicalismo independiente sigue sofocado por prácticas corporativas, los Tribunales Laborales saturados reproducen la desigualdad en lugar de remediarla y los derechos sociales se vacían de contenido práctico.
Si bien el discurso oficial insiste en la defensa del pueblo, la realidad revela una brecha creciente entre las promesas y las condiciones de vida del obrero. ¿Puede un gobierno llamarse aliado de la clase trabajadora mientras avala estructuras que perpetúan su miseria y vulnerabilidad?
La esperanza no debe depositarse únicamente en las urnas ni en liderazgos que olvidan su compromiso social al ocupar el poder. Es en la organización autónoma, en la conciencia crítica y en la movilización desde abajo donde puede reconstruirse una auténtica defensa de los derechos laborales. La clase obrera no necesita favores, necesita justicia.