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Mucha inconformidad causó la decisión del presidente de la república de cancelar 13 fideicomisos al Poder Judicial de la Federación a través de sus diputados y senadores.
Humberto Castro
Mucha inconformidad causó la decisión del presidente de la república de cancelar 13 fideicomisos al Poder Judicial de la Federación a través de sus diputados y senadores. Las bases de tan ilegítima acción se sentaron con la aprobación de la mayoría morenista en las cámaras el 18 y el 25 de octubre, respectivamente, y se consumó con la publicación del decreto el 27 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.
El hecho ha causado mucha agitación porque es grande la afectación para el país: con la cancelación de esos fideicomisos se pretende arrebatar al Poder Judicial 15 mil millones de pesos del presupuesto que debió asignársele, con lo cual se afecta la correcta impartición de justicia al no haber dinero para abrir los tribunales necesarios para las diferentes áreas de la justicia, en especial no habrá el recurso para que se creen los tribunales necesarios para la impartición de justicia en materia laboral que recientemente se transfirió al Poder Judicial y que ya se está tornando igual de lenta que antes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje; se perjudica a la mayoría de los 55 mil trabajadores que laboran en las oficinas de ese Poder del Estado porque con ello se elimina la seguridad de sus derechos o conquistas laborales conseguidos a lo largo de muchos años tales como pensiones, apoyos médicos, vivienda e infraestructura y, por si eso fuera poco, en sus denuncias públicas los propios trabajadores han manifestado que algunos de esos fideicomisos se integran con aportaciones suyas y que enviar esos dineros a la Tesorería constituye para ellos un robo de sus aportaciones.
Se han presentado protestas contra el despojo de esos recursos por muchos sectores de la sociedad, pero la más relevante es la de los trabajadores sindicalizados que laboran para el gobierno en ese Poder. Primero realizaron marchas aisladas algunas de las cuales fueron reprimidas por la policía como en el Periférico de la Ciudad de México, pero en otra más numerosa, del 22 de octubre, participaron decenas de miles en “al menos 35 grandes ciudades de 22 estados de la república”, al grito de “no son privilegios, son nuestros derechos”, destacó el diario El Universal. Sumado a las marchas, los trabajadores realizaron un paro de labores del 19 al 29 de octubre para exigir la no extinción de sus fideicomisos, pero al Ejecutivo le importó poco, contra viento y marea publicó el decreto de extinción.
Como era de esperarse, porque es su costumbre mentir para justificar sus arbitrarias decisiones, el presidente López Obrador afirmó que al cancelar los fideicomisos “no se perjudica a los trabajadores” protestan porque “los trabajadores son manipulados”, confiscar esos millones es una decisión “contra los privilegios de los jueces y magistrados”, “los fideicomisos son para financiar los excesos del Poder Judicial” “el Poder Judicial protege a una minoría rapaz”. Todas estas afirmaciones del Ejecutivo han sido desmentidas oportunamente por magistrados, jueces y trabajadores y han demostrado la necesidad de que se respeten y existan esos fideicomisos.
Este ataque al Poder Judicial sólo es uno más en la ya larga lista de acciones para someter a su control y al de su partido a los jueces y magistrados, para que las resoluciones de éstos se emitan de conformidad con lo que desee el presidente de la república, por eso la cancelación de los fideicomisos es ilegítima, porque no busca, como lo afirma reiteradamente, acabar en serio con la corrupción que pueda haber en algunos jueces, magistrados y ministros, tampoco acabar con la lentitud en la aplicación de la justicia, ni acabar con otros males que sin duda existen en el Poder Judicial, ¡No! AMLO busca un Poder Judicial “a modo”, que le cumpla y obedezca sus órdenes o las del presidente en turno y acate todos sus caprichos aunque con ello se viole la Constitución. Busca que la única voz de mando que se escuche en el gobierno sea la del presidente de la república, no quiere que haya contrapesos, no quiere equilibrio entre los tres poderes del Estado, quiere sometimiento absoluto a sus decisiones, quiere un Estado dictatorial y unipersonal.
En el fondo, el presidente está en contra de que el Poder Judicial tenga como marco de acción la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desea que ahora el marco de acción del Poder Judicial sea el que le dicte el Ejecutivo o el partido Morena, para conservar el poder político de la nación; por eso la esencia de la reforma que está por presentar consiste en que, a través del voto popular, se elija a magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial.
Tal propósito, que esconde muy bien en su propuesta el presidente, es sumamente peligrosa para los ya de por si indefensos ciudadanos ante al poder del Estado, porque con ello, en materia de impartición de justicia, todos estaríamos sujetos al contentillo del presidente, los gobernadores o del partido gobernante en turno.
Con la cancelación de los fideicomisos sí se perjudica a los trabajadores y estos emprendieron su defensa ahora mediante juicios de amparo. En cuanto a que los trabajadores del Poder Judicial son manipulados sólo es una descalificación del presidente para desvirtuar la lucha de ese sector de asalariados, pues un gran número de los mismos son personal calificado con licenciaturas, maestrías y hasta doctorados, los llama así porque él no los puede manipular como a muchos de los que reciben las ayudas de los programas asistenciales de transferencia monetaria directa. Que eliminar los fideicomisos es contra los excesos del Poder Judicial es otra falsedad, en el fondo se trata de castigar a su personal porque no le aprobaron la desaparición del INE y su plan B así como otras modificaciones anticonstitucionales para eternizar a Morena en el poder. Que pugnar por una reforma al Poder Judicial es porque ahora ese poder protege a una minoría rapaz, pero si es lo mismo por lo que ha trabajado AMLO en sus más de cinco años de gobierno.
Es bien sabido que los mexicanos vivimos en un sistema capitalista, que el Estado mexicano en su ideología y sus acciones de gobierno está controlado por la ideología e intereses de la clase social dominante y esa clase es la de los ricos, la clase de los dueños del dinero y de la riqueza. Es la clase social a la que el gobierno de AMLO llamado 4T se ha negado a tocarle hasta con el pétalo de una rosa las riquezas y ganancias que se embolsan diariamente. Se llena la boca López Obrador diciendo continuamente que el Poder Judicial está al servicio de una minoría rapaz, pero el Poder Ejecutivo que él representa también está al servicio de esa minoría de ricachos mexicanos y extranjeros.
Si no es así que diga ¿por qué se ha negado a realizar una reforma fiscal que afecte las ganancias de toda esa clase?, ¿por qué se sigue recargando el sostenimiento principal del gobierno en los trabajadores y en la población más empobrecida? La tan llevada y traída “transformación” que pregona el gobierno de la 4T se ha quedado en realizar sólo algunos pequeños cambios en la superestructura de la sociedad y del gobierno pero hay cero cambios en la base económica de la misma. El barco del sistema capitalista mexicano y sus beneficiarios sigue boyante y con viento en popa.
Así que toda esa batalla contra el Poder Judicial y el tiempo de atención y recursos que le ha merecido al gobierno de la 4T, que ya dura años, estaría mejor empleado si se hubiera dedicado a atender rubros que afectan a la sociedad en su conjunto y que a más de cinco años de gobierno han resultado un fracaso: el crimen y la inseguridad que ronda los 175 mil muertos y 45 mil desaparecidos y millones de mexicanos extorsionados; la salud que está peor que en los gobiernos anteriores con ya cerca de un millón de fallecidos por la mala atención de la salud pública; y la educación que es también un desastre con la obtención de uno de los últimos lugares en la prueba PISA; el desempleo que tiene en la informalidad a más del 50 por ciento de la mano de obra; el crecimiento económico que no alcanza el 2 por ciento; la corrupción que tanto prometió combatir y que ahora alcanza a los círculos más cercanos al presidente, incluidos sus propios hijos.
