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Rosa Espinoza
La inseguridad que prevalece en el país, es uno de los problemas que más se han agudizado en los últimos tiempos, tan sólo en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han acumulado más de 180 mil homicidios, mucho más que las cifras alcanzadas en el periodo de los sexenios anteriores; la incidencia del crimen organizado en la vida política y social del país es cada vez mayor y cobra cada día mayor relevancia.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 60.5 por ciento de la población de 18 años y más, consideró la inseguridad como el principal problema de la sociedad, la percepción de lo que más agobia al mexicano es la inseguridad.
El presidente López Obrador ha hecho poco o casi nada para mejorar la seguridad de los mexicanos, con su política de “abrazos no balazos” ha dejado que el crimen organizado crezca y se fortalezca. El colmo es que ahora él mismo y/o su familia, más específicamente sus hijos, se han visto involucrados en negocios con el crimen organizado, según lo que él mismo informó en la mañanera del día jueves 22 de febrero del presente año al responder un cuestionario enviado por el periódico New York Times (NYT), en el que se da a conocer una nueva investigación de la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos, la Administración del Control de Drogas (DEA) en la que se acusa a personas de su círculo cercano de presuntamente haber recibido dinero de integrantes del crimen organizado. Evidentemente el presidente niega tales acusaciones y refuta las mismas diciendo que se trata de un “pasquín inmundo”, dice que son puras calumnias, que no hay pruebas en su contra.
Independientemente de que sean ciertas o no tales acusaciones, que son muy graves y que dejan entrever la maraña de relaciones oscuras y retorcidas con personajes y grupos delictivos y de poder, el problema de la inseguridad ha puesto al desnudo de nueva cuenta la desatinada política sobre seguridad del gobierno de la 4T.
En el fondo del problema de la inseguridad subyace la falta de empleo, de buenos salarios, la crisis económica y el rezago educativo, entre las causas más profundas, las mismas que no han sido atacadas por el Gobierno federal; vemos como el desempleo, los bajos salarios, la inflación y las crisis económicas provocan verdaderas tragedias en la vida de los trabajadores.
Es un problema más profundo y general que tiene que ver con el modelo económico que rige en el país, con el modo de producción capitalista dependiente del imperialismo norteamericano, con el neoliberalismo económico de que se queja el presidente y al que le echa la culpa de todo, pero solo de palabra porque en los hechos el gobierno de la 4T en realidad ha permitido que se lleven a cabo medidas de corte neoliberal como el caso de la eliminación de partidas presupuestales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que tienen que ver con educación, ciencia y tecnología, así como en materia de salud, de la vivienda y de obra pública sólo por mencionar algunos.
Al pueblo trabajador de México y del mundo entero le debe quedar claro que el problema de la inseguridad en su país y el problema de la falta de empleos bien remunerados, son una manifestación del injusto modelo económico en el que vivimos, que la única forma de acabar con esos problemas es cambiando el modelo económico por uno más justo y equitativo, pero eso sólo lo podrá hacer el pueblo organizado y consciente. Cumplamos con la parte que nos corresponde.
