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Rosa Espinoza
El pasado 31 de octubre de este año el Senado de la República aprobó por unanimidad de votos una reforma constitucional para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) regule la adquisición de una vivienda digna para los trabajadores o, en su caso, tengan la posibilidad de arrendar sin que exceda el 30 por ciento de su salario. La reforma constitucional de Vivienda para los Trabajadores establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra rama estará obligada a que sus trabajadores tengan viviendas cómodas e higiénicas.
La ley del INFONAVIT es la ley reglamentaria del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de los mexicanos a tener una vivienda digna y decorosa, pero en los hechos esa ley siempre ha sido letra muerta, en realidad millones de mexicanos no cuentan con un espacio digno para vivir con su familia, viven pagando rentas muy caras, hacinados con otras familias o en casas prestadas, reducidos en ocasiones a verdaderos cuchitriles. En el sexenio del expresidente López Obrador no solo no se aplicaron programas de vivienda, sino que se redujo drásticamente el presupuesto destinado a este rubro, consecuente con su política neoliberal de recortar presupuesto a todos los programas sociales, excepto las tarjetas de Bienestar porque estas le ofrecían y le reportaron votos seguros.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 existe un rezago habitacional de 8.5 millones de viviendas de un total de 35.3 millones de viviendas particulares habitadas y contabilizadas, de este total 5.8 millones de viviendas son rentadas. El déficit de 8.5 millones de viviendas reportado por el INEGI impacta en una población de 33 millones de mexicanos que no cuentan con vivienda; pero de los que sí poseen una vivienda hay necesidad de ampliarla, repararla o modificarla. Vemos pues que la necesidad de vivienda en México sigue siendo una demanda prioritaria del pueblo pobre de México, sin embargo, no existen políticas públicas que en verdad incidan en la solución del problema, hasta ahora solo ha sido demagogia pura.
Actualmente, con la reforma aprobada en el Senado se hizo pública la propuesta de la presidenta de México, consistente en construir un millón de viviendas durante su sexenio; de cumplirse ese proyecto se estaría avanzando tan sólo en un 12 por ciento de la necesidad que existe en el país por esta carencia. Cabe aclarar que el proyecto de la presidenta contempla construir 500 mil viviendas a través del INFONAVIT para los trabajadores derechohabientes y otras 500 mil las construirá la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Esta reforma en realidad es parte de un viejo reclamo popular de vivienda, sin que hasta la fecha se haya podido instrumentar el mandato constitucional de vivienda para todos los mexicanos, sigue siendo un pendiente del sistema político mexicano. Veamos los antecedentes de esa añeja demanda de los pobres de México.
El INFONAVIT fue creado en 1972, se constituyó como un fondo que sirve para administrar las cuotas de los trabajadores que el patrón retiene y debe entregar al instituto, aportaciones que son equivalentes al 5 por ciento del salario de cada trabajador; dicho fondo tiene la finalidad de que el trabajador pueda adquirir una vivienda; el instituto cuenta con 56 millones de derechohabientes y ha otorgado hasta la fecha 12 millones de créditos.
El INFONAVIT tiene actualmente una cartera de 6.2 millones de créditos hipotecarios, poco más de la mitad del total de créditos otorgados durante sus 52 años de existencia, lo cual quiere decir que la mayoría de trabajadores no han podido pagar sus créditos, pero es algo que todos conocemos, los créditos de INFONAVIT se vuelven deudas impagables debido a que el costo de la vivienda aumenta al incrementarse el salario mínimo, además de la acumulación de los intereses moratorios.
Cabe señalar que el INFONAVIT maneja un total de 2.4 billones de pesos en activos de acuerdo con la información proporcionada por Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto hasta agosto de 2024, una suma inimaginable por cuantiosa, una riqueza producida por la clase trabajadora para que cuente con vivienda digna, pero de la que carecen millones de obreros. Desde el punto de vista de este funcionario es el mejor momento en cuanto a la captación de cuotas por el instituto; además el INFONAVIT maneja una bolsa para inversión de 760 mil millones de pesos, una suma nada despreciable para la administración federal.
Pues bien, con la reforma de Vivienda para los Trabajadores se decretó el congelamiento de 4 millones de créditos en dos partes, a saber: en un primer momento serán beneficiados 2 millones de trabajadores cuyos créditos fueron otorgados antes del año 2013 bajo un esquema que utiliza la unidad de medida conocida como Veces Salario Mínimo (VSM), posteriormente se congelarán los créditos de otros dos millones de personas que fueron autorizados en el periodo de 2014 a 2020, en total 4 millones de personas. El congelamiento del crédito consiste en detener la deuda hasta el momento actual y que no se siga incrementando por el aumento del salario mínimo o por cualquiera otra causa.
En suma, la propuesta de la reforma consiste en construir un millón de viviendas y congelar los créditos de 4 millones de trabajadores endeudados en el INFONAVIT. De concretarse dicho proyecto resolvería el problema de falta de vivienda a tan solo el 12 por ciento de los demandantes, es decir, seguirán padeciendo la falta de solución de este problema poco más de 29 millones de mexicanos.
Es necesario que la clase obrera comprenda que la única forma de acabar de raíz con el problema de la falta de vivienda será cuando tome el poder político en sus manos y cambie el modelo económico que rige en nuestro país, solo así se podrá implementar una política pública que no se limite a construir un millón de viviendas en seis años, sino que se proponga en serio hacer realidad que todos los mexicanos tengan vivienda digna y decorosa.
