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Raúl
R. Pérez
La pandemia que castiga a
nuestro país afecta de muchas maneras la vida de los mexicanos. De pronto, el
hogar se convirtió en lugar de trabajo (home
office), escuela, refugio para el aislamiento y en ocasiones recinto de
cuidados médicos.
Las
malas condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos se agudizaron con la
pandemia, e imposibilitaron que se pudieran cumplir las recomendaciones de las
autoridades sanitarias para impedir la propagación del virus. ¿Cómo se puede
atender aquello de “quédate en casa”?, si no se tiene casa, e, incluso teniéndola,
se carece de los recursos necesarios para proveer la alimentación de la familia;
si por necesidad se tiene que salir a trabajar para buscar el sustento de la
familia. ¿Cómo hacer caso al llamado de “lavarse frecuentemente las manos”, si
a la casa no llega el agua entubada o llega a cuentagotas, como sucede a miles
de capitalinos en la alcandía Iztapalapa de la Ciudad de México? Y si se tiene
un enfermo en casa que debe guardar cuarentena, ¿cómo aislarlo si se tiene una
vivienda de un solo cuarto?, ¿cómo iban a recibir clases los niños, a través de
internet, si no se contaba con el servicio?, ¿qué se puede hacer ante el
desalojo motivado por no pagar la renta, si se ha perdido el trabajo durante la
pandemia?
Este
rostro de la pobreza es el pan de todos los días para millones de mexicanos que
tienen que padecer los rigores de la pandemia, ante un Gobierno insensible que
en nada ayuda, a no ser con consejos impracticables para millones de familias.
Desde
luego, el problema de la vivienda no es nuevo; la pandemia solamente provocó
que se mostrara con toda su gravedad. En términos generales, podemos decir que
la vivienda en México es escasa, cara, vieja y chica.
Para
darnos una idea general de la situación y que no parezca una descalificación
arbitraria e injustificada, veamos algunos datos oficiales globales que lo
demuestran. Queremos dejar establecido que todos los datos proceden de “La
encuesta nacional de vivienda (ENVI), 2020”, hecha por el INEGI, el
INFONAVIT y SHF (Sociedad Hipotecaria Federal, banca gubernamental para
impulsar el desarrollo de vivienda). Cuando algún dato provenga de otra fuente
lo señalaremos expresamente.
La
vivienda en México es insuficiente. El déficit de viviendas
reconocido por las autoridades es de 8.2 millones. Esto provoca que el 26.5% de
la población, es decir, 33 millones de personas vivan hacinadas o en
construcciones precarias y sin los servicios básicos. Algunas entidades
federativas tienen un rezago en materia de vivienda todavía mayor. Chiapas
tiene las peores cifras con 71.7% (3.5 millones de personas); Tabasco, 61.2%;
Oaxaca, 54.9% y Guerrero, 54.6%.
El
rezago en materia de vivienda es muy preocupante y no ha disminuido, sino que
ha aumentado durante el gobierno del presidente López Obrador. Al déficit histórico de viviendas hay que
agregar que cada año se agrega un millón de nuevas familias que requieren una
vivienda; además de aquellas que deben ser repuestas o reconstruidas, pues se
encuentran en tan malas condiciones físicas que son más un riesgo que una
protección para sus habitantes.
El
tamaño de las carencias es tal, que resultan totalmente insuficientes los
programas de vivienda social que prometen decenas de miles, e incluso, cientos
de miles de viviendas nuevas durante el año en curso.
El
sector de las empresas inmobiliarias tampoco presenta un panorama alentador. Veamos
una opinión del sector privado. “El sector de la vivienda está en una espiral
negativa […] Datos de la consultora inmobiliaria Softec indican que en 2008
hubo 4,000 nuevos proyectos de inversión de vivienda; en 2017 la cifra fue de
1,800; en el 2020 solo hubo 1000; y este año, el número podría llegar en el
mejor de los casos a 600. Por otra parte, en 2020 se vendieron 230,000 casas
nuevas. Este año se podrán vender 135,000 viviendas en el escenario más
positivo”. Mas adelante su opinión
resulta, todavía, más demoledora: “…dicho nivel de inseguridad sumado a la
incertidumbre que ha generado al Estado de Derecho la actual administración con
decisiones aberrantes y políticas públicas irresponsables, además de la crisis
económica agravada por la pandemia, ha dado lugar a siete trimestres
consecutivas en decrecimiento del sector, de acuerdo con cifras del INEGI. Todo
ello ocasiona que sea virtualmente imposible la materialización de inversiones
inmobiliarias a los niveles requeridos por el mercado”. (expansión.mx del 18/05/2021).
La
vivienda en México es chica, antigua y con muchas deficiencias.
Durante décadas se han construido “casas-huevito”. El 41.3% de las viviendas en
México miden de 56 a 100 metros cuadrados; el 28.1% son casas con menos de 55
metros cuadrados. Los estados de la república con las peores cifras son
Campeche, BCS, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz con más del 40% con estas minúsculas
viviendas.
Una
cuarta parte de las viviendas es muy vieja. De 35.3 millones de viviendas que
existen en el país, 24.6% tienen más de 31 años de haber sido construidas. En
tanto que el porcentaje de las que tienen menos de 5 años es de 9%, y las que
tienen entre 6 y 10 años de antigüedad apenas alcanzan el 13.5%.
Las
deficiencias más frecuentes son las filtraciones y las grietas. El 44.2% de las
casas y los departamentos presentan filtraciones de agua, que provocan humedad.
El 40.8% presentan cuarteaduras. Tabasco es el estado con mayor índice de
cuarteaduras en sus casas, pues alcanza el 74.6% con viviendas dañadas.
La
seguridad jurídica es otro de los problemas que enfrentan los propietarios de
viviendas. De los 23.9 millones de propietarios de viviendas solamente 17.4
millones cuentan con escritura. La situación se agrava en el medio rural, donde
la escrituración solo alcanza el 59.4% de las propiedades.
Durante
la pandemia, 3.1 millones de hogares enfrentaron problemas de deudas. De
los cuales, 49.2% presentó problemas con el pago del crédito de vivienda y
50.8% tuvo problemas con el pago de la renta. Esto último provocó un incremento
de los desalojos judiciales, como sucedió en la Ciudad de México y en otras
entidades del país.
Durante
muchos años se ha operado con el criterio neoliberal de que, en lo fundamental,
el problema de vivienda debe ser resuelto por el mercado, donde se enfrenten
las empresas constructoras —que buscan siempre la ganancia— y los demandantes
particulares, quienes con su salario deben revolver sus necesidades
habitacionales.
Y que
al Estado le corresponde, cuando mucho, dar facilidades para que dicho
mecanismo funcione con normalidad. Consideran que al Estado corresponde,
solamente, contribuir mediante sus organismos de vivienda (INFONAVIT y
FOVISSSTE, principalmente) a proporcionar vivienda a los trabajadores
asalariados. Dejando a su suerte a la
gran mayoría de las familias mexicanas que no tienen un empleo formal.
Trabajadores
de la economía formal e informal padecen una gigantesca carencia en materia de vivienda,
consecuencia natural del bajísimo nivel de los salarios que se perciben en
México, que se encuentran entre los más malos del mundo.
Esto
ha provocado, por un lado, las grandes carencias arriba señaladas; y por otro,
que, en el colmo del absurdo, 8 millones 669 viviendas se encuentren deshabitadas
debido a que muchas de ellas fueron construidas en lugares retirados sin
servicios básicos: agua potable, luz eléctrica, drenaje, trasporte, alejados de
los centros comerciales, educativos, de salud o las fuentes de trabajo. Otra
parte de dichas viviendas tienen los servicios, pero se ofrecen a precios tales
que no encuentran compradores: no se venden (fuente: Boletín UNAM-DGCS-867. 13
de octubre de 2021).
Los
gobiernos de uno u otro partido han reconocido siempre —en sus declaraciones—
el derecho humano a la vivienda, pero hacen muy poco o nada por hacerlo
efectivo. De palabra dicen respetar los derechos constitucionales y legales.
Pero, el derecho a la vivienda, como otros derechos fundamentales, no pasa de
ser un buen deseo, que todos dicen respetar, pero que nadie hace cumplir.
No hay
duda, el derecho a la vivienda es un derecho universal de la mayor importancia a
cargo del Estado. Así lo establece la Constitución y los tratados
internacionales de los que México es parte. Veamos:
ü Artículo
123 apartado A) XII “Toda empresa agrícola, industrial,
minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo
determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores
habitaciones cómodas e higiénicas…” Rige para todos los trabajadores del sector
privado de la economía.
ü Artículo
123 apartado B) XI – f) “Se proporcionará a los trabajadores
habitaciones baratas, en arrendamiento o renta, conforme a los programas
previamente aprobados […] que permita otorgar a éstos crédito barato y
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o
bien construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos
conceptos…”. Rige para los trabajadores de los gobiernos federal y de la Ciudad
de México.
ü Artículo
4º Constitucional extiende el derecho a los no asalariados:
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…”.
ü La
Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce
el derecho a la vivienda a la par de la alimentación, el vestido y la
asistencia médica. Artículo 25.1. “Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.
ü Además,
la Jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que la
vivienda digna y decorosa incluye, necesariamente, a los servicios básicos que
demanda la vida moderna.
El
reconocimiento jurídico al derecho a la vivienda no se ha traducido en
bienestar a favor de las grandes mayorías de nuestro pueblo. La terca realidad
no admite otros datos, y los condena por haber abandonado, a su suerte, a la
gente. La autoconstrucción es casi la única posibilidad de hacerse de una
vivienda; pero, sin los recursos necesarios, los trabajadores se ven obligados
a resignarse a una vivienda precaria que está en permanente riesgo ante los
fenómenos naturales: sismos, inundaciones, huracanes, etc.
Nuestra
suerte cambiará –solo— si los obreros, los campesinos, los pobres, los
humildes, los desheredados de siempre, los sin casa: nos unimos, nos
organizamos y luchamos contra los poderosos y su Gobierno. No deben
confundirnos los políticos de la 4T, que, declarándose amigos del pueblo, solo
nos usan como adorno en sus discursos, pero cumplen fielmente las órdenes de
los poderosos de este país.
