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Marat Barca
Los criterios de evaluación que se utilizan para medir los niveles de calidad de vida están reconocidos y aprobados por los estudiosos del tema. Estos pueden ser aplicables de forma individual a las familias o poblaciones enteras que pueden abarcar un país o una región. Por ejemplo, cuando medimos bajo qué condiciones se considera estar en estado de pobreza se contemplan siete dimensiones: falta de ingreso; rezago educativo; carencia de acceso a los servicios de salud; la carencia de acceso a la seguridad social; la baja calidad y espacios de la vivienda; la falta de servicios básicos en la vivienda y la carencia de acceso a la alimentación.
Ahora, si nos referimos específicamente al ingreso, para valorar una situación de pobreza, este debe ser inferior al valor de la canasta básica, además de sufrir una o más carencias sociales. Si ahora queremos considerar a alguien en pobreza extrema, se considera tener un ingreso menor al valor de la canasta alimentaria y además contar con tres o más carencias sociales.
Dichas valoraciones es posible estimarlas, principalmente, a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuya capacidad de personal y recursos económicos son llevados acabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En su último informe publicado que comprende los años 2018 y 2022 señala lo siguiente: entre 2018 y 2022 la pobreza total se redujo en 5.09 millones de personas para el bloque de personas del llamado “decil III y IV”; siendo el decil V el que resultó con mayores beneficios el trienio señalado, con una reducción de casi 8.2 millones de personas quienes tenían un ingreso menor a la canasta básica. Como parámetro de medición, se establecen los deciles, como si la población mexicana se dividiera en diez partes, siendo el decil más pobre el I y el de mayores ingresos el decil X. ¿qué ocurrió en el decil I y II? Para el primero, hasta 2022 aumentó en 1.56 millones más de personas en pobreza y para el segundo creció en 1.23 millones de personas.
Ahora, si segregamos de los rubros para los más pobres, es decir, el decil I y II, se comportaron de la siguiente manera: 1.56 millones más de personas en rezago educativo; 7.8 millones más de personas sin acceso a la salud; más de 1 millón de personas sin acceso a la seguridad social en 2022 respecto a 2018. Ahora, si tomamos los primero cinco deciles, nuevamente los más pobres, el rezago educativo incrementó 27.3 millones de personas; a 2.6 millones de personas se les incrementó al menos una carencia social. Es importante observar que el tiempo de medición del informe comprenden los años de la pandemia de Covid 2019, de ahí que de manera singular se afectaran los rubros de educación y salud. Fundamenta la responsabilidad que tuvo que cumplir el gobierno actual durante la crisis de salud, pero que la eludió.
Sucintamente los datos demuestran que, en el sexenio de primero los pobres, el bloque que ha tenido mayor regresión en calidad de vida era el más esperanzado de que con el actual gobierno se les haría por fin justicia. Se demuestra, entre otras cosas que, la política actual de repartir programas sociales sin distingo genera aun mayor desigualdad, como lo demuestran los datos arriba expuestos. Subió la cantidad de programas entregados, pero se distribuyen de manera desigual.
