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Humberto Castro
El 31 de enero de 2023 apareció una escandalosa nota informativa: México, país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los peores del G20, esto con base en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2022 (Forbes Staff).
En esa misma nota se explica que dicho estudio fue elaborado por la organización Transparencia Internacional (TI) que se asume como una agrupación no partidista y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional, que hizo una medición en 180 países y que México ocupó el nada honroso lugar número 126, considerando el país número uno como el menos corrupto y el 180 el más corrupto. Si apreciamos bien los resultados tenemos que de los 180 países sólo hay 54 con mayor corrupción y 125 países con menos corrupción que México.
Agrupados en la OCDE actualmente hay 38 países, aquellos con las economías más fuertes y desarrolladas, por tanto, la medición señalada pone a México, como lo dice el título de la nota, como el más corrupto de esta organización.
La nota referida no llamaría tanto la atención si no fuera porque apareció al terminar el cuarto año del gobierno de un grupo de políticos agrupados en el partido MORENA que con AMLO al frente repitió hasta el cansancio que el principal problema de México es la corrupción y que al llegar al poder acabarían con ella, no sólo eso, lo pusieron como el eje de su campaña en 2018 para llegar a la presidencia de la república. Ahora, cada vez más disminuidos, continúan repitiendo que este mal era la característica de los regímenes anteriores y que ellos no son iguales.
Alguien dirá que es un proceso y que los resultados arriba descritos se dieron al terminar el cuarto año de gobierno pero que al final del sexenio los resultados serán mejores. Pero resulta que en la realidad las cosas no son así. Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron el 29 de enero de 2024 el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 (el quinto año del mismo gobierno) y señala: “México se mantiene estancado y ocupa la posición 126 de 180 países” y “sigue siendo el peor evaluado entre los países que conforman la OCDE”. Y nos dice para argumentar su afirmación que “Ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas. Ni la estafa maestra, ni el caso Agronitrogenados-PEMEX, o el caso SEGALMEX-LICONSA han llegado a sentencias en firme. Casos de corrupción internacional como el de Odebrecht, tampoco”.
Y más adelante agrega: “Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido a una apropiada reparación del daño para las víctimas. De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de la corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”. Texto de Transparencia Internacional.
Pero los señalamientos de corrupción no paran en esa calificación negativa a nivel internacional. En los últimos meses del sexenio se continúan destapando casos de corrupción cada vez más cercanos al líder que prometió acabar con ese mal en cuanto llegara al poder.
Los que más han llamado la atención son los relacionados con los hijos del presidente, hasta ahora no desmentidos, y que se refieren a la asignación directa o mediante licitaciones simuladas de contratos de obras y servicios a sus amigos. Los mismos medios se han encargado de describir una trama de corrupción en ello al suponer jugosos dividendos para los hijos del presidente o hasta formar parte a trasmano de las empresas beneficiarias de esos contratos si no es que los dueños actuales son simples testaferros de los familiares directos de AMLO.
Por otra parte, llamó mucho la atención la alteración del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que denunció poco antes de su muerte Carlos Urzua, primer secretario de Hacienda de AMLO. Este personaje demostró que los números de adultos mayores dados por la Presidencia no coinciden con los datos que entregan instituciones como el Consejo Nacional de Población y afirmó que “hay un excedente hasta de 600 mil personas que se encuentran inscritas en el padrón, pero que no se puede justificar su existencia generando un gasto de 50 mil millones de pesos, dinero que según Urzua, se desconoce dónde pudo haber quedado” (Infobae, 20 febrero 2024).
Otra característica del gobierno de la 4T es el abusar de la firma de contratos por asignación directa; y existen muchos análisis hasta de especialistas que señalan con razón que las adjudicaciones directas están muy relacionadas con la corrupción, “tienen un alto potencial de ser discrecionales” porque propician el financiamiento de obra pública innecesaria o de proyectos de baja rentabilidad social, que se inclinan por satisfacer los intereses de grupos específicos a costa del interés público, o se hacen a precios excesivamente elevados”(Centro de Investigación, México Evalúa).
En el mismo sentido, una denuncia aparecida el 14 de febrero de 2023 en el diario 24 Horas fue titulada Con la 4T más contratos por adjudicación directa que con EPN y en uno de sus párrafos afirma que por adjudicación directa “la Administración Pública Federal (AFP) entregó un total de 157 mil 796 contratos […] de ellos, el 80.3% se adjudicó directamente”.
De igual manera son destacadas las acusaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que reclaman el hecho de que, desde el inicio de la administración morenista, López Obrador estableció en el Plan Nacional de Desarrollo el compromiso de que las adjudicaciones directas quedarían estrictamente prohibidas lo cual nunca ocurrió y más bien este gobierno incrementó la cantidad de contratos adjudicados de manera directa hasta un 80% (Análisis de la corrupción, 5 de julio de 2021).
En otra nota informativa de MCCI elaborada por Renata Gómez Lameiras y Leonardo Núñez González (19 marzo 2024) se dice “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó 32 mil 894 millones de pesos que fueron utilizados de manera irregular durante todo el año (de 2023), de los cuales 29 mil 765 millones, el 90% siguen sin ser aclarados ni recuperados […] Si se agregan los montos de irregularidades detectadas por la ASF que no han sido recuperados ni aclarados desde que inició el sexenio, en total durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay 242 mil 064 millones de pesos de los que no tenemos pistas sobre su paradero o que terminaron en lugares prohibidos por la ley. Esto sin contar los hallazgos que haya en el gasto de 2023 -que se está revisando en estos momentos- y los que resulten de 2024, los cuales tendremos hasta 2026”. Ante estas cantidades, los 15 mil millones de pesos robados en Segalmex son una minucia, tal vez por eso el presidente le dio como premio un cargo en Gobernación al director responsable del atraco, su gran amigo Ignacio Ovalle Fernández.
Lo aquí reseñado es tal vez la punta del iceberg porque el gobierno que está por terminar ha sido señalado como uno de los menos transparentes en su gasto y como el que más ha combatido a los organismos que se crearon para brindar claridad a los ciudadanos de cómo gasta el gobierno los recursos de todos los mexicanos, al grado de que tiene como meta desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y acaba de acordar que las obras emblemáticas de este gobierno (que elevaron hasta por tres veces el costo de su realización) no rindan cuentas al país “por seguridad nacional”. Un verdadero subterfugio, una excusa totalmente injustificada para evadir el compromiso de rendir cuentas que tienen todos los gobernantes. Si se gastó el dinero con honradez, eficiencia y justificación ¿por qué esconder esa información al pueblo? Esconder la información deliberadamente es confesar de antemano que allí se esconde algo turbio.
No obstante lo anterior, lo importante para los trabajadores mexicanos es comprobar que del diagnóstico que hizo este gobierno de los problemas del país y de las promesas que realizó; ni es la corrupción el problema principal de México, tal como reiteradamente criticamos a la 4T aun antes de iniciar el sexenio, ni este gobierno acabó con la corrupción, ni la combatió en serio y, todavía peor, hasta va a acabar enlodado desde los escalones de arriba hasta los de abajo en la corrupción a la que prometió darle fin. Ante los datos duros en este terreno no caben los pañuelitos blancos como prueba de que se acabó el flagelo de la corrupción.
Una vez más es necesario decir que el problema principal de México es la injusta distribución de la riqueza y que la corrupción no se acabará mientras no cambie el sistema capitalista de producción que enseña a los individuos que la ambición de riqueza y acumulación de dinero es la mejor hazaña que pueden realizar los seres humanos al venir a este mundo.
