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Ricardo
Torres
La precariedad laboral
que en nuestro país enfrentan los trabajadores asalariados en general y, en
particular, los trabajadores de la salud, sigue en aumento; en un régimen
neoliberal en crisis y en medio de una pandemia devastadora que encontró a
nuestro sistema de salud desmantelado ya que, por años, contrató a miles de
profesionales de la salud con bajos salarios, nulas prestaciones, sin seguridad
social ni derechos laborales. Hoy en día, a tres años de su administración, el
régimen morenista continúa aplicando la misma fórmula neoliberal que desprecia
la enorme labor que día con día realizan los trabajadores de la salud.
A pesar de que el
gobierno federal y las administraciones estatales pretendan ocultar la realidad
con promesas y subterfugios, los problemas en este importante sector de la
salud siguen brotando como hongos: ahora, por ejemplo, en el estado de Sinaloa.
Miles de trabajadores de distintas
instituciones de salud en Sinaloa se han sumado a la exigencia, ante el
Gobierno del estado y la Secretaría de Salud local, para dejar de ser empleados
por contrato y se les otorgue una basificación definitiva que les ofrezca
estabilidad laboral, en virtud de que muchos de ellos han trabajado por más de
10 años sin que hasta el momento se reconozcan sus derechos laborales. Entre
otros se encuentra el Hospital de la Mujer que, sin afectar la atención a los
pacientes, los trabajadores de la salud realizan un plantón de protesta en la
avenida principal frente a dicho Hospital, en defensa de su antigüedad y
exigiendo, de una vez por todas, la asignación de sus plazas.
Rubén Rocha Moya, gobernador del
estado y Héctor Melesio Cuén Ojeda, titular de la Secretaria de Salud de la
entidad, se han comprometido a otorgar dichas plazas, sin embargo, en los
hechos las basificaciones no llegan o son asignadas de manera discrecional. Las
negociaciones continúan, los trabajadores de la salud se mantienen en lucha y
las autoridades locales solo ofrecen promesas y más promesas que, según ellos,
habrán de cumplirse hasta 2022. Demagogia pura.
Los trabajadores de la salud de
aquella entidad han declarado que: «La exigencia de la manifestación es
por la inconformidad que hay, somos personal que tenemos 12 años de antigüedad
esperando una vacante y pues esta la repartición así a ojos de todo mundo, a
personas que tienen menos años de antigüedad, incluso gente que acaba de
graduarse de la escuela, es una desfachatez […] Tristemente nos estamos dando
cuenta que se siguen otorgando bases de forma irregular, se está denunciando
esto, se está impugnando, eso nos piden que hagamos, pero al final de cuentas,
no se está haciendo nada, no estamos teniendo una respuesta, no aparece la
gente corrupta […] Gente que le ha sido fiel a la institución trabajando, y al
pie del cañón, todavía no se le reconoce sus derechos laborales, ya no digo
algún premio o merito, pedimos lo que todo trabajador merece, una situación
laboral estable, algo que tiene la gente esperando por años”.
Esta política neoliberal que en nuestro país
sufren los trabajadores de la salud, contraviene a la Ley Federal del Trabajo
al mantener bajos salarios y prestaciones insuficientes, impidiendo la
estabilidad en el trabajo.
En el
fondo, la precariedad e inestabilidad laboral que enfrentan los trabajadores de
la salud obedece a que el gobierno morenista intenta federalizar los
servicios de salud, es decir, que el Gobierno federal, a través del IMSS y el
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pretende regular todo el sistema
de salud del país, con el objetivo de establecer un control directo sobre las plazas del
sector salud para evitar que en las entidades sigan creando nuevos espacios
laborales sin una fuente de financiamiento para el pago de salarios y sin que
hayan sido avalados por el Gobierno federal.
Si este proceso fuera
ordenado y eficaz, sin afectar la vida laboral de los trabajadores de la salud,
garantizando sus derechos laborales y su estabilidad en el trabajo, sería
bienvenido, pero si se pretende aplicar a costa de su precarización resulta una
medida inaceptable.
La debilidad que muestra
este proceso de federalización bajo la dirección morenista no radica en el
control directo de las plazas que existen y deben existir en el sistema de
salud, sino en la manera selectiva y discrecional en que se realiza, atendiendo
no a criterios de antigüedad, calidad profesional y rendimiento laboral, sino a
criterios estrictamente políticos y al estrangulamiento presupuestal destinado
al sector salud provocado por la falsa austeridad republicana. Los recursos
económicos del país no están dirigidos pues al mejoramiento y bienestar social,
sino a la compra de votos a través de los programas asistenciales de asignación
monetaria directa.
A pesar de la escandalosa
carencia de médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud en nuestro
país, que según el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, es de más
de 200 mil médicos y 300 mil enfermeras; lo que debe hacer el Gobierno federal
es asignar los recursos suficientes no solo para la contratación y pago de
personal que garantice la atención médica del pueblo de México, sino, además,
para mejorar las condiciones de infraestructura de los Hospitales de
Especialidades, Generales y Comunitarios, Unidades y Clínicas de Especialidades
Médicas y Centros de Salud del país, así como para dotarlos de equipos,
instrumentos, insumos y medicamentos necesarios para atender la salud de los
mexicanos. Ya no hablemos de nuevos y mejores centros hospitalarios, sino, por
el momento, los que se tienen, que se encuentren en óptimas condiciones.
La disyuntiva es clara: dotar al sistema de
salud de los recursos económicos suficientes o restringir el presupuesto a la
salud, precarizar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y
brindar una mala atención médica a la población. AMLO y Morena, al igual que el
PRIAN, han optado por esta última política. El neoliberalismo que en su
discurso AMLO ha dado por muerto, hoy comprobamos que, en los hechos, goza de
cabal salud.
Pero si algún lector poco informado pensara que
la política neoliberal y la situación en que se encuentra el sistema de salud,
no son responsabilidades atribuibles al gobierno morenista, basta recordar que
en los meses de septiembre y octubre del año en curso, en plena pandemia, AMLO
en complicidad con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, lanzaron
a la calle a más de 2 mil trabajadores de la salud en aquella entidad.
Y no
solo eso, sino que el 21 noviembre, en la madrugada, elementos de la fuerza
pública desalojaron violentamente el plantón pacífico que los trabajadores de
la salud despedidos, organizados en la Coordinadora de Sindicatos de la Salud
de Oaxaca (CSSO), mantenían frente al palacio de Gobierno de Oaxaca. Hechos
que, de la misma forma que vimos con los trabajadores de Dos Bocas, desmienten
las reiteradas declaraciones de AMLO en el sentido de que “no son iguales” y que en su gobierno “no se va a utilizar la fuerza
pública para reprimir al pueblo”. En los hechos, su política neoliberal y
represora en contra de los trabajadores demuestran que siguen siendo de la
misma calaña.
La precariedad laboral de los trabajadores de la salud sigue en aumento;
en consecuencia, corresponde a los propios trabajadores en este sector y de
todos los sectores que conforman la vida económica y social del país,
organizarse y luchar en defensa de sus legítimos derechos. Vaya pues, desde
este modesto espacio, nuestra solidaridad con los trabajadores de la salud de
Sinaloa y del país.
