Carlos Sarabia
El 23 de junio pasado se aprobó poner un tope al llamado «retiro por seguro de desempleo», al cual socorren los trabajadores, precisamente, por falta de empleo. Y es que el gobierno morenista, con el pretexto de evitar que los «coyotes» se aprovechen de los trabajadores al gestionar este «seguro», decidieron poner un tope al dinero del que puede disponer el trabajador, como si con esto se terminara el creciente problema del desempleo en nuestro país.
La reforma modifica el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, que ahora establece que el monto de retiro por desempleo se debe calcular con base en la cotización promedio del último año, y no con base en el último salario, esto, según el Estado, evitará que los intermediarios jueguen con el sistema, pues registraban al trabajador con un salario alto por un corto tiempo para poder retirar una cantidad considerable de este seguro. Por lo anterior, la reforma plantea que, en casos de desempleo, los trabajadores solo podrán retirar la cantidad que resulte menor a 30 días del promedio de su salario base de cotización de las últimas 150 semanas o las que tuviere, o el 11.5 % del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces para los trabajadores que necesiten el retiro por desempleo, aunque tengan un último salario alto, no se tomará este como referencia, sino el promedio de todo el último año cotizado.
El problema principal no son los «coyotes» que cobran por estos trámites que están llenos de requisitos y son complicados para la mayoría de trabajadores, sino la falta de oportunidades para conseguir un trabajo digno y estable; la desesperación de resolver sus problemas económicos orilla a los trabajadores a recurrir como última opción al raquítico ahorro que el Estado les permite guardar. Y aquí empeora el asunto, pues lejos de mejorar la situación del trabajador, su futuro se vuelve incierto, pues las semanas cotizadas en su Afore a lo largo de su vida, se reducen drásticamente cuando retira dinero en la desesperación de resolver alguna emergencia, y con ello la esperanza de alcanzar una pensión digna al final de su vida laboral, la cual se le escapa de las manos porque los retiros restan al número de semanas mínimas que pide la ley. En palabras simples, en México no existe un «seguro por desempleo», pues lo que se menciona es un «retiro por desempleo» dónde al trabajador se le da la oportunidad de disponer de su propio ahorro, por lo que, por dónde quiera que se mire, el trabajador lo único seguro que tiene es la necesidad de trabajar hasta que sus fuerzas se lo permitan.
El problema empeora para la clase trabajadora porque el desempleo representa un obstáculo preocupante, el país alcanza ya, de acuerdo con el análisis de «Acción Ciudadana Frente a la Pobreza», la cantidad de 19.5 millones de personas inactivas laboralmente, así también la informalidad alcanzó el 54.8 % de la fuerza laboral de acuerdo con el INEGI, datos contrarios a los aportados por el secretario del Trabajo y Prevención Social, Marath Bolaños, el pasado viernes 25 de abril, quien anunció que, de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se han registrado 22 millones 465 mil 110 empleos formales en México, con una tasa mínima de desempleo de 2.5%. Pero cabe destacar que también reconocen que en estas cifras se incluyen desde 2019, a 3 millones 161 mil 524 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a quienes se les han pagado de nuestros impuestos la cantidad de 137 mil millones de pesos. En esta cifra del 2.5% también queda fuera todo aquel que se autoemplea como puede, por lo que, en opinión de algunos analistas, si la tasa de desempleo real fuese esa, implicaría tener menor desempleo que países como Alemania, y esa comparación es igual de absurda que decir que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca.
El Gobierno tampoco ayuda, y en este sentido las reformas a las pensiones han ido de mal en peor, pues el ahorro que logran acumular los trabajadores se vuelve insuficiente para alcanzar una pensión digna. En este aspecto recordemos que las semanas necesarias para pensionarse, pasaron de un mínimo de 500 con la ley del 73 a un mínimo de 1,250 semanas con la ley del 97, que en 2020 se redujeron a 850, aunque cabe recordar que esta última modalidad aumentará gradualmente hasta llegar a 1,000 semanas en 2030. El Gobierno al servicio de la burguesía, ayuda a explotar a los trabajadores durante más tiempo, a exprimirlos al servicio del capital lo más que se pueda.
Ahora bien, el problema de la falta de empleo formal empeora las cosas para quienes buscan completar sus semanas cotizadas en un país sin seguridad social para todos, y muchos, por no completar las semanas de cotización necesarias, se quedan en el camino con la esperanza de alcanzar una pensión, pues fallecen sin retirar el dinero de sus Afores. Este dinero ahora lo reclama el Gobierno, pues la reforma a las pensiones del año 2024 le permitió al Estado disponer de 2.2 millones de cuentas inactivas de trabajadores de más de 70 años, que representó un total de 24 mil 238 millones de pesos (El Economista 29/04/25), dinero que ahora administra morena a través del Fondo de Pensiones del Bienestar; programa que a la fecha no ha resuelto el problema del proceso burocrático para los trabajadores y mucho menos garantiza una pensión digna para todos, pero que sí se utiliza como propaganda política para su ficticio «segundo piso de la cuarta transformación».
Los trabajadores debemos estar atentos a este tipo de reformas, porque atrás de ellas no están los intereses de la clase trabajadora, sino los intereses de la clase en el poder, la dueña del dinero. Poner un tope al retiro por desempleo, no solo oculta el problema de la falta de empleo digno y bien pagado, sino que oculta los intereses de capital bancario. Solo en octubre del año 2024, los retiros por desempleo se dispararon por 3 mil 390 millones de pesos, un máximo histórico según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), expresando un problema no solo de desempleo creciente, sino un problema también para los bancos, quienes se encuentran preocupados al ver reducidos sus capitales. Recordemos que el Gobierno sirve a la clase empresarial, y por ello no debe sorprendernos que sus reformas se encaminen a resolver los intereses de la burguesía.
Por otro lado, no podemos pasar por alto que el Gobierno inició el año con un déficit fiscal de alrededor de 800 mil millones de pesos para cubrir el gasto de 2025, y que el pasado 12 de diciembre fue aprobada una reforma al Infonavit, la cual desapareció la vigilancia del manejo financiero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que permitió al Gobierno un uso discrecional de estos recursos, es decir, que los usará como mejor le parezca. Estos ejemplos del Infonavit y de las cuentas inactivas que se adjudicó el Gobierno, nos permiten advertir que se está preparando el terreno para echar mano también de lo que queda de las Afores.
Como podemos observar, mientras no tengamos un Gobierno obrero no habrá leyes pensadas en nuestro progreso, y es por ello la urgencia de organizarnos y formar un partido de la clase obrera.