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Jaime Reyes
Se considera trabajo infantil cuando niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años participan en una o más formas de trabajo no permitidas. Se clasifica como ocupación no permitida a la que realizan personas de este grupo de edad en la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas. Asimismo, incluye a quienes realizan quehaceres domésticos no remunerados en sus propios hogares en condiciones no adecuadas, lo que incluye a niñas, niños y adolescentes que las realizan durante horarios prolongados o en condiciones peligrosas o riesgosas.
A nivel mundial la explotación infantil laboral arroja cifras alarmantes en la agricultura, ganadería, turismo sexual, así como en actividades de mendicidad. Condiciones latentes desde hace décadas y sin poderse desterrar en prácticamente ninguna parte del planeta.
México es el segundo país en Latinoamérica con más casos de trabajo infantil, el 56.2 por ciento de la población de entre 5 y 17 años trabajó en ocupaciones no permitidas, siendo su empleador un familiar; y el 29 por ciento como forma de aportación económica al núcleo familiar, según información de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2022) que realiza Inegi.
Legalmente la edad mínima para trabajar en México es de 15 años de edad con permiso de los padres, de la autoridad laboral correspondiente y tras haber finalizado la educación básica obligatoria. De otro modo, es ilegal que un menor de edad trabaje y así se estipula en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Al respecto también la LFT, en su artículo 175, define las ocupaciones no permitidas: en resumen, queda prohibida la actividad de menores de edad en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, expendios de bebidas embriagantes, cantinas, tabernas y centros de vicio, trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres, así como actividades peligrosas o insalubres.
El derecho al trabajo, con todas sus condicionantes sociales que debe tener, como el retiro digno, servicio médico o la satisfacción de tener bienes patrimoniales, es algo que no alcanza a llegar todavía a la población mundial. La tasa de desempleo, los trabajos mal pagados y la ausencia de seguridad social crean un vínculo para la reflexión entre los derechos de la niñez y del trabajo; se tiene que tener un proyecto para convertir a México en un país que respete los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y una perspectiva global que garantice que nuestra infancia no vivirá las condiciones laborales que sus generaciones anteriores padecieron, aunado a esto hay otros fenómenos sociales que permiten se siga perpetuando la explotación infantil.
El abandono de niñas y niños es un fenómeno social que permite aún más la explotación infantil; desde aquellos que son sustraídos de sus padres por haber éstos cometido algún acto ilícito, como las y los niños víctimas de violencia familiar o los casos de padres adolescentes que optan por abandonarlos, y del drama de quienes han sido arrojados a la calle a quienes nombran “niños de nadie”, pero en realidad son niños de todos.
Hay historias donde una vez más se confirma que “infancia es destino” y que desafortunadamente nos lleva a tener casos tristemente célebres, como el del “niño sicario” o de adolescentes norteamericanos que se convierten en homicidas múltiples al cobrar venganza de bullying, discriminación, entre otras patologías sociales.
Como podemos ver este problema se viene agudizando cada vez más. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por la explotación laboral a temprana edad.
El gobierno en turno tiene que tomar acciones claras para erradicar el trabajo infantil, políticas públicas integrales en educación y desarrollo social, se necesita crear proyectos que generen fuentes de empleo bien remunerado y con esto reducir drásticamente la pobreza, tener acceso a una educación de calidad y equitativa, dar empleo de calidad a los adultos responsables de los niños y las niñas, pero sobre todo acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil.
