Jaime Reyes
El 10 de septiembre del 2025, una pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza, cargada con 49 mil litros de gas, volcó y explotó bajo el puente de “La Concordia”, en Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas y empobrecidas de la Ciudad de México. La tragedia dejó un saldo inicial de 90 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves en todo su cuerpo. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 17 personas.
Lejos de ser un accidente aislado, el hecho evidenció la enorme fragilidad en la que, en general, vive el pueblo trabajador: familias enteras destrozadas, personas hospitalizadas sin seguro médico, empleos perdidos, una incertidumbre económica y emocional que nadie en el gobierno parece estar dispuesto a asumir.
Las historias de las víctimas reflejan un denominador común: trabajadores y trabajadoras sin seguridad social, sin respaldo institucional y con ingresos precarios. Entre los fallecidos se encontraba Misael Cano, empleado de la alcaldía Iztapalapa, que perdió la vida junto con su hija Tiffany. Su muerte golpeo doble, fue víctima como trabajador público y como padre de familia.
Otros sobrevivientes, como albañiles y comerciantes ambulantes, sufrieron quemaduras graves sin contar con seguridad social, enfrentando esta terrible desgracia con la disyuntiva entre sobrevivir o endeudarse de por vida, familias enteras de colonias cercanas perdieron vehículos, negocios y viviendas. La solidaridad vecinal fue inmediata, pero no puede sustituir al apoyo institucional que debería brindar el Estado encabezado por la 4T.
Ineficiencia y omisiones del gobierno de la 4T
El accidente no solo es una desgracia humana, también es un referente de la ineficiencia gubernamental. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que la pipa no contaba con seguros de responsabilidad civil ni ambiental vigentes, es decir, circulaba ilegalmente y sin respaldo financiero para responder por los daños causados, y aquí la pregunta obligada es ¿cómo pudo una pipa circular así?
El gobierno reconoció que el accidente probablemente se debió al exceso de velocidad, sin embargo, no existen controles reales ni rutas seguras establecidas para este tipo de transporte en zonas densamente habitadas como Iztapalapa. Si bien se desplegaron ambulancias para llevar a las personas quemadas a los hospitales, la mayoría de los heridos carecían de seguridad social, la atención corrió a cargo de hospitales públicos ya saturados, mostrando la precaridad de un sistema de salud que no protege a quienes más lo necesitan.
Aunque la empresa intentó alegar que tenía seguros “activados”, la propia autoridad reconoció que estos no estaban registrados ni vigentes. La ausencia de sanciones inmediatas muestra una negligencia muy grave por parte del Estado frente a las grandes compañías gaseras; mientras las víctimas esperan atención y apoyo económico, el gobierno solo se limita a dar declaraciones de investigación y promesas de sanción, aunado a eso omitiendo los verdaderos datos de los fallecidos y heridos por este lamentable accidente, la justicia no se hace presente y mucho menos la reparación de los daños.
La cuarta transformación llegó al poder con la promesa de justicia social, combate a la corrupción y defensa de los más pobres, sin embargo, este accidente refleja lo contrario, fallas en la supervisión institucional que permitieron a una empresa operar sin seguros, el gobierno en turno no protege al pueblo trabajador que enfrenta el costo de una tragedia sin ningún respaldo y solo se ha limitado a dar discursos de apoyo y justicia a través de los medios de comunicación y a los familiares de los heridos, pero que no se traducen en soluciones inmediatas y reales para las familias afectadas.
El accidente no solo fue un error técnico, sino una muestra de la ineficiencia estructural de la 4T, que no ha podido garantizar condiciones mínimas de seguridad ni de protección social. A mi juicio, tiene que existir una supervisión estricta de seguros, permisos y condiciones en todos los vehículos que transporten material peligroso, rutas exclusivas y reguladas para transporte de materiales peligrosos con un riguroso monitoreo, además de sanciones ejemplares contra las empresas que incumplan con ley, y contra las autoridades que hacen caso omiso a las irregularidades que se presenten, pero lo más importante es que haya un fondo económico destinado para las víctimas que cubra gastos médicos, atención a la salud y seguridad económica a los trabajadores formales e informales, que son los más golpeados por tragedias de este tipo.
En suma, la explosión en Iztapalapa no solo fue un accidente, fue una tragedia anunciada que refleja lo desprotegidos que vivimos millones de mexicanos, y la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad, justicia y bienestar.
El sufrimiento del pueblo trabajador no puede seguir siendo invisible, las promesas de la 4T deben traducirse en hechos y no solo quedarse en discursos demagógicos, de lo contrario, cada nueva tragedia se convertirá en un fracaso de un gobierno que dijo “primero los pobres” y que hoy carga en su conciencia con la sangre, las vidas y el dolor de los más humildes.