Arturo Ruiz
Bajo el lema “primero los pobres”, como en La Odisea de Homero, Morena logró que muchos trabajadores de diferentes áreas administrativas de instancias federales, estatales y hasta municipales creyeran en el canto de las sirenas, es decir, en promesas de mejoramientos laborales para los servidores públicos con aquello de que “lo mejor estaba por venir”, logrando que votaran por ellos para llegar al poder, sin pensar que esto derivaría en su propia desgracia.
Como prueba de ello haré referencia a algunos casos sobre la falta de justicia laboral que enfrentan trabajadores del apartado B, es decir, trabajadores al servicio del Estado y en especial a los del municipio de Chimalhuacán, comienzo:
En la nota de Abigail Cruz Guzmán publicada en la revista Buzos de la noticia, titulada “Poder Judicial despide a otros 400 trabajadores de confianza”, de fecha 30 enero del 2026, da cuenta de ello refiriéndose a los despidos masivos ejecutados en el poder judicial, “Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de 5,000 ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025”.
En un artículo publicado en el portal GOBERNANTES.COM, de Veracruz al mundo, escrito por Héctor Yunes Landa, titulado “UPAV: gobierno morenista protege derechos laborales… ¡corriéndolos!, del 19 de enero de 2026, señala que “la salvación que ofreció el gobierno de Rocío Nahle a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) resultó una tormenta perfecta” ya que fueron despedidos alrededor de 500 trabajadores administrativos de la UPAV sin explicación alguna, todos estaban laborando por contrato, algunos de ellos desde el 2005.
Otro más, la corrupción que impera en las Salas de los Tribunales Laborales como lo denunció el periodista Daniel Camargo Hernández en el portal Cuestión de POLÉMICA del 29 de octubre de 2025 titulado “Las delicias del poder mexiquense” y que a la letra dice “En la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla, la justicia laboral parece cotizarse al mejor postor. Abogados y extrabajadores denuncian que ‘la corrupción impera’, los laudos sólo avanzan si se paga el ‘moche’”.
Ante tanta tardanza jurídica, problemas de falta de personal en los Tribunales y la inmensa carga de trabajo, Camargo Hernández nos dice: “En medio de este lodazal, el secretario adjunto de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, Octavio Peñaloza Lugo, obtuvo un laudo por casi 4 millones de pesos contra el Ayuntamiento de Naucalpan, pese a haber laborado apenas cuatro meses. Mientras tanto, miles de expedientes siguen empolvándose desde 2007 sin resolución”.
Está el viacrucis que sufren los trabajadores despedidos en el Municipio de Chimalhuacán, que con la llegada de la morenista Xóchitl Flores Jiménez, quien en campaña política pregonara que “ningún trabajador va a ser despedido”, pero en los hechos la agresión hacia los trabajadores empezó inmediatamente tomando el poder, desde el 1° de enero del 2022, ya que “ordenó se despidiera injustificadamente a más de 2,000 trabajadores” de las diferentes áreas, a madres solteras o embarazadas, personal con capacidades diferentes, servidores públicos sindicalizados o de confianza, muchos de ellos con antigüedad de entre 15 y 20 años con el pretexto de que “eran ajenos a su proyecto de transformación”, obvio esta justificación no se encuentra dentro de las causales que prevé la Ley Federal del Trabajo o la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para originar un despido a los trabajadores generales, atropellando la ley y sin prever el costo político, jurídico y financiero que se le avecinaba.
A pesar de que la justicia laboral debe dar garantías de su aplicación a la clase trabajadora, resulta lesivo que, a cuatro años de distancia, las demandas de los extrabajadores de Chimalhuacán todavía no cuentan con acuerdo de admisión o con la prevención correspondiente, todo ello en flagrante violación a los derechos laborales de los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente por la morenista.
Los jueces del Bienestar aplican la justicia sólo en favor de sus amigos morenistas, entiendo que no serán todos, pero solo basta ver las noticias y enterarse que estos jueces que hallaron empleo gracias al “voto popular” no se encuentran académica ni jurídicamente capacitados para resolver los conflictos judiciales. A pesar del tiempo transcurrido, la justicia laboral no ha llegado para los extrabajadores del Municipio de Chimalhuacán, pues a la fecha no se ha resuelto ninguna de las 1,500 demandas laborales interpuestas por ellos en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México que, a decir de su titular, el Lic. Eduardo Piña Márquez, Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec, tienen un rezago de nueve años, por consiguiente, en estos momentos todavía están resolviendo laudos desde el 2017. Sin embargo, lo que no dice el funcionario es que han sido decenas de visitas las que Xóchitl Flores ha realizado al Tribunal durante 2025. Todo parece indicar que se han politizado las demandas laborales que atiende este Tribunal.
El mencionado caso de Octavio Peñaloza Lugo contra el Ayuntamiento de Naucalpan, pone en evidencia el doble rasero del sistema de justicia laboral: mientras los trabajadores de Chimalhuacán esperan justicia desde 2022, un funcionario bien conectado cobró una indemnización laboral de casi 4 millones de pesos a pesar de haber laborado unos cuantos meses. Por ello, los trabajadores exigen la intervención de la Contraloría Estatal y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), antes de que la justicia laboral en el Estado de México termine convertida en otro negocio más del poder.
Con estos antecedentes en los Tribunales de “justicia” laboral del Estado de México, a los extrabajadores del Municipio de Chimalhuacán les quedan solo dos caminos para terminar con sus procesos de demandas laborales: caer en las corruptelas de los presidentes de los Tribunales, que exigen el “moche” para que sus laudos avancen favorablemente; o bien, tomar conciencia de que la única salida digna para los trabajadores es la organización colectiva y la exigencia en las calles de una justicia laboral despolitizada.
En días recientes Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo del Estado de México informó que esta secretaría enfrenta alrededor de 2 mil expedientes relacionados con laudos laborales y 32 mil juicios pendientes, por tanto, calificó el panorama como serio y reconoció la urgencia de atender los conflictos laborales de fondo y que los municipios se hagan responsables de los problemas que generaron con dichos despidos. Con esto se demuestra que también en los gobiernos de la 4T la justicia laboral en México sigue siendo lenta, costosa y desigual, dejando un legado de escándalos y corrupción.
