El desarrollo capitalista que empobrece
Ulises Ramírez
Saludos, compañeras y compañeros trabajadores. Hoy quiero platicarles de un fenómeno económico que nos afecta directo como clase trabajadora y a nuestras familias. Sus efectos no duran un día ni una semana: duran años. Y ponen en peligro nuestra propia vida. Hablo del llamado ecocidio.
Esta destrucción se ha extendido a lo largo y ancho del país. Y considero, compañeros, compañeras, que es urgente informarnos sobre los ecocidios que ocurren en nuestro territorio. Primero para estar informados, después para poder hacer algo al respecto. Porque tal parece que no existe, y digo parece, modo alguno de detener este proceso.
Primero, lo legal: el artículo 4º de la Constitución, en su párrafo sexto, dice: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Es decir, el Estado está obligado a darnos certeza, a protegernos contra el riesgo ambiental y a tomar medidas concretas para que, como primer paso, el daño no ocurra y, como segundo, paso se impongan las sanciones pertinentes.
Para eso, el Estado cuenta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Es la Secretaría que diseña y supervisa las políticas públicas para proteger el medio ambiente, buscando el equilibrio entre desarrollo económico y conservación de ecosistemas. Y tiene también a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de la ley mediante inspecciones, atención a denuncias y promoción de la participación social.
Entonces, jurídicamente tenemos todo: Constitución, Semarnat y Profepa. Elementos legales, administrativos y técnicos para cuidar el medio ambiente y evitar repercusiones a nuestra salud física y mental.
Ahora bien, ¿qué es el ecocidio? Es la destrucción grave, extensa y duradera de los ecosistemas provocada por las grandes empresas que buscan mercados, territorios y mano de obra barata para obtener la máxima ganancia para sus mercancías. Hoy existe un movimiento global para tipificarlo en la Corte Penal Internacional como el quinto crimen internacional, junto al genocidio. En 2021, un panel de expertos lo definió como: “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.
Las causas principales:
1. Deforestación: tala masiva sin reforestación.
2. Contaminación industrial: industrias que vierten residuos tóxicos a ríos y mares.
3. Minería y extracción: petróleo y minería a cielo abierto que alteran suelo y subsuelo irreversiblemente.
Las consecuencias: pérdida de biodiversidad, colapso de cadenas alimentarias, desplazamiento de comunidades, inseguridad alimentaria, crisis de defensores ambientales y crisis climática.
Aunque México ha empezado a actualizar sus códigos penales para sancionar estos daños con más de 10 años de prisión, todavía está en veremos.
Compañeras, compañeros: nosotros, metidos en las fábricas, muchas veces no sabemos qué pasa afuera. Tardamos horas en llegar al trabajo, pasamos el día entero ahí, salimos cansados y solo queremos descansar. Pero debemos saber que no somos los únicos trabajadores, también están los campesinos que producen lo que llega a nuestra mesa, y los pescadores que nos traen productos del mar. Y en ambos casos, frutas, legumbres, pescados y mariscos pueden venir contaminados por una mala planeación, una acción deficiente de los gobiernos y, por supuesto, las acciones contaminantes de las empresas industriales.
Debemos entender que vivimos en un sistema económico capitalista, hoy llamado neoliberalismo, que no ha cambiado un ápice su forma de actuar, aunque el expresidente López Obrador lo haya querido cambiar por decreto.
El capitalismo no busca equilibrio con el medio ambiente, sino que persigue únicamente la máxima ganancia. Y para ello no le importa si contamina, deteriora o deforesta.
Carlos Marx nos recuerda que la naturaleza no es un ente separado del ser humano, sino su cuerpo orgánico. Es la fuente material de la vida. El trabajo es el proceso natural por el cual el hombre modifica la naturaleza para satisfacer sus necesidades y, al hacerlo, se modifica a sí mismo. Marx denuncia que el capitalismo rompe este equilibrio al tratar a la naturaleza y a la fuerza de trabajo como simples mercancías ilimitadas para maximizar la ganancia. Por eso el capitalismo agota la tierra y explota al trabajador.
Para abrirse paso, el capitalismo se sirve del Estado. Cuando una hotelera o una minera quiere explotar tierras o playas, necesita un permiso llamado Manifestación de Impacto Ambiental, un documento técnico que se presenta ante Semarnat para evaluar y mitigar los daños. El gobierno tiene la responsabilidad de analizar con seriedad los efectos adversos. Y como dije: cualquier variación al medio ambiente nos afecta a todos, principalmente a las grandes mayorías.
Casos emblemáticos:
- El Tren Maya: la mentira de “no se tirará ningún árbol”.
Recordemos la entrevista con Carmen Aristegui. A pregunta expresa de la periodista “¿no se tirará ningún árbol?”, el expresidente López Obrador respondió enfático: “No, no se tirará ningún árbol”.
Después, el propio Gobierno federal reconoció la remoción de más de 7 millones de árboles solo para abrir paso al tren. Agrupaciones ambientales estiman más de 10 millones. ¿Cómo obtuvo el Gobierno la manifestación de impacto ambiental?, ¿Semarnat no pudo detener el ecocidio evidente? Y eso solo es en relación a los árboles. Falta la contaminación de cenotes: al perforar el suelo para sostener las vías, contaminaron aguas que por siglos fueron cristalinas y, peor aún, ya que desde las esferas del Gobierno se manifestó que a los animales de la selva como el emblemático jaguar se les tachó de “fauna nociva.
¿Es el Tren Maya el único ejemplo? La respuesta es un rotundo no.
- Cananea 2014: 40 millones de litros de veneno.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. El peor desastre ambiental de la minería metálica en el país. Afectó el agua, la salud y la economía de más de 24 mil habitantes en ocho municipios. Se cerraron pozos, se suspendieron actividades agropecuarias y la población sufrió enfermedades dermatológicas, oftalmológicas y renales.
Se creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos financiados por la empresa para reparar daños. Pero las autoridades federales rechazaron cerrar la mina argumentando que es “el complejo cuprífero, es decir, yacimiento de cobre más grande del país y un pilar económico vital”.
Sonora es líder nacional en minería: genera 145 mil empleos y aporta 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto estatal. El Estado prefirió imponer multas y exigir indemnizaciones en lugar de clausurar operaciones. El daño persiste y la empresa incumplió gran parte de sus obligaciones.
Entonces, ¿a quién sirve el Estado?, ¿para qué Semarnat y Profepa? Dejo la pregunta a ustedes, compañeras y compañeros trabajadores.
- Dos Bocas: manglar por refinería que no refina.
En Paraíso, Tabasco, se arrasaron 300 hectáreas de manglar para construir la refinería. Semarnat autorizó después de que ¡ya habían desmontado! El Instituto Nacional de Transparencia tuvo acceso a la información y protección de datos personales e INAI confirmó que se construyó sin permiso de impacto ambiental. Prometieron refinar en 2022. Seguimos esperando.
- Calica: dinamitar la selva para exportar piedra.
En Playa del Carmen, Vulcan Materials dinamitó selva para sacar piedra caliza a Estados Unidos. 2 mil 400 hectáreas concesionadas. Profanaron cenotes y vestigios mayas. Se clausuró en 2022, pero el daño ya está hecho: acuíferos contaminados y un cráter visible desde el espacio.
- Sahuaro: la última llamada.
Ahora viene Mexico Pacific Limited con su planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora. 800 km de gasoducto desde Texas para exportar gas a Asia.
Sin autorización de Semarnat en esta administración. Cinco amparos vigentes de comunidades pesqueras. El Congreso de Baja California Sur pidió negar el permiso en marzo de 2026. Riesgo para la ballena gris, tortuga caguama y manglar del Golfo de California, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los pescadores de Baja California Sur calculan 30 por ciento menos ingresos si el Golfo se vuelve ruta marítima de gas.
Este no es otro Tren Maya. Es peor: proyecto privado, extranjero, para exportar gas que ni usaremos. Privatizamos el daño, socializamos el riesgo y regalamos el gas.
Nos dijeron que el Tren Maya sacaría de pobres al sureste. Que Dos Bocas era soberanía energética. Que el progreso valía la tala, el manglar, el arrecife. Pero la selva cayó y el ejidatario de Xpujil sigue pobre, ahora sin monte y con 10 pesos por metro cuadrado. El manglar se rellenó y el pescador de Paraíso sigue pobre, ahora con el pescado oliendo a diésel. Calica dinamitó y el guía de Playa del Carmen sigue pobre, ahora sin arrecife que venderle al turista.
El único que no empobreció fue el dueño de la empresa ya sean nacional o extranjero, o el contratista. El único que no enfermó fue el funcionario que firmó la Manifestación de Impacto Ambiental.
Marx tenía razón: el capitalismo agota la tierra y explota al trabajador. Tren Maya, Dos Bocas, Calica y Cananea nos enseñaron el costo. Sahuaro es la prueba de si aprendimos algo.
Compañeros, nosotros sabemos que el artículo 4º Constitucional no se defiende con discursos, se defiende negando permisos, se defiende organizando a la clase trabajadora.
¿Y entonces qué hacemos, compañeros? Primero: informarnos. Segundo: denunciar. Tercero: organizarnos. Porque el ecocidio no se detiene solo, y el Estado ya demostró de qué lado está cuando el capital manda, por ello es necesario y urgente el crear y formar un partido político de y para los trabajadores que realmente nos represente y, llegado el momento, tomar el poder para cambiar este sistema económico al que no le importa la clase trabajadora.
