El carácter postpago del salario
Cuauhtémoc Campos
En la legislación laboral mexicana, el salario tiene una forma esencialmente postpago: se remunera al trabajador después de haber prestado sus servicios. Esta lógica no solo es una práctica generalizada, sino que encuentra sustento en el marco normativo vigente, particularmente en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que regula los tiempos, formas y condiciones del pago salarial. Sin embargo, más allá de su regulación legal, este esquema merece una reflexión crítica sobre sus implicaciones económicas, políticas y sociales.
El artículo 82 de la ley laboral establece que el “Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”, es la contraprestación en una relación bilateral, sinalagmática (trabajo↔pago). Mientras que el artículo 88 establece que el pago debe realizarse en periodos determinados: “nunca podrán ser mayores de una semanal para las personas que desempeñen un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores”. Este diseño normativo institucionaliza el diferimiento del pago, es decir, el trabajador primero cumple con su obligación, trabaja su jornada laboral respectiva y posteriormente recibe su contraprestación, o sea su salario.
Desde una perspectiva jurídica, este esquema parece razonable (para el patrón): permite a las empresas organizar sus flujos de efectivo y administrar la nómina de manera eficiente. No obstante, desde la óptica de la vida diaria, implica que el trabajador asuma una carga financiera implícita. Durante el periodo laborado, pero aún no pagado, el trabajador ya ha generado cierto valor económico sin haber recibido ingreso alguno, lo que equivale a que el obrero otorgue un crédito sin intereses al empleador.
Esta situación se vuelve especialmente relevante en un país donde una gran parte de la población vive con ingresos ajustados o, en el peor de los casos, de escasos recursos en condiciones infrahumanas. Para muchos trabajadores, el lapso entre la prestación del servicio y el pago efectivo del salario puede traducirse en dificultades para cubrir necesidades básicas, pone en riesgo el sostenimiento mismo de sus familias. El marco legal, si bien protege el derecho a recibir el salario en tiempo y forma, no elimina la tensión inherente a este desfase.
Ahora que, como dice el artículo 2 de la ley, “Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, en un entorno libre de violencias y con respeto pleno a los derechos humanos”. Pero en este tema que nos ocupa, ¿realmente existe tal equilibrio? o ¿revela la desigualdad entre trabajador y patrón? misma que se observa cuando el trabajador anticipa su fuerza de trabajo sin garantía inmediata de pago y el patrón no arriesga capital inmediato, mientras que el trabajador sí arriesga su subsistencia.
La propia ley laboral intenta mitigar posibles abusos mediante disposiciones que buscan garantizar la certeza del pago. Por ejemplo, prohíbe la imposición de multas que reduzcan el salario y establece que éste debe pagarse directamente al trabajador en moneda de curso legal o mediante medios electrónicos autorizados; prohíbe expresamente el embargo de los salarios de los trabajadores, descuentos y retenciones; incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano de justicia en México, bajo los principios del mínimo vital, dignidad humana y seguridad económica, ha interpretado que el salario es el medio indispensable para que el trabajador y su familia satisfagan sus necesidades básicas, es por ello que, dicho organismo, indica que es el Estado quien debería proteger esta percepción para garantizar la subsistencia, limitando la facultad de los acreedores para cobrar sobre este concepto. Asimismo, contempla sanciones para el patrón que incumpla con sus obligaciones salariales. Sin embargo, estas medidas se enfocan en asegurar el pago, más no en cuestionar su temporalidad.
El trabajador financia indirectamente al empleador, ya que trabaja antes de cobrar y, por si fuera poco, el retraso o incumplimiento del pago afecta directamente la subsistencia. Se incrementa la vulnerabilidad ante muy posibles despidos injustificados antes del pago, insolvencia del patrón o prácticas abusivas. Aunque la LFT establece mecanismos de protección, como anteriormente se describieron, muchos de ellos como salarios caídos o indemnizaciones operan ex post (después del hecho), no previenen el riesgo inicial. Si un trabajador es despedido de manera injustificada, la probabilidad de que esté dispuesto a reclamar su indemnización se reduce, una vez desempleado, inmediatamente tiene que buscar trabajo para comer al siguiente día, tiene que aventurarse al peregrinar que implican los diversos procedimientos para que el obrero consiga algo, además de ser muy prolongado, resulta ser más práctico para el trabajador mejor buscar un nuevo trabajo.
En años recientes, han surgido alternativas que podrían modificar parcialmente este paradigma. Algunas empresas han implementado esquemas de pago más frecuentes o plataformas digitales que permitan a los trabajadores acceder a una parte del salario devengado antes de la fecha de corte. Aunque estas soluciones aún no están plenamente reguladas en la legislación mexicana, representan un indicio que, para la situación tan precaria de los trabajadores, resulta insuficiente, el obrero tendría que buscar mejores soluciones de cambio hacia modelos más flexibles y potencialmente más equitativos.
Parte de la solución al problema podría ser: fortalecer mecanismos de garantía (fondos de respaldo salarial), sanciones más efectivas por retraso en pagos, explorar esquemas híbridos, anticipos obligatorios, pagos más frecuentes, digitalización con mayor control o muchas más que respondan a las necesidades de la clase obrera.
No obstante, cualquier transformación en este ámbito requeriría un análisis cuidadoso, requiere la participación activa de la base trabajadora, que proponga más propuestas que se apeguen a los intereses de los mismos. Adelantar el pago del salario, así como otras opciones, no podrían generar retos administrativos, fiscales y de seguridad social, como nos los recalcan los empresarios, que sería en perjuicio de ellos; más bien, lo que el empresario realmente teme es una baja en su ganancias, aumentar los salarios, así como proponer soluciones en donde al trabajador se le resuelva este tipo de disyuntivas, a quien más le afecta es al patrón en sus ganancias, he aquí la razón por la que se niegan a solucionar esta problemática.
Por ello, los trabajadores tienen que entender que solo la unidad, la lucha en conjunto decidida, como un solo hombre con un solo ideal, puede poner freno a todas las arbitrariedades de los empresarios. Pues de seguir así, como hasta hoy, queda claro que, si seguimos permitiéndoles este tipo de concesiones a los patrones, el resultado está claro, bajo la tutela de la ley, el carácter postpago del salario en México es legal y justificado, pese a que es disfuncional y profundamente arraigado, por ello a sabiendas de que el trabajador es el más perjudicado, la legislación no cambiará.
Reconocer que este esquema implica una carga financiera para el trabajador es el primer paso para abrir el debate sobre posibles reformas, donde los trabajadores deben participar activamente y de ser necesario, enfocar su lucha a este tipo de demandas que son legítimas de los obreros. En un contexto donde la justicia laboral supuestamente es un objetivo central, repensar la temporalidad, como proponer medidas que blinden el pago del salario podría contribuir a equilibrar una relación que, desde su origen, se encuentra marcada por la asimetría.
