El asedio contra Venezuela

Ricardo Torres

El pasado 28 de julio, con una participación ordenada y masiva, se realizaron los comicios presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador a Nicolás Maduro Moros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con 6 millones 408 mil votos (52%), frente a los 5 millones 326 mil votos (43%) obtenidos por su más cercano contendiente, Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición encabezada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Semanas después, el 22 de agosto, como resultado de un exhaustivo peritaje de la información proporcionada por el CNE, por los más de mil observadores internacionales, considerando el ciberataque a gran escala que sufrió el sistema digital electoral, así como el desahogo de todas las objeciones denunciadas por los contendientes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió su inapelable veredicto en el que certificó la victoria de Nicolás Maduro. Al respecto, Caryslia Rodríguez, presidente del TSJ, informó, además, que Edmundo González fue el único de los 10 candidatos participantes que no acudió a la cita para verificar las actas electorales y presentar los elementos probatorios que sustentaran su impugnación.

No obstante, desde el mismo día de las elecciones, con base en las actas de escrutinio que hasta ese momento tenía en su poder, la antichavista María Corina Machado, dirigente de la principal fuerza opositora, declaró que González Urrutia había sido elegido como el nuevo presidente de Venezuela con el 70 por ciento de los votos a su favor, contra un 30 por ciento de votos obtenidos por Nicolás Maduro. Sin embargo, la realidad era otra: al finalizar el conteo oficial, el candidato de la ultraderecha, González Urrutia, fue derrotado.

Las actas de escrutinio referidas por Corina Machado no cumplían con la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de Venezuela: existía disparidad en los formatos de las actas, escaseaban las firmas de los representantes de las diferentes organizaciones políticas que participaron, las firmas de los integrantes de las mesas electorales aparecían duplicadas o falsificadas, presentaban tachaduras, escaneo de huellas digitales, discordancia entre el nombre y la firma suscrita por testigos y operadores de las máquinas, entre otras irregularidades que demuestran que fueron manipuladas. Seguramente la diferencia de votos entre Maduro y González (más de un millón) y la burda manipulación de miles de actas que Machado publicó en su página web no solo no les alcanzaba para revertir el triunfo de Maduro sino que los exhibiría como autores de delitos electorales cuyas sanciones penales establecidas en la ley los conducirían a prisión. Así se explica la razón por la cual Edmundo González, testaferro de Corina Machado, no solo no se presentó ante la Sala Electoral del TSJ para fundamentar, con base en la ley y con actas en mano, el “fraude” electoral que falsamente le atribuyen al gobierno de Maduro, sino que decidió salir del país solicitando asilo político en España.

Pero Corina Machado y su séquito no buscaban vencer democráticamente a Maduro, por la buena, sino que su objetivo era derrocarlo por la buena o por la mala, a como diera lugar. Por tanto, la oposición al verse derrotada puso en acción a sus guarimbas, grupos violentos de ataque, armados, motorizados y financiados por Washington y la oposición para realizar disturbios, actos vandálicos, crímenes y así crear un clima de inestabilidad social: atacaron el Palacio Presidencial de Miraflores, 10 sedes del CNE, 10 sedes del PSUV, la sede del Ministerio de Vivienda en Chacao, quemaron las alcaldías de Carirubana y Quibor, incendiaron un tren en Valencia, asaltaron un centro de salud de alta tecnología, seis centros de diagnóstico integral, seis centros de almacenamiento de alimentos y supermercados, 11 estaciones del metro destruyendo la estación de El Valle, atacaron un centro de aguas servidas en Nueva Esparta, 28 escuelas y 12 universidades, 34 centros culturales, 38 unidades de autobús, 27 monumentos, destruyeron la plaza pública de El Valle, entre otros actos delictivos, arrojando un saldo de dos soldados muertos y, hasta hace algunos días, se reportaron heridos a tres militares de alto rango, 21 elementos de tropas profesionales y 120 integrantes de la Policía Nacional Bolivariana. Una clara provocación montada por la oposición, utilizando a las guarimbas como carne de cañón, para incitar a la represión oficial y luego atribuirle el “baño de sangre” al “dictador”. Sin embrago, la población venezolana se mantuvo al margen de estas violentas manifestaciones, el Gobierno venezolano se preparó para ello y en unos cuantos días logró detener a más de 2,200 guarimberos que hoy están detenidos y sujetos a procesos penales.

La conocida estrategia diseñada, dirigida y financiada por el Gobierno norteamericano estaba en marcha: primero, se conforma un fuerte grupo de oposición que durante años debe capitalizar el descontento que inevitablemente provocan las sanciones económicas que el imperio impone unilateralmente a Venezuela para afectar severamente el bienestar de sus habitantes y crear así las condiciones para promover un cambio de gobierno; segundo, se enarbola como pretexto el reclamo de un “fraude electoral” que, como ya vimos, a pesar de carecer de fundamento legal, sirve tan solo como bandera para acusar al “dictador” de violentar la democracia venezolana; y, tercero, a través de las guarimbas, se crea un ambiente de inestabilidad social que permita entonces la abierta injerencia extranjera, disfrazada de “defensa legítima por la justicia, la democracia, la libertad y los derechos humanos”, para destituir a Maduro e imponer un nuevo gobierno al servicio del imperialismo norteamericano con el respaldo de sus países lacayos.

Pero este asedio contra Venezuela no es de ahora, comenzó en 1999 con el arribo de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República Venezolana: hecho que significó la pérdida del control que por décadas el imperialismo  mantuvo sobre esta nación. Desde entonces, no ha pasado un solo día sin que los dueños del capital, por todos los medios a su alcance, ataquen al gobierno venezolano con el propósito de recuperar el control económico y político sobre la nación bolivariana. Chávez fallece el 5 de marzo de 2013 y, por la vía democrática, Nicolás Maduro lo sustituye ganando las elecciones presidenciales en abril de ese mismo año. En mayo de 2018 se realizaron elecciones presidenciales y nuevamente Nicolás Maduro ganó con más de 5 millones de votos. El Gobierno norteamericano no solo desconoció los resultados sino que intentó asesinarlo y tras su fallido magnicidio acrecentó las sanciones económicas, comerciales y financieras contra Venezuela, destacando su control sobre la venta de petróleo de la empresa CITGO, instalada en Houston, Texas, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), congelando no solo millones de dólares de las cuentas bancarias venezolanas, sino también de sus activos en oro que se encuentran en los bancos de Gran Bretaña; hoy suman más de 900 sanciones que además de provocar pérdidas millonarias en la producción y comercio de bienes y servicios, inducen el crecimiento desmedido de la inflación y causan escasez de alimentos y medicinas. Aviesas medidas adoptadas por el imperialismo norteamericano con la intención de crear insatisfacción y descontento popular entre los venezolanos, para luego, como ahora sucede, culpar de ello al gobierno socialista de Maduro. A pesar de todo ello y luchando contracorriente, el pasado 28 de julio, el Gobierno venezolano volvió a ganarle la batalla al imperio y sus lacayos. El próximo 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro será juramentado como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Pero que nadie se engañe, en Venezuela el imperialismo norteamericano y la oposición ultraderechista no persiguen la “defensa legítima por la justicia, la democracia, la libertad y los derechos humanos” de su pueblo, sino que, en el fondo, lo que persiguen es un doble objetivo: adueñarse de la mayor reserva de petróleo que existe en el planeta, además del gas, oro, agua dulce, diamantes, coltán y demás recursos naturales que posee la nación bolivariana, y por otro lado, impedir a toda costa la creciente influencia de China y Rusia en el continente y evitar que el modelo económico socialista se propague por América Latina.

El Gobierno norteamericano (que hoy utiliza a Zelensky en Ucrania para atacar a Rusia, a Netanyahu en Israel asesinando a más de 40 mil palestinos para apoderarse de su territorio y ahora a Machado para derrocar a Maduro) reconoció de inmediato a González Urrutia como ganador de las elecciones en Venezuela, y presurosos se sumaron los gobiernos vasallos de Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú, Costa Rica, Panamá, entre otros; mientras que, por otro lado, China, Rusia, Vietnam, Bielorrusia, Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia y muchos otros países, manifestaron su franco reconocimiento al triunfo de Nicolás Maduro. De modo que vencida y desarticulada la oposición al interior de Venezuela con González Urrutia en España y los mercenarios delincuentes de las guarinbas en prisión, en lo inmediato, al imperio solo le queda presionar a los gobiernos bajo su control para que descalifiquen el triunfo del chavismo, endurecer las medidas económicas contra Venezuela y desplegar su poderosísima maquinaria mediática para engañar a la opinión pública, erigirse en juez electoral del planeta y, desde el exterior, intentar someter a Maduro.

Como vemos, el futuro de Venezuela no atañe solo a esa nación, sino al mundo entero. Los intereses que están en juego nos muestran que existe una intensa lucha por definir el nuevo orden mundial: la visión multipolar encabezada por China y Rusia, a través de los BRICS, poco a poco le va ganando terreno a la política unipolar impuesta desde hace décadas por Estados Unidos. En este marco, Venezuela no solo se incorporará pronto al proyecto multipolar de los BRICS, sino que da un paso adelante y apuesta su futuro por la construcción de un socialismo ajustándose a sus condiciones y características propias.

Expuesta así, grosso modo, la situación que se vive en Venezuela, los trabajadores de México debemos tener claro que el gobierno socialista de Venezuela ha sido asediado por el imperio norteamericano durante 25 años; que, conforme a la Constitución venezolana, sus instituciones jurídicas y electorales, Nicolás Maduro es el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025 – 2030 por elección directa y mayoritaria de su pueblo; que el Gobierno venezolano, pese a los ataques permanentes y calumniosos de la clase empresarial y financiera del mundo, es un Gobierno revolucionario que trabaja en favor de sus gobernados; que, a pesar de sus errores y desaciertos, es un Gobierno que no está al servicio del capital ni es sumiso a las órdenes del imperio; y que Venezuela es una nación independiente que, como el resto de los países del mundo, merece y exige respeto a su soberanía.