Rosa Espinoza
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica acusó de lavado de dinero a tres instituciones financieras con sede en México, identificadas como CI Banco, S.A. (CI Banco), Intercam Banco S.A. (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector); señaló que dichas instituciones realizaron transacciones financieras con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con el Cartel de los Beltrán Leyva, relacionadas con el tráfico de fentanilo, específicamente señala a Vector de participar directamente en transacciones de un negocio controlado por Genaro García Luna. La respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido la de minimizar el suceso al señalar que no hay pruebas de esa acusación, además que son instituciones muy pequeñas. No obstante, como medida inmediata, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención financiera a dichas instituciones hasta en tanto se resuelva la controversia y se aporten las pruebas relacionadas con dicha acusación.
Ante este hecho, algunas empresas han comenzado a tomar medidas, como es el caso de la empresa multinacional de pagos VISA que decidió cancelar todas las transacciones internacionales realizadas con las tarjetas de CI Banco; otro tanto sucede con los fideicomisos mexicanos de inversión de bienes raíces Fibra Inn y Terrafina que decidieron unilateralmente sustituir a CI Banco como fiduciario, entre otras empresas que les van siguiendo los pasos, como el caso de Fibra Shop y Fibra Macquarie, que son fideicomisos mexicanos creados para adquirir, desarrollar y administrar centros comerciales e inmuebles industriales, entre otros.
Por otra parte, existen varios fideicomisos públicos que tienen como fiduciarios a CI Banco e Intercam; por ejemplo, el fideicomiso de los becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); el fideicomiso del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) que utiliza el Fideicomiso de Inversión y Administración de Primas de Antigüedad de los Trabajadores y el Fideicomiso de Administración e Inversión para la Pensión de los Trabajadores; o el Fibra E, que es el Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pero, a pesar de que otros fideicomisos han decidido sustituir a los bancos fiduciarios CI Banco e Intercam, estos fideicomisos gubernamentales se mantienen en el mismo esquema, con el mismo fiduciario, amparados en las consideraciones de que “no hay peligro”, que se puede seguir operando con ellos pues la Asociación de Bancos de México (ABM) declaró que los fondos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y que no hay riesgo “sistémico” que afecte al sistema financiero mexicano.
Lo cierto es que, a pesar de la posición del Gobierno federal, la acusación de Estados Unidos a estos tres bancos tiene al sistema financiero mexicano en alerta, cuando menos en lo que se refiere a las empresas involucradas con estos fideicomisos. Pero lo que más llama la atención es lo que este suceso deja traslucir a todo el pueblo de México, al pueblo pobre que no maneja ni millones ni billones de pesos, que no tiene cuentas bancarias con sumas fabulosas.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador, agitando su pañuelo blanco, se jactaba de que había acabado con la corrupción, de que con el crimen organizado lo que funcionaba era su lema de “abrazos no balazos”, pero los recientes acontecimientos demuestran que no se acabó con la corrupción en el gobierno ni se acabó con el crimen organizado: por el contrario, los hechos revelan que, entre el gobierno y el crimen organizado, se han realizado acuerdos financieros al más alto nivel.
Vector Casa de Bolsa, es una de las instituciones señaladas de tener transacciones con el crimen organizado, es una empresa cuyo accionista principal es el señor Alfonso Romo Garza, quien fuera jefe de la oficina de la presidencia del entonces presidente AMLO y quien acompañara al político tabasqueño como enlace con el empresariado mexicano desde 2018. Vector Casa de Bolsa es una empresa que, según Estados Unidos, tiene pruebas de su relación con los cárteles mexicanos, un hecho que se suma a la andanada de acusaciones del vecino del norte de que en nuestro país los cárteles se enquistaron en el poder político; acusaciones muy graves, que ponen en riesgo no sólo la estabilidad del sistema financiero mexicano sino la estabilidad misma del sistema económico y político del país. Se está desplomando la credibilidad en el gobierno de la 4T que tanto ha pregonado su combate a la corrupción y sus logros en materia de seguridad. Y esto seguro sólo es la punta del iceberg.
La acusación a estos bancos de estar involucrados con el crimen organizado, se suma a todos los ataques que ha venido haciendo Estados Unidos al gobierno mexicano y al país entero, es parte de la latente amenaza de invasión a nuestro territorio para, según dicen ellos, proceder contra los cárteles mexicanos. Así se explica que el Gobierno norteamericano nos incluya en su lista de países peligrosos; y la tibia respuesta de la presidenta de la república también nos debe poner en alerta a todos los mexicanos.
La clase trabajadora mexicana debe ver tras de estos sucesos la verdadera naturaleza del proyecto de nación que ha propuesto la 4T, que no es otra cosa que la misma clase política protegiendo los intereses de los dueños del dinero que, por décadas, han detentado el poder económico de nuestro país.
La clase trabajadora mexicana debe darse cuenta que sigue pendiente la formación de un verdadero partido político de la clase obrera que tome en sus manos las riendas de la nación; la única clase capaz de eliminar la corrupción, el crimen organizado y demás lacras sociales que nos afectan; la única clase capaz de defender en serio nuestra soberanía nacional frente a los siniestros intereses del imperio norteamericano.
