Francisco Roca
Una investigación efectuada en México hace algunos unos años por el Dr. Pablo Gutiérrez Castorena, docente adscrito a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, reveló con datos duros y veraces la manera en que el gobierno de las entidades de nuestro país establecieron un método para impedir la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y cómo frenar el interés de los trabajadores para ejercer su libertad para sindicalizarse y negociar prestaciones por medio de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); el aparato gubernamental justificó las citadas operaciones en aras de contribuir a la estabilidad de la entidad, pero, además, la actitud mostrada por los entrevistados evidenció la intención de beneficiarse personalmente y buscar la recompensa generada por el beneplácito de los empresarios.
Mediante entrevistas directas a un dirigente de una Confederación de Trabajadores, al Subsecretario de Desarrollo Económico del Estado (SEDEC Aguascalientes), al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a algunos abogados litigantes, además de las declaraciones públicas de los mismos, pudo establecer, según afirmaciones de los propios funcionarios y líderes sindicales implicados, que dichos actores estaban convencidos de actuar de manera correcta; que se habían dedicado a construir una política pública de “paz social y laboral”. Estos personajes, sin culpa, declararon que, mediante complicidad corporativa entre gobierno, empresarios y algunas centrales obreras, tenían el objetivo de beneficiar a la sociedad; se trataba de evitar huelgas para atraer inversión extranjera y tener fuentes de empleo. Pero todo ello por medio del control obrero y a costa de los derechos laborales.
El entonces subsecretario de Desarrollo Económico (SEDEC) aportó en su testimonio que “la paz laboral es una construcción deliberada del Estado y no un rasgo espontáneo de la cultura local”, reconoció la existencia de un organismo autodenominado «Comité de Contingencia», describió cómo, ante cualquier conflicto empresarial, por ejemplo, impago al Infonavit o al Seguro Social, se activaba ese Comité integrado por Infonavit, IMSS, centrales obreras, SEDEC y Secretaría de Gobierno, cuyo fin explícito era evitar que el conflicto escalara a un problema social que generara protestas públicas o movilizaciones. Admite que el suyo es un «gobierno pro-negocios» y afirma que la «alta disponibilidad» del gobierno hacia las empresas, citando a “Michael Porte”, es un factor premeditado de competitividad, informando que esta política industrial inició hacia principios de los años 80 en México.
En su entrevista describe cómo, durante las crisis financieras, el gobierno estatal y federal subsidiaron directamente los «paros técnicos» de la empresa Nissan, donde se redujo la jornada y el salario, con aportaciones de varios millones de pesos, a cambio de que el sindicato aceptara la flexibilización salarial sin oponerse. Este caso es citado por el autor como prueba de que el Estado interviene para evitar conflictos. Su testimonio evidencia claramente el contubernio entre la política económica y el control obrero.
Por otro lado, el entonces líder de la CROM en Aguascalientes, ante su inconformidad, reveló la existencia de un pacto entre el gobierno, industriales y la central obrera a la que pertenecía, pero denunciaba que no lo cumplían, que el actuar de éstos iba en detrimento de los sindicatos aliados, que las empresas ni siquiera asistían a las audiencias y se burlaban del pacto. Ocurrió que en una reunión corporativa con el gobernador de Aguascalientes reclamó abiertamente que el gobierno permitía que sindicatos externos registraran CCT de empresas recién instaladas, violando el pacto informal que reservaba ese «mercado» a las centrales obreras locales.
También en su entrevista describe que todo lo que ocurría en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se sabía inmediatamente en la Secretaría de Desarrollo Económico, demostrando que la autonomía de la JLCA era ficticia y que la repartición de titularidades de CCT se decidía de forma coordinada y discrecional desde el gobierno. Narra que “cuando un sindicato emplazaba a huelga, los empresarios, sabiendo que ‘no va a pasar nada’ nunca atienden el asunto, ni siquiera asisten ante las autoridades y, para cuando el procedimiento avanzaba, la obra ya habrá terminado”.
Según el autor de la investigación, el Dr. Pablo Gutiérrez Castorena, el control obrero se opera por la vía institucional, pero el área empresarial tiene la certeza de impunidad.
En esta investigación remata el testimonio del entonces presidente de la JLCA con aquella frase célebre: «Más vale un mal arreglo que un buen pleito», declaración que el autor interpreta como evidencia de que la función «conciliadora» de la JLCA en realidad opera sistemáticamente a favor de la parte patronal, presionando a los trabajadores a ceder antes que a litigar. Declara que, tratándose de emplazamientos a huelga, «el 100% de los asuntos se arreglan a través de la conciliación» ninguna huelga colectiva ha llegado a estallar bajo su gestión.
Los abogados consultados evidenciaron prácticas de control sobre los trabajadores, como las siguientes: obstrucción del registro de sindicatos, declaración de incompetencia de la autoridad para no resolver y alargar el procedimiento, objetar constantemente los estatutos o el quórum, retrasar indefinidamente la resolución hasta que el trámite caduque por negativa ficta, entre otras. El ejemplo más ilustrativo que ahí se denuncia es el de un sindicato que llevaba 15 años solicitando su registro sin obtenerlo.
Por otro lado, los sindicatos afines al pacto corporativo firmaban CCT con la empresa sin que los trabajadores lo supieran, contratos de protección por los que los líderes sindicales recibían «igualas» o “pagos mensuales”. Los conflictos colectivos, demandas de titularidad o emplazamientos a huelga se resolvían «políticamente». La Secretaría General de Gobierno intervenía directamente, citaba a las partes y las presionaba para que no estallara ningún conflicto.
El Dr. Pablo Gutiérrez Castorena concluye lo siguiente: “La estabilidad laboral no es otra cosa que el resultado de un contubernio corporativo histórico construido por los empresarios en su momento al frente del poder. Este último hecho llevó a los gobiernos proempresariales de la entidad a concebir y practicar nuevas formas de relación con los sindicatos en función de la productividad en las empresas; etapa conocida como la de nueva cultura laboral, donde trabajadores y sindicatos debían asumir posturas productivistas, borrando cualquier práctica laboral que la entorpeciera. De este modo, el Estado político pudo construir todo un aparato de Estado dirigido a contener al movimiento obrero, por un lado; y este control obrero se utilizó como promotor del desarrollo de la región”.
Lo anterior debe servir para ilustrarnos y saber que un sindicato que en verdad pretenda luchar por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores debe buscar conformar un organismo nacional para hacer frente a los atropellos del Gobierno; debemos considerar y hacer conciencia de que los derechos que se nos otorgan en la ley son manipulados por los dueños del capital y sus gobiernos. Que en realidad el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley.
Fuente original: Gutiérrez Castorena, Pablo. «Política Pública de Control Obrero y Desarrollo Industrial en Aguascalientes, México». Universidad Autónoma de Aguascalientes.
