Carlos Sarabia
“La Corte del Pueblo” se convirtió en el eslogan de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la idea era, según sus promotores, deshacerse de la imagen de una justicia que operaba alejada del pueblo.
La primera sesión pública de trabajo del nuevo Pleno de la SCJN fue el 11 de septiembre de 2025 y Hugo Aguilar Ortiz, presidente de esta Nueva Corte, comenzó hablando en mixteco, luciendo una toga decorada con distintivos indígenas. Ya para el 26 de febrero de este año, el Pleno celebró su primera sesión extraordinaria en Tenejapa, Chiapas. El tema central fue el amparo de la comunidad Tsotsil “La Candelaria” para que se reconociera su autogobierno en las leyes estatales. Esto como muestra de la justicia acercándose a la gente, aunque sabemos que una buena foto no resuelve un expediente.
Ya para entonces, la narrativa de cambio se venía poniendo en duda por los escándalos como el de diciembre de 2025, cuando el Órgano de Administración Judicial (OAJ) reportó la compra de 571 vehículos por 252 millones de pesos para la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el propio OAJ. De los cuales se destinaron nueve camionetas a los ministros. Cuando las críticas comenzaron a surgir, anunciaron que no utilizarían estos vehículos, pero el dinero ya se había gastado.
Morena presentó la reforma constitucional al Poder Judicial como el fin de los “privilegios”, y cuando la Nueva Corte comienza a incurrir en estos gastos, la gente no se pone a revisar finanzas; lo que busca es coherencia. Y esto se reflejó ya en enero de este 2026, pues datos publicados por “México Elige”, reflejan que un 62.4 por ciento desaprueba a los nuevos ministros, mientras que solo un 12.7 por ciento los aprueba, y para un Tribunal que se jacta de su legitimidad en las urnas, esto representa un inicio complicado.
Es cierto que los ministros ganan menos que antes. Su salario es de 191 mil 656 pesos brutos al mes, lo que se traduce en 137 mil 582 pesos netos. Para ponerlo en perspectiva la presidenta Sheinbaum recibe 191 mil 846 pesos brutos y 133 mil 332 pesos netos, por lo que en términos brutos, los ministros ganan 190 pesos menos que ella, pero en neto se llevan 4 mil 250 pesos más al mes. La diferencia radica en el gasto total; pues el presupuesto de 2026 que dejó el Pleno anterior es de 5 mil 869 millones de pesos, un 8.1 por ciento más en términos reales que en 2025, por lo que el 11 de septiembre, ya con la Nueva Corte, solicitaron al Órgano de Administración Judicial que recortara el presupuesto y abriera un diálogo con los Diputados. Pero, aunque se bajaron su sueldo, heredaron un aparato más costoso, lo que deja la promesa de austeridad en el aire.
Ahora bien, el discurso oficial se contradice ya que el voto no logró una representación efectiva. Primero, la boleta fue el resultado de un filtro político. Para ser candidato, se tuvo que pasar por comités del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El ciudadano votó, pero lo hizo eligiendo de una lista limitada por el poder. Esto explica por qué tres ministras repiten: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf, todas con trayectorias ligadas a la 4T; y, por otro lado, por qué María Estela Ríos, exconsejera jurídica de López Obrador, tiene un lugar en la Nueva Corte.
En segundo lugar, la participación fue baja. Solo votó cerca del 13 por ciento del padrón; fue una elección de estructuras, no de ciudadanía. Ganaron aquellos que contaban con medios y dinero para la campaña. El voto se definió por afinidad política.
Por último, votar por ministros no facilitó el acceso a la Suprema Corte. Hoy en día, no hay un solo caso de obreros, madres buscadoras o campesinos que haya llegado al Pleno gracias a la prometida “cercanía”. Además, los grandes temas que resuelve la SCJN, como la prisión preventiva oficiosa, el valor de las UMAs o las consultas populares, ya estaban en la agenda antes de la elección. Actualmente, los ministros tienen más diálogo con gobernadores y líderes empresariales que con colectivos sociales. El ciudadano sin recursos sigue excluido del proceso.
El patrón a favor de la 4T es fácil de notar, o al menos eso es lo que opinan medios como “El Universal” y “El Imparcial”. El 21 de enero de 2026, reportaron que la Nueva Corte, desde septiembre de 2025, ha resuelto casos importantes que respaldan las reformas y decretos de López Obrador y Morena. Cómo ejemplos están: 1. El 25 de septiembre de 2025 se revocó un amparo contra la Ley Minera de 2023 y se validó el desecho de solicitudes de concesiones en trámite; 2. El 17 de septiembre de 2025, la SCJN invalidó artículos de la ley de ingresos de municipios de Coahuila que cobraban licencias a CFE y Pemex, argumentando que es una facultad exclusiva de la Federación; 3. Aún está pendiente la resolución sobre la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ordenó su eliminación, pero el Pleno aún no ha votado sobre el tema. Mientras tanto, más de 100 mil personas siguen en prisión sin condena, a pesar de que en mayo y junio de 2025, la Presidencia solicitó aplazar el debate para que lo resolviera esta Nueva Corte; 4. El 6 de noviembre de 2025, el Pleno rechazó la propuesta de Hugo Aguilar para revisar el voto de calidad de 2024 que otorgó el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO, cerrando así la puerta a revertir ese fallo.
Aguilar dijo: “si vuelven a las prácticas de antes, no habrá cambio”. Tiene razón, pero el cambio real no está en sesionar en provincia ni en usar lengua originaria para la foto. Está en que cualquier persona pueda acceder a la justicia sin arriesgar su patrimonio y que las leyes no estén pensadas solo en castigar la organización popular y atacar a opositores.
Hoy existe una Suprema Corte que dice hablar en nombre del pueblo, pero sus primeras sentencias solo han validado reformas clave en favor de la 4T: avaló la Ley Minera, blindó el control federal sobre energía y mantiene pendiente la prisión preventiva oficiosa que afecta a más de 100 mil personas sin sentencia. Hubo voto, sí, pero representar y responder son cosas distintas, y hablando esencialmente de eso, a siete meses de instalada “La corte del pueblo”, la silla sigue vacía.
