Acerca de la reducción de la jornada laboral
Carlos Flores
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Recomendación 116 emitida desde 1962, ha promovido la reducción de la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales, instado a los países a avanzar hacia este objetivo, argumentando que jornadas laborales más cortas tienden a mejorar la productividad, reducir el estrés laboral y fomentar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores.
Sin embargo, desde hace tiempo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha informado que México es el país miembro de dicho organismo donde el trabajador destina más tiempo a la actividad laboral: actualmente un tercio de los trabajadores labora 52 horas a la semana, pese a que, superar las 48 horas, incrementa los accidentes de trabajo, aumenta el riesgo de agotamiento, ansiedad y depresión y reduce la esperanza de vida.
En este sentido, en 2023, el gobierno morenista promovió una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución, con el objetivo de reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Sin embargo, se trató solo de un espejismo ya que dicha iniciativa quedó congelada hasta no ser aprobada por la clase empresarial.
En este marco y con el consentimiento de la representación empresarial del país, el pasado 3 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la esperada reforma al artículo 123 constitucional que establece una jornada laboral de 40 horas semanales. Con ello, según se afirma en la iniciativa, se dispondrá de más tiempo para la familia, el descanso y la vida personal. No obstante, a pesar de que el discurso oficial celebra un “avance histórico”, los hechos nos revelan una realidad distinta.
La medida no será inmediata. En 2026 no habrá modificación alguna, la jornada seguirá siendo de 48 horas y disminuirá un par de horas cada año hasta llegar a las 40 horas en 2030, al final de la década. De modo que el derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo seguirá como hasta ahora, sin cambios. En los hechos, la reforma no es una conquista de la lucha organizada de los trabajadores, sino una promesa diferida del gobierno morenista para ganar futuros votos pero que deja intacta la estructura de explotación durante cuatro años más.
Algunos especialistas han señalado que la reforma es tardía, insuficiente y hasta engañosa por su gradualidad. Y es que la aplicación lenta y pausada de la reforma no es un mero tecnicismo: es la forma que encontró el poder empresarial para desactivar cualquier cambio sustancial mientras se mantiene la imagen de que “algo se está haciendo”.
Por otro lado, hay que tener claro que la mayoría de los trabajadores en México laboran en la economía informal. Según datos del INEGI de 2025, 27.2 millones tienen empleo formal y 33 millones laboran en la informalidad, lo que equivale al 55.4% de la población ocupada que trabaja en condiciones precarias: sin contrato, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin seguridad social, sin estabilidad en el empleo, sin prestación alguna. Para estos 33 millones, la reforma es letra muerta: no existe jornada máxima que valga cuando no hay relación laboral reconocida.
La creciente economía informal —a la que se ven arrojados millones de trabajadores— es muy común en el comercio minorista, la maquila, el trabajo digital, la construcción, la agricultura de temporal, el trabajo doméstico, el turismo y los pequeños negocios no registrados. No se trata de una “opción de empleo” ni de una “anormalidad temporal”, sino la consecuencia natural y obligada del sistema capitalista que precariza el trabajo para abaratar costos.
En algunos estados de la república los porcentajes de informalidad son alarmantes: Oaxaca con 80.1%, Guerrero con 77.2%, Chiapas con 77%. En esta región la reforma no tendrá impacto alguno. Todo esto ocurre a pesar de que en el sexenio pasado se dijo que se iba a desarrollar el sureste del país. Durante los gobiernos de la autodenominada “Cuarta Transformación”, el empleo informal lejos de disminuir está creciendo aceleradamente. Allí donde más se necesita una protección laboral real, la reforma es un espejismo.
Para entender qué pasará con la jornada laboral debemos analizarla dentro del contexto en que se presenta —en especial— con relación con al salario que percibe la mayoría de los trabajadores. Es cierto que ha aumentado el salario mínimo, pero no lo suficiente. Según estadísticas del INEGI de 2025, el 63.9% de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria (productos esenciales para la nutrición) más la canasta no alimentaria (bienes y servicios indispensables para la vida diaria: higiene personal, limpieza del hogar, salud, transporte, educación y vestimenta). Es decir, casi dos de cada tres mexicanos no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Este es el México real, no el que nos pinta la propaganda oficial. La jornada de 40 horas solo será un derecho efectivo para quien pueda vivir con lo que gana en ese tiempo; pero para la mayoría de los trabajadores, la necesidad los obligará a seguir laborando más tiempo para obtener un poco más de ingresos. La pobreza determina la calidad de vida e impone sus propias normas.
Esto va a provocar —como ya viene sucediendo— que muchos trabajadores completen su gasto familiar trabajando cotidianamente horas extras, en jornadas de 10, 12 o más horas (sin contar las horas diarias que en las principales ciudades se utilizan en el transporte). La propia reforma admite que la jornada de 40 horas pueda aumentarse con 12 horas de tiempo extraordinario a la semana, sin que se rebasen las 12 horas por día. La reducción nominal de la jornada, sin un salario digno de por medio, se traduce en más horas extras o en la multiplicación de los empleos informales.
Aquello de que el trabajo extraordinario es voluntario es “romanticismo vacío”. Cuando a un patrón le interese obligar a los trabajadores, podrá amenazarlos con el despido; les dicen: “si no quieres el trabajo, ahí está la puerta”. Y lo que es todavía más revelador: muchos trabajadores son quienes andan pidiendo de favor que les den horas extras para poder enfrentar algunas necesidades urgentes de la familia. Así, la “voluntariedad” se convierte en una justificación para que el patrón traslade al trabajador la responsabilidad de su propia sobreexplotación.
Por la misma razón, la reforma solo contempla un día de descanso obligatorio a la semana, con el cuento de que el trabajador y el patrón decidirán de común acuerdo la distribución de las 40 horas semanales. ¿Alguien ignora que al interior de la empresa es el patrón o sus representantes quienes mandan e imponen sus reglas? Al trabajador se le obliga a gastar su tiempo y su dinero para comida y transporte asistiendo seis días a la fábrica si así le conviene al patrón. Basta de mentiras: el supuesto “acuerdo mutuo” reproduce la misma lógica de sometimiento.
La aplicación gradual de la reforma fue impuesta por los empresarios y aceptada por el gobierno con el argumento de proteger la economía de los patrones: se les dio tiempo para hacer los ajustes necesarios, esto es, para introducir tecnología que intensifique el trabajo, de modo que el trabajador produzca más en menos tiempo a costa de un mayor desgaste físico y mental. Cabría preguntarse, entonces, si acaso no habría que proteger también la economía de los obreros.
Aún más, las modificaciones legales no siempre se cumplen. El propio artículo 123 constitucional comienza afirmando que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, un derecho que se viola a diario para millones de mexicanos. Por tanto, la única manera que tenemos los trabajadores de exigir el cumplimiento de la ley es mediante la formación de auténticas organizaciones obreras y su lucha consecuente. Sacudámonos, pues, a los “líderes charros” que están al servicio de los patrones. No debemos esperar que nuestra situación mejore a partir de las dádivas de los poderosos y su gobierno. En la defensa de nuestros intereses, los trabajadores solo tenemos una alternativa: unirnos, organizarnos y luchar incansablemente en defensa de nuestros derechos laborales.
