Jornada laboral de 40 horas: cuando el poder se apropia de una lucha obrera
Renata Aguilar
El pasado 3 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas. El partido en el poder comenzó a abanderar la reforma desde 2023; sin embargo, en su momento hizo a un lado la iniciativa y es hasta ahora que se ha decretado -hay que enfatizarlo-, de la mano del partido oficialista y el sector empresarial. Sin embargo, no debemos olvidar que la lucha por la disminución de la jornada laboral es una demanda histórica que la clase obrera ha enarbolado, de la que ahora se han apropiado sectores ajenos a ella. De ahí que no podamos esperar beneficios duraderos de una reforma legal que no tiene como principio la movilización de la base trabajadora.
Esta reforma laboral prometía ser, para algunos, una de las más progresivas en materia de derechos laborales en nuestro país; en la realidad ha quedado mucho a deber. Esto no debería ser sorpresa para quienes se dicen de izquierda, sino más bien un resultado esperable de una iniciativa de ley impuesta desde arriba.
Las reformas laborales promovidas desde el poder suelen presentarse como conquistas sociales, pero cuando no son el resultado de la lucha organizada de la clase trabajadora, suelen funcionar para ganar popularidad electoral como lo ha hecho Morena en distintos rubros. Asimismo, si vemos el fenómeno desde los intereses del capital, las medidas bajo el amparo del poder han servido como mecanismos para reorganizar el trabajo en beneficio del capital. Veamos.
La reforma no contempla dos días de descanso, como cabría esperar de una política cuya motivación fuera el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Además, la reducción será de manera gradual y no inmediata, lo que da tiempo a los empresarios para adecuar sus estrategias y recuperar por otras vías el tiempo de trabajo que, en teoría, se reduce. Por último, el aumento de las horas extra que pueden laborar los trabajadores y el esquema de pago correspondiente son un golpe velado.
En la legislación anterior se contemplaban hasta 9 horas extraordinarias, las cuales deberían pagarse con un 100 por ciento más del salario. Las horas extraordinarias que superaran las 9 se pagarían con un 200 por ciento adicional.
La reforma actual eleva de 9 a 12 las horas extraordinarias que se pagarán con un 100 por ciento adicional sobre el salario. La prolongación del tiempo extraordinario que supere las 12 horas deberá pagarse con un 200 por ciento adicional.
Esto quiere decir que la reforma que se nos presenta como un avance en la reducción del tiempo de trabajo en realidad abarata para el capitalista la prolongación de la jornada laboral. Además, al concluir la gradualidad de la reforma en 2030, el empresario probablemente ya habrá compensado mediante otros mecanismos.
Ahora, otro aspecto esencial a considerar es que la reforma “beneficiaría” a menos de la mitad de la población, ya que el 55 por ciento de los trabajadores se encuentra en la informalidad. En este sentido ¿es únicamente la disminución de la jornada laboral lo que debemos estar discutiendo? Claramente no.
La reforma laboral actual presenta varios aspectos cuestionables: desde la falta de un esquema que garantice su aplicación hasta el cambio del concepto de patrón por el de persona empleadora, así como el supuesto registro electrónico de la jornada laboral agregado en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que podría servir más para reforzar la disciplina laboral que para contabilizar el tiempo de la jornada de trabajo, como se propone. Pues los trabajadores podrían checar el tiempo efectivo, pero no el tiempo disponible que en la práctica les exigen. Finalmente, la modificación constitucional presenta poca claridad respecto a cómo se distribuirán las 40 horas en la semana; recordemos que todo resquicio legal siempre es aprovechado por el capital para imponer sus intereses.
Debido a este escenario poco favorable para los trabajadores, conviene, desde el movimiento obrero, asumir una posición autocrítica sobre nuestra propia fuerza. Lamentablemente, en estos momentos estamos incapacitados para imponer nuestra propia agenda sindical. Si bien ha habido algunas organizaciones independientes como el Frente Obrero por las Cuarenta Horas que han participado de manera activa, esto ha sido insuficiente.
Los ya conocidos sindicatos charros como los de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, estuvieron presentes en los foros de discusión de la reforma. Su participación se limitó prácticamente a hacer acto de presencia, sin cuestionar los aspectos centrales de la iniciativa. No podía esperarse otra cosa de organizaciones que durante décadas han servido a los intereses del capital y el Estado.
Ha quedado claro que el movimiento obrero mexicano se encuentra desarticulado, que los pocos sindicatos que se dicen independientes se han puesto del lado de los charros, hoy alineados con Morena, que han optado por desmovilizar a la clase trabajadora.
La disminución de la jornada laboral ha sido históricamente una conquista del movimiento obrero. La reducción a ocho horas y su incorporación en la Constitución de 1917 fue uno de los logros más importantes de la Revolución mexicana. No fue una concesión ni una dádiva patronal: fue el resultado de años de lucha e incluso del derramamiento de sangre obrera en huelgas como las de Cananea y Río Blanco.
Ahora nos dicen: ya se decretó la reforma laboral de 40 horas, entonces, ¿ya todos tranquilos? No, compañeros trabajadores. La imposición de esta reforma tramposa debe ser una lección para el movimiento obrero, que necesita retomar la idea de Friedrich Engels y de Vladimir Lenin de concebir a los sindicatos como verdaderas escuelas de adiestramiento en la lucha obrera. Recuperar los sindicatos y volver a levantar nuestras propias banderas y nuestras propias luchas es una tarea urgente.
