Jaime Reyes
Cada año, con la llegada de la temporada de lluvias, millones de trabajadores en México enfrentan una realidad que pocas veces aparece en las estadísticas oficiales. Mientras las autoridades presentan informes sobre pronósticos meteorológicos y anuncian operativos preventivos, quienes viven de un salario mínimo son los que terminan absorbiendo el mayor costo económico de las inundaciones, el caos vial y la falta de infraestructura. Las lluvias dejan de ser únicamente un fenómeno natural para convertirse en un problema que golpea directamente el bolsillo de la clase trabajadora.
Para este 2026, el servicio meteorológico nacional y la Comisión Nacional del Agua han pronosticado una temporada de lluvias intensas en buena parte del país, favorecidas por ondas tropicales. Estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán figuran entre las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes e incluso extraordinarias durante varios periodos del año. Además, las autoridades prevén una temporada activa de ciclones tropicales tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.
Sin embargo, detrás de estos pronósticos existe una realidad cotidiana que viven millones de trabajadores. La gran mayoría no tiene la posibilidad de quedarse en casa cuando una tormenta paraliza la ciudad, aunque las calles estén inundadas, el transporte público funcione con retrasos o algunas vialidades permanezcan cerradas, los trabajadores deben salir a cumplir con su jornada laboral ya que faltar significa perder parte de su salario, recibir descuentos o exponerse a sanciones.
El primer golpe al bolsillo comienza desde muy temprano. En condiciones normales, un trabajador destina una cantidad determinada de dinero y tiempo para trasladarse a su centro de trabajo, pero cuando las lluvias provocan inundaciones el gasto aumenta considerablemente, el transporte público modifica su ruta, el servicio se vuelve más lento, saturado y miles de personas terminan utilizando taxis, aplicaciones de transporte y otros medios de traslado para poder llegar a tiempo, lo que normalmente representa un gasto moderado puede duplicarse o incluso triplicarse durante un solo día de lluvias intensas y a ello se suma el tiempo perdido.
En las grandes ciudades una lluvia intensa puede convertir un trayecto de una hora en un recorrido de dos o tres horas, ese tiempo adicional significa menos descanso, menos convivencia familiar, un mayor desgaste físico y emocional. Los gastos continúan durante toda la jornada, la ropa mojada obliga a muchos trabajadores a comprar un cambio de ropa, impermeables, paraguas y calzado resistente al agua, quienes trabajan en fábricas, talleres, comercios o en la vía pública saben que un par de zapatos puede deteriorarse rápidamente después de varios días caminando entre charcos y calles inundadas. Para una familia que vive con ingresos limitados, sustituir calzado o uniformes representa un gasto extraordinario que no estaba contemplado.
Los trabajadores que desempeñan actividades al aire libre enfrentan una situación todavía más complicada: albañiles, repartidores, trabajadores agrícolas, personal de limpieza, vendedores ambulantes, mensajeros y operadores de servicios públicos permanecen expuestos a lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes vientos y superficies el mal estado; en muchos casos continúan trabajando porque su ingreso depende del número de horas laboradas o de las ventas realizadas durante el día. Suspender actividades simplemente significa dejar de ganar dinero.
Las lluvias también generan gastos indirectos que rara vez se contabilizan, cuando una persona permanece varias horas con la ropa mojada aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, infecciones o complicaciones de salud que obligan a gastar en consultas médicas y medicamentos, además, si debe faltar al trabajo por enfermedad, el impacto económico se multiplica porque disminuyen sus ingresos mientras aumentan sus gastos familiares.
Las inundaciones también afectan a quienes utilizan motocicletas y automóviles para trabajar, repartidores, conductores y pequeños comerciantes enfrentan averías mecánicas provocadas por el ingreso de agua al motor, daños en el sistema eléctrico, ponchaduras por baches ocultos bajo el agua o pérdidas ocasionadas por accidentes viales. Las reparaciones representan miles de pesos que muchas familias no pueden cubrir sin endeudarse.
El problema se agrava porque muchas ciudades siguen padeciendo deficiencias históricas en sus sistemas de drenaje, cada temporada se repiten las mismas inundaciones, las mismas vialidades cerradas y los mismos problemas de movilidad, aunque se han anunciado inversiones y programas preventivos, nada se ha hecho para dar una solución a este problema.
Esta situación resulta especialmente injusta para quienes perciben salarios bajos, mientras una persona con mayores ingresos puede trabajar desde casa, modificar horarios o utilizar transporte privado, millones de obreros, empleados, trabajadores de limpieza, personal de seguridad, repartidores y comerciantes informales no cuentan con esas alternativas, ellos deben de salir diariamente sin importar las condiciones climáticas, asumiendo mayores riesgos y mayores gastos para conservar su empleo.
Los trabajadores informales enfrentan un escenario aún más difícil: si una tormenta impide instalar un puesto ambulante, vender en la calle o realizar entregas, ese día simplemente no hay ingresos. No existe un salario garantizado, incapacidad pagada ni compensación por las pérdidas ocasionadas por el clima.
Las lluvias también afectan la economía familiar de otra manera: aumentan el consumo de energía eléctrica y gas, se necesita preparar alimentos calientes y mantener el hogar en condiciones adecuadas, son pequeños gastos, pero constantes durante varios meses que terminan presionando aún más el presupuesto de los hogares trabajadores.
Frente a esta realidad resulta indispensable fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar el mantenimiento de drenajes y alcantarillas, implementar protocolos laborales para proteger a quienes deben trabajar durante fenómenos meteorológicos extremos y garantizar que los trabajadores no sean castigados económicamente por retrasos derivados de contingencias climáticas fuera de su control.
Las lluvias forman parte del ciclo natural del país y no pueden evitarse, lo que si puede cambiar es la manera en que la sociedad protege a quienes sostienen diariamente la economía nacional. Mientras millones de trabajadores sigan pagando de su bolsillo el costo de una infraestructura insuficiente, cada tormenta continuará representando no solo un fenómeno meteorológico, sino también un nuevo golpe a la economía de las familias trabajadoras.
